¿Por qué el crimen organizado atenta contra la sociedad civil en
México?
http://internacional.elpais.com/internacional/2014/10/10/actualidad/1412970176_327641.html
En Guerrero,
Michoacán y Tamaulipas, las mafias se dedican no solo al narco,
sino que tienen por objetivo asumir el poder local
GUILLERMO TREJO
10 OCT 2014 -
22:12 CEST8
Una familiar de uno de los estudiantes desaparecidos. / JORGE DAN
LOPEZ (REUTERS)
Todo parece indicar que el gobierno municipal y el crimen
organizado actuaron de manera coordinada en el artero asesinato de seis
estudiantes normalistas y de la desaparición forzada de 43 de sus compañeros en
la ciudad de Iguala, en el sureño estado mexicano de Guerrero.
En medio del duelo, la indignación y la movilización nacional el
país se pregunta sobre las razones que llevaron a un gobierno local dominado
por el crimen organizado a ordenar una masacre de estudiantes pertenecientes a
uno de los colectivos sociales más antiguos y combativos del país.
Si el principal negocio del crimen organizado en México es el
tráfico de drogas hacia Estados Unidos,
¿por qué asesinar estudiantes que no tienen ninguna relación con
ello?
Para entender los motivos represores del crimen organizado hay que
empezar por reconocer uno de los cambios más importantes en la industria
criminal de los últimos años: en estados como Guerrero, Michoacán y Tamaulipas, el
crimen organizado ya no solo intenta monopolizar el trasiego de la droga sino
que ahora ha pasado a una nueva fase en la que uno de sus grandes objetivos es
la toma del poder local –apoderarse de los municipios y sus recursos y
extraer la riqueza local a través de la
tributación forzada.
En zonas del país donde diferentes grupos criminales se disputan
el control del tráfico de droga, para sufragar estos conflictos el crimen
organizado fue paulatinamente expandiendo su
acción a industrias extractivas de recursos naturales –la toma clandestina
de gasolina, petróleo y gas– y de riqueza humana –la extorsión y el secuestro.
En esta nueva estrategia los grupos criminales encontraron un
nuevo y valioso botín: el
municipio y sus contribuyentes.
Como lo demuestra la terrible
experiencia de Michoacán, el
crimen organizado se apropiaba del 30% del presupuesto anual de obra pública de los municipios; exigía
que los contratos de obra pública se otorgaran a constructoras bajo su control;
y cobraba el 20% de la nómina
salarial de la burocracia local.
Pero la infiltración del municipio fue más allá: los grupos
criminales se apoderaron de las arcas públicas municipales donde obtenían
información fidedigna que les permitiera extorsionar con mayor eficacia a los
hoteles, restaurantes y pequeños negocios de las ciudades bajo su dominio.
Para apoderarse de los
municipios y sus contribuyentes, los grupos criminales empezaron por doblegar a
las autoridades locales.
Mediante el soborno o la extorsión, fueron subordinando a los
presidentes municipales en las zonas de conflicto.
Aunque en el imaginario nacional está más presente el soborno y la
corrupción de los alcaldes, hay también una larga lista de autoridades
municipales, candidatos y activistas políticos locales que han sufrido
atentados o han sido asesinados por el crimen organizado.
Con un equipo en la Universidad de Notre Dame, mi colega Sandra
Ley y yo hemos identificado mas de 300 atentados y ejecuciones de autoridades
locales por parte del crimen organizado en los últimos seis años.
Los estados vecinos de Michoacán y Guerrero
encabezan la lista con más de un tercio del total de ataques y en Guerrero las zonas Norte, Tierra Caliente,
Costa Grande y Centro son los
focos de la violencia.
En estos municipios, donde ser autoridad pública se ha convertido
en un empleo de alto riesgo, el crimen organizado ha empezado a postular a sus
propios candidatos –como parece haber sido el caso del alcalde de Iguala.
Los sicarios de Guerreros Unidos se han cobijado tras el manto
protector de la impunidad
Para lograr la hegemonía local, los grupos del crimen organizado
requieren de una sociedad desarticulada y aterrorizada, incapaz de cuestionar y
desobedecer los dictados de las autoridades de facto.
Por ello los criminales buscan establecerse en zonas con poca
organización social.
Pero cuando las zonas
estratégicas para el trasiego y la producción de droga están en lugares donde
operan fuertes movimientos sociales y comunitarios –como Iguala – los grupos
criminales intentan doblegar a los colectivos sociales mediante la compra de
sus líderes o mediante la represión selectiva y ejecuciones ejemplares.
La masacre de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa fue una acción estratégica y premeditada para sembrar el
terror y doblegar a los grupos de la sociedad civil que en Iguala y en
municipios aledaños participaban en distintos procesos de articulación social –
incluyendo policías comunitarias – para hacerle frente a las extorsiones, secuestros y asesinatos por parte del crimen organizado y de las
autoridades públicas a su servicio.
La masacre fue un acto de reconstitución del poder local; una acción barbárica mediante la cual el
grupo criminal Guerreros Unidos quiso dejarle en claro a los movimientos
sociales de la región quién era el mandamás. Fue, también, una ejecución
ejemplar para incentivar a los ciudadanos y a los pequeños y medianos
empresarios y comerciantes de la región a continuar pagando el “derecho de
piso” y con ello consolidar la toma criminal del poder en la zona.
Estos intentos despóticos de reconstituir el poder local mediante
la violencia barbárica son posibles por la protección informal que los grupos del crimen organizado han venido tejiendo y
retejiendo por décadas en las procuradurías estatales, en las policías
ministeriales,en los ministerios públicos, en las prisiones y en las delegaciones
estatales de la Procuraduría General de la República (PGR).
Aunque en México hoy se vea al municipio como el eslabón más débil
de la gobernanza nacional y se le identifique como la guarida desde donde opera
el crimen organizado con el cobijo de las autoridades locales, en múltiples entrevistas con ex gobernadores
de diferentes partidos –
incluidos ex mandatarios de
Michoacán y Guerrero –
insistentemente he escuchado que las policías ministeriales en los estados
están fuertemente infiltradas por el crimen organizado. Son ellas las que hacen
posible la impunidad criminal en los municipios y facilitan la reconstitución
de facto del poder local.
En esta nueva estrategia los grupos criminales encontraron un nuevo
y valioso botín: el municipio y sus contribuyentes
Estos actos brutales de reconstitución del poder local en Guerrero
son posibles, también, por la larga historia de impunidad de la que han gozado
los gobernantes del estado desde los años dorados del autoritarismo priista
hasta nuestros días.
La brutalidad de la guerra sucia de los gobiernos del PRI en
contra de grupos guerrilleros y estudiantiles disidentes de los años setentas
alcanzó en el caso específico de Guerrero niveles equiparables a las guerras
sucias de Chile y Argentina.
Pero estos actos quedaron impunes y la misma clase política que
asesinó a disidentes sociales se ha mantenido en el poder bajo el cobijo del
PRI y ahora de la izquierda partidista.
Aunque el mundo ha cambiado y México y Guerrero han cambiado, la
impunidad es la constante. Y esa impunidad hace posible las matanzas de Aguas Blancas y El Charco y ahora la
ignominia de Iguala.
En Guerrero,
gobernantes y criminales, ya
sea separados o coludidos, saben que atacar a la ciudadanía e intentar eliminar
a grupos sociales disidentes son crímenes que no se castigan.
Cuando el alcalde de Iguala o su secretario de seguridad o el
subsecretario ordenaron los disparos en contra de los estudiantes y entregaron
a los detenidos a los sicarios para que dispusieran de ellos, tenían,
tristemente, una larga historia de impunidad de su lado.
Cuando los sicarios de Guerreros Unidos torturaron, desaparecieron
o mataron a los estudiantes, se cobijaron, también, tras el manto protector de
la impunidad. Es la impunidad lo que le
permite igualmente al gobernante que al criminal asesinar sin chistar.
En la masacre de Iguala convergen pasado, presente y futuro.
Entender la masacre solamente como un repudiable acto del crimen organizado es
atender al presente sin entender el pasado. Pero interpretar este abominable
hecho solamente como un crimen de Estado es mirar al presente con ojos del
pasado.
Para evitar que la masacre derive en un estallido social, el
gobierno federal y la sociedad civil tendrán que atender tanto lo criminal – en
toda su nueva complejidad ahora que los grupos criminales quieren reconstituir
la política local – como lo Estatal – con la dificultad que conlleva que el
Estado se vea en el espejo de la violencia. Lo cierto es que un mejor futuro
para Guerrero se podrá fincar solamente cuando le pongamos fin a una larga
historia de impunidad política que alimenta y le da vida a un presente de
violencia criminal.
Nota del autor del blog: Mientras en México el crimen organizado toma el poder de los municipios: en Perú ya tomaron el poder d e las regiones. Ejemplo la región Ancash. Ademas hay 159 funcionario del mas alto nivel con procesos judiciales aparte muchos congresistas peruanos.
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