México:
el grito de Iguala
http://internacional.elpais.com/internacional/2014/10/26/actualidad/1414299038_180468.html
El reclamo de la sociedad mexicana
ante masivas violaciones a los derechos humanos era inaudible antes de los
crímenes de Guerrero
PAZ
ZÁRATE
26 OCT 2014 - 05:54 CET2
Un pintor hace un retrato de uno de
los estudiantes desaparecidos. / DANIEL BECERRIL (REUTERS)
Hace un mes,
43 estudiantes mexicanos que aspiraban a ser profesores rurales y que
protestaban ante el cambio de algunos aspectos de la reforma educativa
desaparecieron en el municipio de Iguala, estado de Guerrero, apenas a doscientos kilómetros de distancia
de la capital del país.
La noticia ha motivado masivas protestas
—algunas muy violentas— en todo México y ante sus representaciones diplomáticas
en el exterior. Buena parte de la prensa internacional ha tratado este crimen
como un durísimo golpe —uno más de muchos— del narcotráfico. Un nuevo brote de
una enfermedad endémica.
En cierto
modo, los crímenes que han acontecido en Iguala, que han sido seguidos por numerosos descubrimientos de fosas comunes donde
brotan decenas de restos humanos mutilados y deshollejados, ignotos hasta hoy,
ya no constituyen un evento extraordinario.
Desapariciones por aquí, fosas
comunes por allá, decapitaciones y secuestros se han vuelto rutina en México.
Lo que es
inusual esta vez es la reacción de la sociedad civil. Iguala le ha dado una vía
para rebelarse ante el terror diario, para expresar el hartazgo ante un dolor
sofocado, una sed de justicia sin saciar que era una bomba de tiempo.
Un estallido
previsible para una población saturada por la
criminalidad, que no solo viene de los carteles, y que hace bastante
tiempo han ampliado el giro a actividades criminales lucrativas que van mucho
más allá del narcotráfico.
Es la crisis de un gobierno frente a un pueblo
frustrado ante instituciones que no reflejan un mínimo Estado de derecho.
En efecto,
un mes antes de los hechos de Iguala, el 21 de agosto, el gobierno mexicano
reconoció oficialmente un total de 22.322
desapariciones desde el año 2006, de los cuales el
44% han tenido lugar durante la actual administración del presidente Enrique Peña Nieto, que comenzó en diciembre de 2012.
Organizaciones
de derechos humanos como Amnistía Internacional han dicho que el número real de
desaparecidos probablemente excede las
cifras oficiales debido a que la poca fe ciudadana en el sistema judicial y
en las fuerzas de orden hace que estos eventos ni siquiera se reporten.
Amnistía también subrayó entonces que el
número de desapariciones forzadas - que implican la participación de los
funcionarios del Estado - es desconocido.
Estudios indican que la mayor parte
de la población atribuye estas desapariciones al Estado y no al crimen
organizado.
Lo que es inusual esta vez es la
reacción de la sociedad civil mexicana
Días
después, el 29 de Agosto, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Derechos Humanos emitió un comunicado que establecía que la situación de las personas desaparecidas de México alcanza niveles críticos.
La
organización llamó entonces a México, como Estado parte de la Convención
Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las
Desapariciones Forzadas, a emitir nueva legislación sobre las personas desaparecidas
y reconocer la competencia del Comité de la ONU sobre Desapariciones Forzadas.
El 4 de
Septiembre, otro reporte de Amnistía Internacional consignó que la tortura en
México se ha masificado entre los agentes del Estado hasta el punto de estar
“fuera de control”, ya que tan solo en la última década, las denuncias por este delito han aumentado en un 600%.
El reporte
indica que se necesitan medidas urgentes para poner fin al uso persistente y
generalizado de la tortura por parte de la policía y las fuerzas armadas.
A fines de
septiembre, casi coincidiendo con los hechos en Iguala, la encuesta nacional
sobre victimización y percepción sobre seguridad pública del Instituto Nacional
de Estadísticas mexicano arrojó cifras extraordinarias para un país miembro de
la OCDE, el club de los países desarrollados.
El número
estimado de personas que sufrió un secuestro
aumentó notablemente en el último año, de 94.438 en
2012 a 123.470 en 2013.
Solo el 10% de todos los delitos son reportados a las
autoridades, debido a la falta de confianza en la policía. De todos los
delitos, 94% ni siquiera son investigados.
Es la crisis
de un gobierno frente a un pueblo frustrado ante instituciones que no reflejan
un Estado de Derecho
Iguala es,
entonces, la punta de un iceberg que concentra el horror que los mexicanos han
debido soportar a diario.
La
situación hace años dejó de ser problema de lucha contra el narco y arrastra al
Estado, implicado en desapariciones forzadas y
torturas a niveles críticos, en un ambiente de impunidad casi absoluta y
corrupción de agentes del Estado que no cumplen su papel de proteger a sus
conciudadanos
¿Puede esperarse que una sociedad
relativamente moderna, en uno de los países más ricos de América Latina,
soporte en silencio una falta de cumplimiento de funciones estatales mínimas? La indignación ya existía –pero este
grito doloroso de México, antes de Iguala, era inaudible.
Los
precedentes internacionales indican que violaciones de este calibre necesitan
soluciones de magnitudes proporcionales a la herida causada. Bien lo sabemos en
otros países de la región: las consecuencias de las violaciones a los derechos
humanos traspasan generaciones, y lidiar con ellas requiere destinar recursos
por largos años. Se necesitan reformas legislativas para cumplir con los
estándares internacionales que obligan al país; comisiones y tribunales a los
cuales se les proveen mandatos especiales y medios materiales para entregar
justicia; establecida una verdad, un liderazgo que asuma públicamente las
responsabilidades del Estado en los hechos; reparación a las familias de las
decenas de miles de víctimas, que exceden largamente el caso Iguala; y una reforma a la policía y a las fuerzas armadas que
incluya recursos que los hagan menos proclives a la
corrupción y una educación que instaure el respeto a los derechos
humanos. En todo este proceso, se necesita el respaldo y acompañamiento de la
comunidad internacional. Finalmente, a la luz de la verdad que emerge de este
proceso, la actual estrategia de seguridad de México, tendrá que ser
reevaluada.
El grito que
emerge de Iguala, el clamor angustioso que hoy resuena en todo México contra la
barbarie, no se acallará hasta entonces.
Paz
Zárate es analista de Oxford Analytica. La opinión aquí expresada tiene carácter personal. Twitter @pyz30
Nota del autor del blog: ya decía yo que en Perú y Bolivia hay mucho narcotrafico y no se ven ni por asomo estos secuestros ni decapitaciones y arrancarles la cara estando vivos.es el corrupto estado mexicano el culpable.
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