En Latinoamérica (una zona sin guerras ) se ha
matado más personas en estos 14 años que la suma de las guerras de Irak y Afganistán
en 12 años.
Un
millón y medio de muertos
http://elpais.com/elpais/2015/05/05/opinion/1430850805_184826.html
Latinoamérica
es una zona sin guerras, con grandes progresos
democráticos, económicos y sociales y en la que decenas de millones de personas
han salido de la pobreza. Es, también, la región más violenta del mundo
JOAQUÍN
VILLALOBOS
7 MAY 2015 - 00:00 CEST
EVA
VÁZQUEZ
En lugares
de Asia donde domina el Estado Islámico, la blasfemia, el adulterio, la herejía
y el “espionaje” de los “infieles” se pagan con la muerte.
En lugares
de Latinoamérica dominados por delincuentes, los
que no pagan extorsiones, las mujeres que se resisten a ser violadas y aquellos
que conversan con policías o rechazan colaborar con los criminales son
asesinados.
El terrorismo islámico decapita y
crucifica en sus territorios, en Latinoamérica los criminales cuelgan, decapitan, queman,
descuartizan y juegan fútbol con las cabezas de las víctimas.
Nota del autor del blog: se acuso a
un empresario peruano Julio Fabre creo que jugaba futbol con las cabezas de los
guerrilleros en cuarteles de Perú, no conozco de otros casos.
https://translate.google.com.pe/?hl=es-419&tab=wT#en/es/%E2%80%9CAhora%20sale%20en%20peri%C3%B3dicos%20que%20(Favre)%20jugaba%20f%C3%BAtbol%20con%20la%20cabeza%20de%20los%20detenidos%E2%80%9D.
“Ahora
sale en periódicos que (Favre) jugaba fútbol con la cabeza de los detenidos”.
En ambos
casos el terrorismo es el método para tener autoridad. En Asia, África y Europa del Este hay quince guerras por
distintos motivos.
Latinoamérica
es una región sin guerras,
con grandes progresos democráticos, económicos y sociales y en la cual decenas
de millones de personas han salido de la pobreza.
Sin embargo,
es la región más violenta del mundo, 300 homicidios por
día, 100.000 por año y más de un millón y medio en los últimos 14 años.
Latinoamérica
tiene sociedades nuevas gobernadas por instituciones viejas. La globalización,
la expansión del comercio de ilícitos, la urbanización, el crecimiento
demográfico, las migraciones y la democracia, entre otros factores,
transformaron aceleradamente los países sin que las instituciones de seguridad
fueran reformadas.
Son pocas
las excepciones: Chile, Costa Rica y Uruguay por
sus antecedentes cívicodemocráticos;
Nicaragua por una revolución y Colombia
por su largo conflicto. La violencia política precedente a la actual violencia
criminal fue parte de la lucha para lograr la neutralidad de unos poderes
coercitivos del Estado que defendían solo a las elites.
La
mayoría de democracias heredó policías y ejércitos de regímenes autoritarios
anticomunistas concebidos para controlar a los ciudadanos y no para protegerlos.
Con la
democracia, el Consenso de Washington promovió la idea de Estado pequeño y
barato en países que no habían terminado de formar sus Estados.
Una misión de un organismo financiero propuso,
incluso, que había que reducir el Estado en Haití.
La actual
situación de seguridad de Latinoamérica es la crisis de una ciudadanía inhibida
por un Estado débil, un Estado ausente o un Estado cooptado por criminales.
En algunos
países como Chile, Uruguay o Costa Rica el
problema es de seguridad pública, otros como Bolivia o
Perú van camino de empeorar y en los casos
más graves, como México, Brasil, Guatemala, Honduras, El Salvador, Venezuela,
Colombia e incluso Argentina existen territorios urbanos o rurales donde
el Estado ha perdido o está perdiendo los monopolios de la fuerza, la
tributación y la justicia a manos de criminales.
Los vacíos
de autoridad que ya existían o que dejó el periodo autoritario fueron ocupados
por delincuentes y no han podido ser llenados por la autoridad democrática.
En
México y El Salvador, la
casi totalidad de los cabecillas están presos y la violencia continúa
En seguridad
hay una estrecha relación entre tres factores: Estado,
territorio y ciudadanos.
La seguridad
es el fundamento de la gobernabilidad, el primer derecho de los ciudadanos y la
primera responsabilidad del Estado.
El poder
coercitivo es por lo tanto el principal poder del Estado y los policías son el
eslabón más importante en la relación entre gobernantes y gobernados. Estar protegidos
en la vida, el patrimonio y los derechos humanos son precondiciones para todo.
Si esto no funciona nada funciona. En la actual polarización ideológica
continental estas ideas esenciales han hecho crisis frente al pensamiento de
las derechas de Estado pequeño y ante la alergia de las izquierdas a la
represión. Lo primero ha derivado en mano dura con las manos amputadas y lo
segundo en políticas sociales que pretenden prevenir incendios ya desatados.
Todo vacío de autoridad en el
territorio termina en dominio criminal, paramilitarismo o en linchamientos
realizados por los propios habitantes. El cimiento de la seguridad es el control del territorio por
parte del Estado y los ciudadanos. Para lograr esto existen cuatro ejes
estratégicos que permiten derrotar al crimen. El primero es la reforma de las
instituciones de seguridad para que interioricen los derechos humanos como el
pilar de la legitimidad del Estado en el ejercicio del monopolio de la fuerza.
Los derechos
humanos son, por otro lado, esenciales para lograr eficacia en el dominio de
inteligencia, mantener la ventaja moral y evitar la reproducción de la
violencia.
Los abusos
de poder cierran los canales de información y colocan a los agentes del Estado
al mismo nivel que los delincuentes.
Cuando el
Estado mata enseña a matar. Policías y militares que parecen delincuentes
acaban siendo delincuentes.
El segundo
eje es el incremento sustancial del pie de fuerza del poder coercitivo. Un país
necesita tantos policías como lo demanden las amenazas que enfrenta y la
cultura de legalidad que posean sus habitantes. No es lo mismo Nueva York que
San Pedro Sula. No basta entrar a los territorios críticos, capturar
delincuentes y retirarse; cuando se llega hay que quedarse.
Alta
densidad criminal exige alta densidad policial.
En México y
El Salvador, la casi totalidad de los cabecillas están presos y la violencia
continúa. Sin ocupar el territorio de forma permanente no hay seguridad
posible. Esto implica fuerzas especializadas para perseguir el delito y fuerzas
territoriales para mantener la paz de los ciudadanos. La mejor seguridad es la que evita delitos por la presencia disuasiva
de la autoridad y no la que captura delincuentes que ya provocaron víctimas.
Este problema no lo resuelven cámaras; la tecnología es solo un auxiliar. Así
como los drones no derrotarán al Estado Islámico en Irak, no fueron las cámaras
las que pacificaron Monterrey, sino una nueva fuerza policial que ocupó el
terreno.
Colombia
colocó los derechos humanos en el centro de la doctrina de seguridad
El
tercer eje es la participación de los ciudadanos. La policía debe tener una relación estrecha y
permanente con estos, ganarse su confianza y ser parte de las comunidades.
En
Nicaragua hay una
movilización permanente de los habitantes de los barrios pobres por razones
religiosas, deportivas, de salud, culturales, económicas y de todo tipo, y la policía siempre es parte de estas.
A pesar de la pobreza, de un poder judicial tan malo como otros y una fuerza
policial pequeña, Nicaragua tiene un control social ciudadano que la mantiene
protegida de las pandillas que llegan del norte y de la cocaína que llega del
sur.
La
participación ciudadana multiplica exponencialmente el poder disuasivo frente
al delito. Creer que los ricos invertirán en barrios pobres es un sueño, la
principal política social y de empleo para prevenir el delito es potenciar la
microeconomía local.
El cuarto
eje es la presencia integral del Estado en el territorio. Una vez el poder
coercitivo ha tomado el terreno, controlado a los delincuentes y restablecido
la seguridad, es fundamental que se hagan presentes todas las instituciones del
Estado que brindan servicios de salud, justicia, deporte, educación, cultura, agua,
transporte y entretenimiento a los ciudadanos. La fuerza puede conquistar
terreno, pero solo la presencia integral del Estado y los ciudadanos pueden
consolidar el control territorial, establecer una paz permanente y evitar que
la violencia se reproduzca de nuevo.
Si se
contabilizan los costos que representa
el crimen en Latinoamérica, sin duda se está gastando más que lo que se
necesitaría para fortalecer las capacidades del Estado para reprimir, disuadir
o prevenir socialmente el delito.
La seguridad
es cara, pero se paga sola.
Colombia
parecía un Estado fallido, ahora tiene casi 500.000 hombres en su fuerza
pública; ha invertido hasta el 6% de su PIB en
seguridad; cobró impuestos especiales a los ricos, impulsó campañas
cívicas entre los ciudadanos y colocó los derechos humanos y la protección de
los colombianos en el centro de la doctrina de seguridad. El resultado es que
bajaron dramáticamente todos los delitos, cuadruplicó su PIB, quintuplicó el
turismo y recuperó su marca país que era sinónimo de violencia, secuestro y
narcotráfico. Sin duda no ha llegado al cielo, pero ya salió del infierno.
Joaquín
Villalobos fue
guerrillero salvadoreño y es consultor para la resolución de conflictos
internacionales.
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