Miles
de chilenos se jubilan con pensiones miserables; es lo que le pasara a : Perú,
República Dominicana, Colombia, El Salvador, Costa Rica, Uruguay y México.
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Viernes,
26 de diciembre del 2014
Durante la
dictadura de Augusto Pinochet, cientos de miles de chilenos de clase media
fueron obligados a dejar a un lado el viejo sistema de pensiones del estado y a
incorporarse a un sistema privado de jubilación de capitalización individual
que los ha sumido en la pobreza.
Bachelet
creó una comisión asesora presidencial para el sistema de pensiones, conformada
por 25 personas.
Santiago (AP).-
Joaquina Pereda vivió una vida cómoda. Estudió en la Universidad Católica de
Chile y con su salario como profesora de
matemáticas, hacía sus compras para el mes en supermercados, y compraba
verduras y frutas para la semana. Salía frecuentemente con su hijo, le tenía
nana cuando trabajaba, vestía bien e iba al cine.
Pero desde
que se jubiló no le alcanza para comer. En ocasiones, prepara una tortilla de
harina y le pone cebolla picada, le esparce orégano y le dice a su hijo, que
sufre de síndrome de Down, que es una “pizza”.
“Vivo el día
a día, no puedo ir a la feria, no puedo hacer las compras que hacía antes” en
el supermercado, dijo Pereda, de 66 años, entre sollozos. “Nunca imaginé, ni siquiera en
sueños, que esto me podía pasar”.
Tampoco
tiene dinero para pagar una niñera y tiene que llevarse a su niño para todos
lados. Aunque anda bien presentada, las telas de su vestuario se notan gastadas
y han ido perdiendo el color original.
Pereda es
una de cientos de miles de chilenos de clase media que hace 33 años, durante la
dictadura militar de Augusto Pinochet, fueron obligados a dejar a un lado el
viejo sistema de pensiones del estado y a incorporarse a un sistema privado de
jubilación de capitalización individual que los ha sumido en la pobreza, el
cual ha sido imitado por una treintena de naciones, incluidas Perú, República Dominicana, Colombia, El Salvador, Costa
Rica, Uruguay y México.
El último
sueldo de Pereda fue del equivalente a unos 1,000
dólares y aportó al sistema durante 37 años. Pero ahora la familia vive
con menos de la mitad, 441 dólares: 200 que recibe como pensión de jubilación; 100 más a título de indemnización por haberse jubilado
bajo el modelo que impuso la dictadura y 140 más que el estado da a los
discapacitados por la enfermedad de su hijo.
El régimen prometió que las pensiones
representarían hasta un 70% del último sueldo. Las cifras actuales, sin embargo,
distan mucho de ese objetivo.
Rosa
Retamal se pensionó en
2009 como profesora de inglés, cuando ganaba el equivalente a 1,860 dólares, y percibe una pensión de 274 dólares. “Yo realmente con este sueldo no puedo
vivir”, declaró.
“Para nadie es un
secreto que las pensiones no están a la altura de lo que esperarían los
trabajadores y trabajadoras”, afirmó recientemente la presidenta Michelle Bachelet. “Las
administradoras de fondos de pensiones han perdido credibilidad en la
ciudadanía”.
Bachelet
creó una comisión asesora presidencial para el sistema de pensiones, conformada
por 25 personas, incluidos nueve expertos extranjeros, que en agosto deberá
hacer sugerencias para mejorar el sistema.
El anterior
presidente de la asociación de administradoras, Guillermo Arthur, dijo que las
críticas al sistema de jubilaciones privadas “no tienen mucho asidero”.
Indicó que las
empresas “han administrado los recursos de los trabajadores de una manera
extraordinariamente eficiente, con una rentabilidad superior al 8%”.
“Si no se
han alcanzado mejores pensiones”, sostuvo, “no se debe al funcionamiento del
sistema de pensiones”, sino al bajo monto de ahorro en
las cuentas individuales es por la escasez de aportes -un 10% del sueldo bruto
mensual-- de los cotizantes y al aumento en las expectativas de vida de
los chilenos.
La alta rentabilidad, sin embargo, no
incide en el monto de la pensión.
Las
administradoras calculan las pensiones según las expectativas de vida, 83 años en las mujeres y 77 en los hombres, según una
tabla de la Superintendencia de Pensiones.
Cuando
cumplen un año más tras jubilarse, le rebajan la pensión porque se estima que
vivirá más del tiempo calculado inicialmente, para que sus ahorros duren más
años.
“Las personas afiliadas
a las administradoras por definición recibirán malas pensiones, (porque) el
dinero acumulado no tiene como objetivo pagar pensiones, sino alimentar al
voraz mercado extranjero”, sostuvo la jubilada María Luz Navarrete, de 65 años,
aludiendo a las inversiones en el extranjero que hacen las Administradoras.
En el
antiguo sistema de reparto, las pensiones se financiaban con los aportes
mensuales de los trabajadores activos —entre el 20 al 30% de sus ingresos
brutos— más los aportes estatales, que iban a un fondo que financiaba las
jubilaciones. Y los montos mensuales que se cobraban eran más altos que los
actuales.
Ahora no solo se cobra menos, sino
que una enorme cantidad de jubilados no puede seguir pagando un servicio de
salud privado y ha terminado en el sistema público de salud, que atiende el 80%
de los 17.8 millones de chilenos y tiene serias deficiencias, incluidas
carencias de médicos, de especialistas y de camas hospitalarias.
En Chile las
mujeres pueden jubilarse a partir de los 60 años y los hombres a los 65, pero
no es obligatorio hacerlo a esas edades y la mayoría de los chilenos sigue
trabajando para incrementar un poco sus pensiones.
El modelo
vigente obliga a los trabajadores a ahorrar mensualmente un 10% de sus ingresos
brutos, el que se acumula en una cuenta individual, de donde salen los fondos
para pensionarse.
En la
actualidad hay un período de transición en Chile, porque abundan los jubilados
que hicieron aportes tanto al sistema fiscal como al privado, pero dentro de
pocos años los retirados serán pensionados puros de las Administradoras.
A diciembre
de 2013 las seis administradoras privadas chilenas pagaron 1.031.207 pensiones del equivalente a 310 dólares mensuales, inferior a los 364 dólares del salario mínimo,
según la Fundación Sol, experta en temas de desigualdad.
“Hay quienes han cotizado toda su vida y aun así
obtendrán una pensión deficiente”, dijo la presidenta Bachelet.
Quienes no
han cotizado o dejaron de hacerlo, cobran un máximo de 200 dólares a través de
“jubilaciones asistenciales” creadas por el primer gobierno de Bachelet, del
2006 al 2010.
Los
únicos que rechazaron el modelo actual fueron los militares, que siguieron con
su sistema que les permite recibir, con 30 años de antigüedad, una pensión
igual a su último sueldo.
Quien no
quiera jubilarse con una Administradora, cuyas pensiones fluctúan a la baja,
pasan sus fondos a una compañía de seguros que le otorga una jubilación
vitalicia cuyo monto mensual no varía, pero que también es baja porque su
negocio es riesgoso y no se sabe cuánto vivirá el cliente.
Los
problemas previsionales son mundiales. “Su origen fundamental es la mayor
expectativa de vida y los sistemas han tenido que ir adecuándose”, dijo
a la AP Cecilia Cifuentes, analista del conservador Instituto Libertad y
Desarrollo.
Además de
enfrentar el aumento en el tiempo de vida, los sistemas jubilatorios deben
lidiar con la caída de la natalidad, que harán
que haya menos gente aportando al sistema.
Las
administradoras y el empresariado afirman que para incrementar las futuras pensiones
hay que aumentar la edad de jubilación, el porcentaje de ahorro y los depósitos
voluntarios.
En la mayoría de los países que
importaron el modelo chileno todavía no se han visto las consecuencias porque
poca gente se ha jubilado con ese sistema.
En Uruguay, sin embargo, tienen desde 1996 un sistema mixto pues presiones de grandes
sindicatos lograron que se abra un período para que los mayores de 40 años
puedan elegir retornar al antiguo sistema de reparto ante el temor de que el
nuevo sistema privado no sea eficiente.
“En los países hermanos
al menos han logrado liberarse parcial o totalmente, ya que las heridas de la
dictadura fueron menos profundas y lograron reponerse más rápidamente que en
Chile”, dijo la
jubilada Navarrete, quien llegó a ganar el equivalente a 2.460 dólares y cuya jubilación actual es de 815 dólares, con los que debe pagar su vivienda y
préstamos para la educación universitaria de sus hijos.
“Dependo de una de mis
hijas, la única que tiene trabajo estable, que vive conmigo y tiene un bebé”, afirmó. “El cambio fue horrible”.
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