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viernes, 18 de diciembre de 2015

Dimite el ministro de Economía de Brasil (La bolsa cayó un 2,14% y el dólar escaló hasta situarse a un paso de venderse a cuatro reales.) el ministro quería apartar un dinerito para pagar deudas y la presidenta quería que se siga regalando dinero a los pobres para que la ayuden a protestar para que no vaya a la cárcel en los juicios que se le siguen

Dimite el ministro de Economía de Brasil (La bolsa cayó un 2,14% y el dólar escaló hasta situarse a un paso de venderse a cuatro reales.) el ministro quería apartar un dinerito para pagar deudas y la presidenta quería que se siga regalando dinero a los pobres para que la ayuden a protestar para que no vaya a la cárcel en los juicios que se le siguen

Dimite el ministro de Economía de Brasil por divergencias con Rousseff

http://internacional.elpais.com/internacional/2015/12/18/actualidad/1450456221_794448.html




ANTONIO JIMÉNEZ BARCA

 São Paulo

 18 DIC 2015

El ministro de Economía de Brasil, Joaquim Levy, y la presidenta, Dilma Rousseff




El ministro de Economía de Brasil, Joaquim Levy, y la presidenta, Dilma Rousseff, el pasado mayo en Brasilia. / UESLEI MARCELINO (REUTERS)


Tras un progresivo alejamiento de la presidenta, Dilma Rousseff, el ministro de Economía, Joaquim Levy, dimitió este viernes, en una jornada en la que los rumores y la incerteza generaron más turbulencias en la ya zarandeada economía brasileña. La bolsa cayó un 2,14% y el dólar escaló hasta situarse a un paso de venderse a cuatro reales. Su sustituto será el previsto, un hombre cercano a Rousseff y a Lula, el hasta ahora ministro de Planeamiento, Nelson Barbosa. La dimisión de Levy, elegido hace casi un año para contentar a los mercados y contener el gasto era un secreto a voces.

Levy admitió en un encuentro que tuvo con periodistas, que había hablado con la presidenta sobre su más que posible salida. Pero sin especificar más. Un día antes, el jueves, en una sesión del Consejo Nacional Monetario, había confesado, según testigos de esa reunión, que él no asistiría a la sesión de enero.


El último y definitivo desencuentro entre la presidenta y el ministro de Economía ocurrió el jueves, con la aprobación del presupuesto. Él era partidario de que se reservara el 0,7% del PIB brasileño, esto es, 42.800 millones de reales (11.900 millones de dólares) para enjugar deudas; el Congreso, con la anuencia del resto del Gobierno, aprobó sólo reservar el 0,5%, es decir, 30.580 millones de reales (8.308 millones de dólares).

La diferencia, según miembros del Ejecutivo y destacados dirigentes del Partido de los Trabajadores (PT, formación de centroizquierda a la que pertenecen Rousseff y el expresidente Lula da Silva), estribaba entre recortar o no recortar uno de los programas sociales más populares del Gobierno de Rousseff (y anteriormente de Lula), el denominado Bolsa Familia, destinado a los hijos de familias pobres en edad escolar.


Al final, Rousseff decidió que el programa Bolsa Familia, a pesar de la crisis económica, era intocable. Y Levy sintió, a tenor de los insistentes rumores de su salida, que su sitio, su poder y su sentido en el Gobierno habían llegado a su fin. Su sucesor, Nelson Barbosa, de 46 años, es un hombre cercano a Rousseff y a Lula, aunque no está afiliado al PT y ejerció como secretario ejecutivo del Ministerio de Hacienda entre 2011 y 2013. Además, fue uno de los responsables del Programa de Aceleración del Crecimiento y de Minha casa, minha vida.

A juicio de varios analistas, Rousseff actúa con las manos atadas: enfrentada a un proceso de destitución parlamentaria que puede apearla del cargo, debe asegurar —antes que nada— los votos favorables de todos los diputados de su partido, el PT, y sus aliados de izquierda. Es un ejemplo de cómo la política interfiere y retuerce la crisis económica brasileña, con cifras cada vez más alarmantes: la previsión de inflación ya se apunta hacia un 10%, algo que era impensable un año antes. El mismo Levy achacó a las “incertezas políticas” buena parte de la culpa de la crisis económica y de la falta de de consumo de los brasileños.

La noticia de que el Congreso brasileño —y el Gobierno— eran partidarios de no hacer caso a Levy en el presupuesto, hecha pública antes de la aprobación efectiva de las cuentas públicas, sirvió de detonante para que la agencia Fitch rebajara el pasado jueves la nota sobre la deuda brasileña, rebajándola a bono basura. Los mercados respondían así a la desautorización sufrida por el que ha sido hasta ahora su aliado en el Gobierno de Rousseff.

Tira y afloja

El tira y afloja entre las tesis restrictivas de Levy y las más expansivas de los líderes del PT y del ala más a la izquierda del Gobierno han sido el día a día de la acción política del Ejecutivo brasileño. Hasta el punto de que los rumores sobre la salida del ministro de Economía brasileño, formado en la ultraliberal escuela de Chicago, se convirtieron en un género propio de la moderna crónica parlamentaria brasileña.

En septiembre, en vísperas de un viaje a Turquía para una reunión del G20, Levy desmintió —tras dialogar con la presidenta— que fuera a dimitir. Y siguió en el cargo. Ayer, con el presupuesto aprobado, el año legislativo terminado y desautorizado delante del país y del Congreso, Levy decidió marcharse.

Dilma gana la primera batalla del ‘impeachment’

Mientras, Dilma Rousseff ha recibido una buena noticia: el Tribunal Superior de Brasil, que se pronunció el pasado jueves sobre las etapas y el procedimiento de la destitución parlamentaria (impeachment) decidió que el Senado tendrá potestad soberana para paralizar el proceso aunque haya sido aprobado por el Congreso. Esta decisión es importante, ya que en el Senado la presidenta cuenta con más diputados afines. Con todo, la red de alianzas y contra alianzas de los diputados y senadores brasileños muda y metamorfosea continuamente, con lo que no se puede asegurar con rotundidad que la presidenta haya conjurado la amenaza.


El proceso del impeachment se prorrogará al menos hasta abril. Será necesario componer otra vez la comisión de destitución, realizar 10 sesiones para la defensa de la presidenta y otras cinco para redactar un relatorio que será votado en la Cámara.

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