Gran
parte del hampa es la que gobierna México
Así
colapsó la seguridad pública de Iguala
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El sistema
de seguridad pública en Iguala se encontraba en crisis desde 2009, y la
desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa la
puso de manifiesto. Una corporación de 300 elementos era controlada por
delincuentes.
Junto con el
exalcalde José Luis Abarca y su esposa, María de los
Ángeles Pineda, la Policía Preventiva Municipal de Iguala es la
principal acusada de colaborar con grupos criminales en el ataque y
desaparición de normalistas en Ayotzinapa.
Dentro de la
pesquisa sobre estos hechos, la
principal línea de investigación liga al cuerpo policiaco municipal a una red
de colusión con el cartel llamado Guerreros Unidos,
al cual, según testimonios de algunos detenidos y citados por la Procuraduría General de la República, el propio Abarca pagaba
entre dos y tres millones de pesos mensuales, a fin de mantener bajo control
esa localidad.
Guerreros
Unidos destinaba 600 mil pesos mensuales al control de la policía municipal
igualteca, afirmó en una conferencia el procurador general, Jesús Murillo Karam: la organización criminal, dijo el funcionario, decidía cuánto se pagaba
a los elementos policiacos, y también definía quién ingresaba a la policía
municipal.
“Municipio seguro”
Especialistas
ubican en 2009 el inicio del colapso del sistema policiaco de Iguala a manos
del crimen organizado.
Primero
fueron Los Rojos, escisión del Cartel Beltran Leyva, quienes tomaron el control de la
"plaza". Posteriormente, Guerreros Unidos
se asentó allí, gracias a sus nexos con la esposa de Abarca, María de los
Ángeles Pineda.
El municipio
de Iguala, decía Abarca en septiembre de 2013 en su primer y único informe de
gobierno, “está considerado entre los más seguros y menos conflictivos, gracias
al trabajo de la policía”.
La realidad
salió a flote el pasado 26 y 27 de septiembre, cuando algunos testigos
afirmaron que la policía municipal participó en el ataque y posterior
desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapan.
En los
hechos, estas versiones significan que Guerreros Unidos,
además de sus propias fuerzas de choque, tenía a sus servicios un cuerpo policiaco que consta de casi 300 elementos,
equipado con 574 armas de fuego, 12 patrullas, y 18
motopatrullas.
Además,
cuenta con 321 chalecos antibalas y 118 radios
portátiles.
Colapso
general de seguridad
En el caso
de Iguala no solo colapsó en sus funciones la policía municipal, sino también
el sistema de seguridad pública estatal en su conjunto.
La policía igualteca estaba originalmente contemplada
para incorporarse junto con las de otros cinco municipios de Guerrero al
esquema de mando único, según el cual todas debían ser coordinadas de manera
central desde la capital del estado.
El convenio
correspondiente fue firmado el 7 de mayo pasado por el exgobernador de
Guerrero, Ángel Aguirre. Pero en los hechos, la transición, programada para
entrar en funciones en octubre, no se produjo.
Además, los
mecanismos de control de confianza fracasaron. Según informó Abarca, 210 elementos de la policía municipal de Iguala
acudieron a Chilpancingo para ser evaluados.
Solo seis
fueron rechazados, de acuerdo con la auscultación realizada. Es decir, el
sistema de control fracasó, al no detectar las anomalías que posteriormente se
hicieron evidentes tras los sucesos del 26 y 27 de septiembre.
Medios
mexicanos reportan que 22 policías municipales de Iguala fueron detenidos bajo
la acusación de haber entregado a los estudiantes de Ayotzinapa a Guerreros Unidos.
Otros 300 policías fueron trasladados al Centro de Adiestramiento
de la Secretaría de la Defensa Nacional, en Tlaxcala, donde son
sometidos a nuevas pruebas de control de confianza.
La seguridad
de Iguala está desde entonces a cargo de la Policía Federal y el ejército
mexicano.
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