¿Puede ser despedido por negarse a recibir la vacuna COVID-19? América está a punto de descubrir
A finales de mayo se acerca una fecha en la corte para una prueba temprana, y esa es solo una de las varias demandas que se abren paso en el sistema.
Algunos trabajadores están demandando para recuperar su trabajo, según las demandas revisadas por MarketWatch, pero todos estos casos quieren que los jueces impidan que los empleadores establezcan requisitos de vacunación.
ILUSTRACIÓN FOTOGRÁFICA MARKETWATCH / ISTOCKPHOTOChristopher Neve tenía un historial impecable y varios aumentos de sueldo en sus seis años como ayudante del sheriff en la Oficina del Sheriff del Condado de Durham.
En marzo, lo dejaron sin sueldo por insubordinación y luego lo despidieron, según muestran los registros judiciales y de personal.
Esto sucedió porque Neve, de 33 años, se negó a vacunarse, según su demanda federal de Carolina del Norte presentada en abril.
Christopher Neve, como ayudante del alguacil de la Oficina del Alguacil del Condado de Durham, podría vacunarse contra su voluntad o arriesgarse a perder el empleo, lo que podría tener consecuencias profesionales, alega una demanda federal.
Meses antes, el alguacil del condado de Durham, Clarence Birkhead, envió un memorando al personal, según la demanda. “Vacunarse ahora ayudará a protegerlo a usted y al público al que servimos ... Estoy solicitando que todos los empleados se vacunen. Es obligatorio ”, decía un extracto del memorando.
Eso puso a Neve en una situación imposible, alegaron sus abogados. Podría vacunarse en contra de su voluntad o arriesgarse a perder el trabajo, a posibles consecuencias profesionales "y a que su vida se trastorne".
Neve "mantuvo su decisión médica informada de no tomar un producto experimental y, como resultado, fue despedido ilegalmente", alega la demanda.
El día que lo pusieron de licencia, Neve tuvo que entregar su placa y pistola, y fue "humillado" con una escolta fuera de la oficina, según la demanda.
Neve quiere que le devuelvan su trabajo y una orden judicial que impida que la oficina lleve a cabo sus políticas de vacunación del personal.
Los abogados de Neve no respondieron a las solicitudes de comentarios. La oficina del alguacil del condado de Durham se negó a comentar sobre litigios pendientes, dijo una portavoz. Más del 76% del personal de la oficina ha recibido al menos una inyección o está completamente vacunado, anotó.
Gran cantidad de demandas similares
Tiempo libre pagado, viajes gratis y dinero en efectivo son algunas de las formas en que los empleadores están tratando de atraer a su personal para que se vacune COVID-19.
Pero cuando la renuencia de los trabajadores se convierte en un rechazo rotundo, ¿pueden los jefes recurrir legalmente a las papeletas?
Meses después de que los reguladores federales del lugar de trabajo indicaran que los empleadores pueden exigir la vacunación , un pequeño grupo de demandas de trabajadores están poniendo esa opinión a prueba.
A este ex alguacil adjunto de Carolina del Norte se le unen el ex personal del centro de detención de Nuevo México y varios maestros y personal de las escuelas públicas de Los Ángeles que dicen que no pueden ser obligados a vacunarse, según los archivos de casos revisados por MarketWatch.
A este ex alguacil adjunto de Carolina del Norte se unen exoficiales del centro de detención de Nuevo México y maestros y personal de las escuelas públicas de Los Ángeles, quienes dicen que no pueden ser obligados a vacunarse.
Algunos están demandando para recuperar su trabajo, pero todos estos casos quieren que los jueces impidan que los empleadores establezcan requisitos de vacunación.
Señalan un estatuto federal que, dicen, deja en claro que tienen la opción de aceptar o rechazar las vacunas que se implementan en caso de emergencia. Y no pueden ser castigados por su elección, alegan.
La Administración de Alimentos y Medicamentos otorgó la autorización de uso de emergencia para la vacuna Pfizer PFE -BioNTech BNTX , la vacuna Moderna MRNA y la vacuna Johnson & Johnson JNJ .
Si bien ninguna de las vacunas cuenta actualmente con la aprobación total de la FDA, la agencia dice que las vacunas cumplen con los estándares de seguridad y eficacia , un punto que no convence a los trabajadores demandantes.
Hasta el miércoles, el 56,4% de la población adulta de Estados Unidos ha recibido al menos una inyección y el 40,8% está completamente vacunada, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades.
Los casos se producen en un momento en el que aumentan las tasas de vacunación y aumentan las expectativas de los empleadores de que su personal esté inoculado y listo para regresar a la oficina.
Maestros de escuela de Los Ángeles
Si bien el litigio recién está comenzando en el caso de Neve, se acerca una prueba temprana en una demanda diferente. Los maestros y el personal de las escuelas públicas de Los Ángeles están presionando para que se dicte una orden judicial que impediría que el sistema escolar requiera la vacunación.
Hay una fecha de la corte el 17 de mayo sobre la moción en el caso pendiente del Distrito Central de California.
El sistema escolar no exige la vacunación, dijo a MarketWatch una portavoz del Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles. “En cambio, estamos brindando acceso a la vacuna para todos los que trabajan en las escuelas y alentándolos a vacunarse. La elección es de ellos ”, dijo.
"Las comunidades a las que servimos se encuentran entre las más afectadas del país por el virus y muchos miembros del personal nos han dicho que temen contraer el virus y enfermarse o llevárselo a casa".
- Portavoz del Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles“Las comunidades a las que servimos se encuentran entre las más afectadas en la nación por el virus y muchos miembros del personal nos han dicho que temen contraer el virus y enfermarse o llevárselo a un miembro del hogar”, dijo. “Brindar acceso a la vacuna a todos los empleados nos ayuda a reabrir las escuelas lo antes posible y de la manera más segura posible”.
El sistema escolar se ha movido para desestimar el caso. Los abogados de los maestros y el personal alegan en documentos judiciales que la política de vacunación se cambió un día después de que presentaron la demanda.
En el condado de Doña Ana, Nuevo México, Nelson Goodin, el fiscal del condado, le dijo a MarketWatch que "exigimos la vacuna porque pensamos que era necesaria para proteger a los empleados y al público".
El mandato se aplica a los bomberos, alguaciles adjuntos y personal del centro de detención, dijo. A excepción de un puñado de adaptaciones por motivos de salud y religiosos, esas tres categorías de trabajadores están vacunadas, según Goodin.
Dos ex empleados del centro de detención están demandando al condado. El ex empleado Anthony Zoccoli alega que fue despedido injustamente por rechazar la vacuna, mientras que el ex oficial Isaac Legaretta dijo que tuvo que renunciar porque el entorno laboral se volvió hostil, incluida una reasignación que supuestamente violó las reglas administrativas.
Goodin defendió las políticas del condado, diciendo que los funcionarios tenían que proporcionar lugares de trabajo seguros. Cuando se trata de la cárcel del condado, los trabajadores están tratando con "personas que no pueden decidir que pueden irse a casa y mantenerse alejadas de los demás", señaló.
Pero Jonathan Diener, el abogado de los ex empleados del centro de detención, dijo que "no es una vacuna obligatoria hasta que se apruebe".
Dilema nacional
Es un problema que afectará a muchas personas que regresan al trabajo, o desean regresar al trabajo, sin una vacuna contra el coronavirus.
Alrededor del 88% de los empleadores dicen que planean exigir o alentar al personal a vacunarse contra el COVID-19, según una encuesta de la Universidad Estatal de Arizona y la Fundación Rockefeller a más de 1300 empleadores.
Seis de cada diez empleadores dijeron que pedirían una prueba de vacunación al personal, según la encuesta de finales de abril.
Un mes antes, el 91% de los directores ejecutivos que dirigen grandes empresas dijeron que sus empresas pedirían al personal que los mantuviera informados cuando fueran vacunados.
Jonathan Diener, abogado de los dos ex empleados del centro de detención de Nuevo México, dice que es una pelea por la capacidad de una persona para tomar sus propias decisiones de salud, que según él son más fundamentales que los derechos de la Primera Enmienda.
Las tasas de vacunación están aumentando sin mandatos de vacunación generalizados para los trabajadores, dijo la profesora Dorit Rubinstein Reiss, quien enseña en la Facultad de Derecho Hastings de la Universidad de California. Aún así, hay mucho en juego sobre cómo resultan estos casos, dijo.
Si los jueces dicen que los empleadores no pueden exigir la vacunación, eso no solo complica los esfuerzos de vacunación de los empleadores, "puede significar brotes en situaciones de alto riesgo que podrían evitarse", agregó Reiss.
Y no se trata solo de políticas en el trabajo, señaló. Algunos campus universitarios exigen la vacunación para la educación en el campus y las sentencias contra los empleadores "serían un dilema para ellos".
Reiss ha escrito anteriormente que "si bien todavía existe inseguridad jurídica", su opinión es que "el equilibrio de factores respalda la capacidad de los empleadores (o estados) de exigir vacunas EUA".
Diener, abogado de los dos ex empleados del centro de detención de Nuevo México, ve lo que está en juego de manera diferente: se trata de una pelea por la capacidad de una persona para tomar sus propias decisiones de salud, que según él son más fundamentales que los derechos de la Primera Enmienda.
"Para mí, parece tan básico", dijo. "Para mí, más básico que tú no puedes decir esto o aquello".
Interpretando la ley
Entonces, ¿el palo detrás de la zanahoria de los incentivos a la vacunación tiene toda la fuerza de la ley?
La Comisión de Igualdad de Oportunidades en el Empleo ha dicho que los empleadores pueden exigir la vacunación, en opinión de abogados y profesores . (La EEOC establece un proceso para tratar de acomodar a un trabajador que rechaza la vacuna por motivos religiosos o de salud).
La guía de la EEOC “no está redactada con claridad”, dijo Fazal Khan, médico y profesor de derecho de salud pública en la Universidad de Georgia. Pero, en su opinión, representa "el pensamiento actual del gobierno federal".
El estatuto requiere que el público sea informado "de la opción de aceptar o rechazar la administración del producto". Pero existe un desacuerdo crítico sobre si esto se refiere solo a consecuencias médicas o consecuencias profesionales.
Sin embargo, estas demandas se centran en una parte diferente de la ley federal relacionada con la autorización de uso de emergencia.
El estatuto requiere que el público sea informado " de la opción de aceptar o rechazar la administración del producto " y eso socava las directivas del empleador, dicen las demandas. Entre otras cosas, señalan los casos, las hojas de datos de la FDA para las tres vacunas enfatizan el derecho del receptor a elegir o rechazar.
Aquí hay otra arruga: el mismo estatuto también dice que los destinatarios potenciales deben ser informados "de las consecuencias, si las hay, de rechazar la administración del producto".
“Una consecuencia es que te pueden despedir”, dijo Khan. Dijo que cree que los casos enfrentan una batalla cuesta arriba.
Reiss está de acuerdo en que los casos son una posibilidad remota, pero dice que los trabajadores están tratando de basar sus acusaciones laborales en un estatuto que ni siquiera habla de cómo los empleadores deben tratar a los trabajadores.
"La forma en que leemos eso", dijo Goodin, el fiscal del condado de Doña Ana, es que "[los empleados] deben ser informados de las consecuencias si se niegan a aceptarlo".
Goodin se equivoca, dijo Diener, el abogado de Nuevo México. “Están hablando de consecuencias médicas. ... Mi opinión es que no están hablando de todas y cada una de las posibles consecuencias ".
El enfrentamiento subraya la necesidad de una interpretación judicial. "Eso", dijo Diener, "es el objetivo de este caso".
De vuelta en Carolina del Norte, el caso de Neve arroja otra luz sobre el complejo costo humano de la pandemia. Neve ha estado "consumido" con pensamientos sobre cuál es su próximo movimiento laboral "especialmente dado el estado actual de la fuerza laboral y la economía", dice su demanda.
Neve, agregó la presentación, "tiene sentimientos de desesperación porque todo su trabajo y esfuerzos para mantener un historial perfecto y buena reputación entre sus supervisores, colegas y residentes de la comunidad se han arruinado por el mandato ilegal"
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