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La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, explica que las subidas de impuestos se concentrarán en 2019 y anuncia que se retrasa hasta 2022 el fin del déficit público en España
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Isabel Celaá, acompañada por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y el titular de Fomento, José Luis Ábalos. En vídeo, declaraciones de la ministra de Hacienda tras el Consejo de Ministros J.J. GUILLÉN EFE
ANTONIO MAQUEDA
JESÚS SÉRVULO GONZÁLEZ
Madrid 13 JUL 2018 - 16:12 CEST
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha avanzado que las Administraciones Públicas españolas no eliminarán el déficit público hasta 2022, un año más tarde de lo planificado por el anterior Ejecutivo. A pesar de que el Gobierno había negado en reiteradas ocasiones que estaba discutiendo con Bruselas una prórroga de la senda fiscal, Montero ha explicado tras el Consejo de Ministros que España ha suavizado el calendario para reducir los números rojos después de haber negociado con la Comisión Europea "casi desde el primer día". A cambio, el Ejecutivo de Pedro Sánchez se ha comprometido a hacer en 2019 un ajuste de 5.000 millones financiado solo con subidas de impuestos.
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Las autoridades comunitarias aún tienen pendiente validar la decisión cuando el Gobierno presente los Presupuestos de 2019, según explican fuentes del Ministerio de Economía. En la nueva hoja de ruta de la consolidación fiscal, el déficit público se sitúa en el 2,7% del PIB en 2018, el 1,8 % en 2019, el 1,1 % en 2020 y el 0,4 % en 2021. En resumen, Hacienda ha elevado los objetivos en medio punto cada año, lo que le permite aplazar un ajuste de 6.000 millones para este año. Pero aun así mantiene el mismo grado de esfuerzo que habrá que hacer en los siguientes.
A cambio de relajar el esfuerzo fiscal este año, el Gobierno se compromete el que viene a un ajuste estructural del 0,4% del PIB, unos 4.850 millones de euros. El resto para alcanzar el 1,8% en 2019 —unos 0,5 puntos de PIB— procederá de los ingresos adicionales que aporta el ciclo, según cálculos de la Autoridad Fiscal (Airef). Hacienda ya trabaja en establecer nuevos impuestos para recaudar hasta 4.000 millones de euros más, entre los que se incluye la tasa Google, de la que Montero ha dicho que presentará un proyecto de ley “en los próximos días” para que entre en vigor en 2019; el impuesto a los bancos, “que intentará reconocer las transacciones que se hacen en la banca y que contribuyan en la medida de sus posibilidades", ha señalado la ministra; la subida del impuesto de sociedades hasta un tipo mínimo efectivo del 15% “solo para los grandes grupos”; y el castigo fiscal al diésel. Sobre este último Montero ha afirmado que “no se trata de igualar de un día para otro” y que se excluirá a transportistas, autónomos y sectores vulnerables.
Además, está diseñando un nuevo plan de lucha contra el fraude fiscal y contra la planificación fiscal agresiva de las multinacionales. En total, se alcanzarían esos 5.000 millones. No obstante, el Gobierno está en minoría en el Congreso y aún tiene que conseguir el respaldo suficiente para aprobar estas medidas.
"Este Gobierno se encontró con unos Presupuestos que se habían diseñado por el anterior Ejecutivo sin respetar los objetivos de déficit público", ha asegurado Montero. "Se inició un trabajo que ha durado varias semanas. El Consejo de Ministros encargó a la Autoridad Fiscal (Airef) un informe sobre la situación presupuestaria, y el resultado es que se confirmaron las sospechas", ha añadido. El documento de la Airef certifica que el déficit a mitad de año solo ha bajado dos décimas y se sitúa en el 2,9% del PIB.
Montero ha subrayado que "eran unos compromisos imposibles de cumplir". "Se ha hecho evidente que esa senda no era realista. La Comisión Europea y el Banco de España alertaron de que se incumpliría el objetivo de déficit y se situaría en el 2,6% o el 2,7%, algo que obligaría a este Gobierno a un ajuste adicional de unos 11.000 millones de euros", ha señalado. Si el Gobierno hubiera tenido que abordar este ajuste, "tendría un impacto negativo en el crecimiento económico de medio punto del PIB con la consiguiente perdida de empleo", ha insistido la ministra. Lo que no ha dicho es que en los siguientes años seguirá teniendo que hacer ajustes pese a la plétora de anuncios de gasto que ya ha realizado su Gobierno.
Tras comprobar la situación presupuestaria y ver las dificultades para ajustar las cuentas en el grado que estaba previsto, el Ejecutivo inició "conversaciones con las autoridades comunitarias" para suavizar la senda de reducción del déficit público. "Estos nuevos objetivos sí que son apropiados y compatibles. La nueva senda otorga a nuestro país un mayor margen fiscal para estos ejercicios. Nos permiten apuntalar el crecimiento económico al tiempo que se mejoran las políticas sociales. Además, el compromiso de España con el Pacto de Estabilidad es aún con mayor fuerza", ha resaltado.
Según los expertos, el problema reside en que si no se consigue eliminar pronto el déficit no habrá margen fiscal para la próxima crisis. Incluso si el Gobierno consigue acabar con el agujero presupuestario en 2022 tal y como prevé, al año siguiente empezará a repuntar con fuerza de nuevo el gasto en pensiones por la jubilación del baby boom.
En opinión de la titular de Hacienda, los nuevos objetivos presupuestarios permitirán "un impulso a la agenda social". "Los márgenes son estrechos, pero en estos momentos del ciclo económico hay que acompañar los mayores ingresos con un mayor gasto social", ha concluido. El Gobierno toma esta decisión pese a ser el país de la UE con más déficit público una década después del inicio de la crisis. Este mismo jueves el Tribunal de Cuentas europeo criticó a la Comisión la falta de firmeza con los países más endeudados como España, con un endeudamiento sobre PIB que roza el 100%. Los organismos internacionales como el FMI o el BIS piden que se aproveche la bonanza para reducir ahora que se puede la deuda. Máxime cuando pronto empezará el BCE a normalizar la política monetaria con un impacto directo en el coste de la financiación de la deuda. En un plazo de cinco o seis años, la carga de la deuda en porcentaje de PIB aumentaria en un punto de PIB por cada 100 puntos de incremento de los tipos de interés.
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