España: Sánchez cuela otra subida encubierta de impuestos a las eléctricas en el decreto anticrisis

 

Sánchez cuela otra subida encubierta de impuestos a las eléctricas en el decreto anticrisis

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El real decreto-ley aprobado este sábado contempla una modificación respecto de la base imponible del impuesto sobre la generación eléctrica que podría suponer una mayor carga tributaria para Iberdrola, Endesa o Naturgy a partir de 2023

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, saluda al CEO de Endesa, José Bogas, y al presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán. (EFE/Pool/Moncloa/Fernando Calvo)

Por 

Juan Cruz Peña

28/06/2022 - 05:00

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El Gobierno ha colado una subida encubierta de impuestos a las principales compañías eléctricas en el decreto anticrisis aprobado el pasado sábado. Mientras el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, dirigía las miradas hacia un proyecto de ley por el que pretende crear un nuevo impuesto que grave los beneficios extraordinarios de las energéticas, los técnicos que escriben el BOE dejaban negro sobre blanco una vuelta de tuerca al impuesto sobre el valor de la producción de la energía eléctrica de cara a 2023.

 

El Gobierno ha ensanchado la base imponible de este tributo a través de un matiz que apela directamente a las grandes compañías eléctricas, Iberdrola, Endesa y Naturgy. Concretamente, el BOE añade un párrafo al artículo 6 de la Ley 15/2012 de medidas fiscales para la sostenibilidad energética. "Cuando se realicen operaciones entre personas o entidades vinculadas, conforme a lo dispuesto en la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del impuesto sobre sociedades, la retribución no podrá ser inferior al valor de mercado. Se entenderá por valor de mercado aquel que se habría acordado por personas o entidades independientes en condiciones que respeten el principio de libre competencia. A estos efectos, para la determinación del valor de mercado se aplicará cualquiera de los métodos recogidos en la Ley 27/2014, de 27 de noviembre".

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero (d), y la vicepresidenta para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera. (EFE/Juan Carlos Hidalgo)

Las eléctricas venden toda su producción a su propia comercializadora en un contrato intragrupo (parte vinculada) y deberán pagar el impuesto a la generación eléctrica por un valor de mercado de su producción y no por el valor de venta real, actualmente muy por debajo de lo que marca el mercado eléctrico. Es decir, que una vez que se reimplante dicho tributo, actualmente suspendido para hacer frente a la crisis, la base imponible que tendrán que soportar será ostensiblemente superior.

 

Tanto Iberdrola como Endesa indicaron el pasado mes de abril a sus inversores que venden toda su producción a su propia comercializadora con contratos intragrupo a 66,24 euros MW/h y 65 euros MW/h respectivamente. Fuentes del sector señalan que esta maniobra tiene por fin esquivar el Real Decreto-ley 6/2022 que detrae los beneficios caídos del cielo ('windfall profits') en los contratos de más de 67 euros por MW/h. Este es un precio que está actualmente alrededor de un 75% por debajo de los precios de mercado. Este martes, por ejemplo, el mercado diario tiene un precio medio en España de 260 euros MW/h (144 euros MW/h + 116 euros MW/h de compensación al gas).

 

Es decir, que tanto Endesa como Iberdrola o Naturgy, que lleva desde hace meses publicitando tarifas a industria y hogares con precio de mercado de 65 euros MW/h, no tributarían el 7% que marca el impuesto sobre la producción por esos 65 euros MW/h, sino por el precio de mercado, que rondaría los 260 euros MW/h en la actualidad.

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Pese a lo anterior, fuentes del sector señalan que las compañías podrán adaptarse y evitar un fuerte impacto. Según detallan, "hasta ahora se liquidaba el impuesto sobre el precio del mercado diario. Con esta modificación (que el sector ya esperaba) se tendrán en cuenta las ventas a plazo y en contratos bilaterales, aunque (como es habitual en esos casos) habrá que justificar que se hacen en condiciones de mercado. Cambiará la forma de gestionar este riesgo, pero no tiene impactos relevantes. En condiciones normales, como los precios a plazo y los precios del mercado diario tienden a converger, no hay gran diferencia en el impuesto que habrá que pagar. Ahora sí hay esa diferencia, pero el impuesto está suspendido hasta final de año".

 

Sobre la base de lo anterior, la clave estará en cómo calcula el Gobierno el nuevo precio de mercado respecto de lo que pagaban las eléctricas antes de que se suspendiera este tributo. Si ese nuevo precio es superior, se ensanchará la base imponible y, por tanto, la recaudación. Para calcular el precio de mercado, el Gobierno se remite a las fórmulas contempladas en la Ley 27/2014 sobre el impuesto de sociedades.

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Otras fuentes del mercado expertas en regulación señalan que es significativo que el Gobierno haya hecho esta modificación y que indica dos cosas. Por un lado, que el Gobierno parece dispuesto a reinstaurar en 2023 este polémico tributo que creó el exministro de Hacienda Cristóbal Montoro, en la época de Rajoy, y que ha sido varias veces cuestionado ante los tribunales, aunque el TJUE acabó avalándolo.

 

Por otro lado, el Gobierno, o bien no cree que las eléctricas estén vendiendo al cliente final a este precio (tal y como denuncia la industria reiteradamente) o bien ha encontrado esta vía para aumentar la recaudación frente a un sector que considera está siendo uno de los más beneficiados por la crisis energética.

Ya lo ha hecho con otros impuestos

Esta no es la primera vez que el Gobierno estira las bases imponibles para lograr un aumento de la recaudación sin tener que subir tipos impositivos. El pasado año, Hacienda coló en la ley de lucha contra el fraude un cambio a la hora de valorar las transmisiones de cara a liquidar el impuesto de sucesiones y donaciones, el impuesto de transmisiones patrimoniales o el impuesto sobre el patrimonio.

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Lo que hacía en ese caso era dejar de tener en cuenta el valor real de los inmuebles implicados en las transacciones, y sí un valor de referencia establecido sobre la base de un nuevo baremo desarrollado por la Dirección General del Catastro. Expertos fiscalistas ya advirtieron de que dicho valor de referencia sería superior a los tenidos en cuenta hasta el momento, lo que ensancharía la base imponible y, por tanto, la recaudación para las arcas públicas.

 

De forma paralela, el Gobierno ahora contabiliza el impuesto sobre la generación eléctrica a un precio de mercado en el caso de contratos entre partes vinculadas, en lugar de su venta real, que puede estar muy por debajo en el caso de las grandes eléctricas. La pelea entre las compañías y el regulador sigue por todo lo alto.