Jonathan Castro es reportero político y de investigación peruano.

El jet set de la política peruana ha apostado todas sus monedas por la candidatura de la derechista Keiko Fujimori. Políticos con muchos minutos como entrevistados en televisión —pero escasos votos en las últimas contiendas— hablan de ella como si representara una esperanza similar a Barack Obama para Estados Unidos en 2008, y no estuviera siendo investigada por lavado de activos en el Caso Odebrecht y tuviera responsabilidad gravitante en la crisis política de los últimos años. “Keiko Fujimori representa la libertad y el progreso; y creo que el señor (Pedro) Castillo representa la dictadura”, dijo el escritor Mario Vargas Llosa en esa misma línea.

Fujimori ha recibido el respaldo de líderes empresariales, de la mayoría de los partidos políticos, de políticos sin partidos, de exopositores, de los Vargas Llosa, todos defensores del modelo económico actual. Ninguno de ellos le ha exigido que desista de su intención de indultar a su padre, el expresidente Alberto Fujimori, condenado a prisión por corrupción y por ser autor mediato de homicidio calificado en las matanzas de La Cantuta y Barrios Altos.

La narrativa que les ha unido —con la camiseta de la selección peruana de fútbol como símbolo— ha sido la defensa de la democracia, y la oposición al comunismo y el chavismo que supuestamente el izquierdista Pedro Castillo representa. Pero esa raya trazada supone algunas preguntas: ¿Qué representaría la derrota de Fujimori, en caso de que esta se produzca? ¿Que en Perú eligieron el comunismo por encima de la fantasía democrática? ¿O que Fujimori y sus aliados están muy desconectados de los problemas de la mayoría de las y los peruanos?

El país sufre la campaña con mayor polarización del periodo democrático de los últimos 20 años. Pero la tensión fundamental que nos separa no está en relación a “el comunismo versus la democracia”. Está en la relación de quienes votan con la inclusión en el modelo económico y político, más aún tras los estragos que ha generado la pandemia.

En las encuestas, Castillo es el amplio favorito fuera de Lima y en los sectores marginales; mientras Fujimori lo es en la capital y las clases altas y medias. El modelo, que ha sacado a millones de la pobreza, está en juego porque las reformas necesarias han sido constantemente bloqueadas en los últimos años, en parte por los mismos que hoy apoyan a la candidata derechista.

No juzgo a los votantes de uno y otro candidato, pues tienen argumentos de peso, ya que ambos producen temores fundamentados. Lo que resulta criticable es la actitud y la argumentación de los líderes políticos que, debiendo comprender la crisis de representatividad que hay en el país, se han unido a causas con una ceguera que nos puede arrastrar a un peligroso escenario de política sin interlocutores. Pues en serio, ¿qué importancia le pueden dar los grandes perdedores de la crisis sanitaria a la vigilancia democrática de Álvaro Vargas Llosa? Este 6 de junio no solo se decidirá la continuidad del modelo económico, sino también será un referéndum sobre la vigencia de las élites políticas que dominan la opinión pública.

Ciertamente Pedro Castillo representa un peligro para la democracia y la economía. De un lado, tiene entre las filas de su partido a representantes de una izquierda radical, a admiradores de Nicolás Maduro y a personas vinculadas con el Movadef, el brazo político de la organización terrorista Sendero Luminoso. De otro, antes de su sorpresivo pase a la segunda vuelta, no tenía planes de gobierno; tenía estados de ánimo. Tal como están planteadas sus ideas populistas, es más probable que genere empobrecimiento antes que grandes transformaciones sociales. Y no ha mostrado a un equipo solvente que lo asesore.

A diferencia del expresidente Ollanta Humala en 2011, que contó con el respaldo de Vargas Llosa, Castillo no se ha moderado. En primer lugar, no necesita hacerlo porque su voto no viene por sus propuestas, sino por lo que representa: alguien nuevo, provinciano, de abajo y antifujimorista. Además, sus nuevos aliados de la izquierda más moderada son débiles (la excandidata Verónika Mendoza, por ejemplo, obtuvo apenas 6% de los votos emitidos).

Pero el debate presidencial del 30 de mayo mostró que ninguno de los dos candidatos da la talla para los dos principales retos del país. Con la pandemia, la pobreza aumentó 10%. Frente a eso, las propuestas de Fujimori fueron una farra de populismo focalizado en pequeños grupos de interés, sin indicadores claros que expliquen cómo van a beneficiar a los más afectados. Mientras, Castillo divagó entre imprecisiones sobre el rol del Estado en la economía.

Sobre el manejo de la pandemia, se limitaron a enumerar obras de infraestructura, bonos y hablar de los planes de vacunación para este año, pese a que la actual gestión del presidente Francisco Sagasti ha asegurado la adquisición de 60 millones de vacunas para 2021. Ninguno de los dos dio una mirada sobre el manejo y seguimiento de los efectos del COVID-19 a partir de 2022, ni de una posible inversión en la formación de personal médico.

El 7 de junio empezará la tercera vuelta, esa que disputa el poder efectivo después de las elecciones. Si ganara Fujimori, habría que preguntarse qué camino tomarán las élites que la apoyaron: pasar a la oposición, formar un oficialismo crítico o cerrar filas frente a la amenaza que para ellas representa Castillo. En el Congreso, esta alianza tendría mayoría para sostenerla y evitar cualquier intento de vacancia, o para abusar de su poder, como lo hizo el fujimorismo en los años 1990 y entre el 2016 y 2019. Pero en las calles tendrá medio país —sobre todo el sur— en ebullición; un grupo significativo de peruanos que no se siente representado y que ha sido constantemente “terruqueado” durante la campaña, además de un Castillo con legitimidad para ser el principal intérprete de ese malestar.

En caso de que gane Castillo, habremos puesto en Palacio al presidente más improvisado desde Alberto Fujimori en 1990, y también al más radical. Él tendrá un Congreso mayoritariamente adverso, por lo que las reformas que quiera plantear van a afrontar colisiones muy tensas. Allí también habría que ver el papel de las élites: colaborar con el gobierno, hacer una oposición constructiva o hacerle el juego a intentos golpistas como algunos advierten. Aunque Keiko Fujimori haya lavado su imagen durante la campaña, a diferencia de Castillo, ella no tendría muy cómodo el papel de líder de la oposición, pues seguirá siendo procesada por el Caso Odebrecht.

También hay una pregunta pendiente sobre el papel que tendrán los medios de comunicación, que son vistos como parcializados a favor de una candidatura por 59% de la población. Las decisiones empresariales y editoriales de muchos de ellos han perjudicado la reputación y la independencia de la prensa en general, y esto se agravará si se dejan llevar por las élites asustadas. El único camino para evitar que la democracia peruana agonice en las sombras de la desinformación será intentar comprender el resultado y darle voz a las nuevas demandas sociales.

En cualquiera de los escenarios venideros, el reto más grande será el de conectar las grandes demandas exigidas en la campaña con interlocutores que puedan plantear políticas públicas para atenderlas. De lo contrario, el camino que tenemos al frente en Perú será más caótico aun.