El gobierno de Canadá que se dice defensor de los derechos humanos , secuestro a 150,000 niños indígenas y le encargo a la iglesia católica que los extermine para apropiarse de los terrenos y dársela a los colonos.
¿Canadá enfrentará cargos penales por abusos en escuelas residenciales?
Los abogados piden a la policía que presente cargos penales contra el gobierno canadiense, las iglesias y las personas que trabajaban en instituciones.
Advertencia: la historia a continuación contiene detalles de escuelas residenciales que pueden resultar molestos. La Línea de Crisis Familiar y Sobrevivientes de Escuelas Residenciales Indígenas de Canadá está disponible las 24 horas del día al 1-866-925-4419.
Toronto, Canadá - Como muchos pueblos indígenas de Canadá, Andrew Phypers, un abogado defensor penal de la Lower Kootenay Band en la provincia canadiense de Columbia Británica, tiene una conexión personal con las “escuelas residenciales”.
Su madre asistió a la escuela residencial St Eugene's Mission, donde a fines del mes pasado un radar de penetración terrestre encontró 182 tumbas sin nombre de niños indígenas .
"Tengo muchas personas en mi comunidad que asistieron a las escuelas residenciales y pueden dar fe personalmente de las atrocidades que ocurrieron allí", dijo Phypers a Al Jazeera en una entrevista telefónica reciente. Las tumbas anónimas en St Eugene's se encuentran entre varios descubrimientos recientes de cientos de tumbas de niños indígenas en las instituciones de asimilación fundadas por el gobierno y dirigidas por la iglesia.
Desde finales del siglo XIX hasta 1996, Canadá sacó a 150.000 niños indígenas de sus hogares y los obligó a ingresar en instituciones dirigidas por personal de la iglesia, donde tuvieron que cortarse el pelo largo y se les prohibió hablar su idioma y practicar su cultura. Muchos fueron abusados física y sexualmente. Se cree que han muerto miles de niños.
El objetivo de Canadá era matar la cultura indígena para que la tierra y los recursos estuvieran disponibles para los colonos. La Comisión de la Verdad y la Reconciliación (CVR), un proceso de años que documenta las historias de los sobrevivientes, concluyó que la práctica era un genocidio cultural.
En 2016, el gobierno canadiense identificó a más de 5,000 abusadores , pero hasta la fecha, ninguna persona o institución ha enfrentado cargos bajo la Ley de Crímenes contra la Humanidad y Crímenes de Guerra, una ley federal aprobada en 2000. Un pequeño número de sacerdotes fueron acusados de agresión sexual. , pero ninguno ha enfrentado cargos por homicidio, según abogados familiarizados con el asunto.
Los recientes descubrimientos de tumbas sin nombre han incitado a grupos indígenas y abogados a exigir que la policía presente cargos penales contra el gobierno canadiense, las iglesias y los autores individuales de delitos cometidos en las instituciones.
La Asociación de Mujeres Nativas de Canadá (NWAC) está detrás de un impulso para los cargos penales, mientras que Phypers está trabajando con un grupo de abogados para alentar a la Corte Penal Internacional (CPI) a abrir una investigación sobre las instituciones. Pero los expertos dicen que sus esfuerzos podrían ser estancados o frustrados por el gobierno canadiense.
"Parte de nuestra ambición es ver la responsabilidad", dijo Phypers.
¿Cómo funcionaría?
La CPI, el primer tribunal penal internacional permanente del mundo, investiga y, cuando se justifica, juzga a las personas por los crímenes más graves, incluidos el genocidio, los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad.
Phypers está trabajando con Brendan Miller, un abogado con experiencia en derecho internacional que dijo que los abusadores individuales, el gobierno canadiense y la Iglesia Católica podrían enfrentar cargos relacionados con las escuelas residenciales bajo la Ley de Crímenes de Lesa Humanidad y Crímenes de Guerra.
Según la Ley, Canadá es uno de los únicos países del mundo que otorga poderes internos al fiscal de la CPI. Eso significa que si la CPI abre una investigación sobre las escuelas residenciales, puede exigir documentos y emprender una investigación, y sería un delito que el gobierno canadiense interfiriera con ese proceso. La CPI también puede solicitar que la policía de Canadá le ayude a investigar crímenes de guerra.
"Si el fiscal de la CPI abre un expediente, tienes una investigación pura e independiente", dijo Miller.
El 3 de junio, Miller pidió a la CPI que abriera un examen preliminar en las escuelas residenciales de Canadá. Si el tribunal decide enjuiciar, habrá un juicio. El fiscal de la CPI no respondió a la solicitud de comentarios de Al Jazeera sobre si abriría una investigación.
Pero la CPI es un tribunal de última instancia: no reemplaza a los tribunales nacionales a menos que un país se niegue a iniciar una investigación imparcial, explicó Miller. Canadá aún tiene que hacer esto.
“Han sabido de todas estas cosas durante décadas y no han hecho nada”, dijo, sobre los crímenes cometidos en las escuelas residenciales, que han sido ampliamente documentados. "Se supone que Canadá es este bastión de los derechos humanos, y es una vergüenza absoluta que ni siquiera podamos hacer una investigación imparcial de esto, que es claramente un crimen de lesa humanidad".
Barreras a la justicia
Aparte de un enjuiciamiento de la CPI, existen otros caminos hacia los cargos penales.
Cualquier agente del orden público en Canadá puede iniciar cargos, como asesinato o agresión sexual, según el Código Penal, la ley que establece los delitos penales en Canadá. Pero si un oficial quisiera acusar a un individuo o institución de un crimen bajo la Ley de Crímenes de Lesa Humanidad y Crímenes de Guerra - genocidio, por ejemplo - necesitaría el consentimiento del fiscal general de Canadá.
Aquí es donde se complica, ya que este requisito, en la práctica, significa que el propio gobierno estaría en condiciones de bloquear el cargo. En el gobierno de Canadá, el fiscal general litiga en nombre de la Corona y es el principal asesor legal del gobierno canadiense.
"Hasta donde yo sé, la policía no ha presentado cargos, por lo que aún no se requiere consentimiento", explicó el abogado general de NWAC, Steven Pink, quien cuestionó por qué la policía ha tardado tanto en buscar justicia. “Es nuestra posición que hay pruebas abrumadoras de un genocidio en Canadá”, dijo, señalando a los 7.000 supervivientes de escuelas residenciales que testificaron ante la CVR.
Phypers, Miller y el NWAC han pedido al fiscal general David Lametti, quien también es ministro de justicia de Canadá, que consienta los cargos, siempre y cuando se presenten. Lametti aún no se ha comprometido con esto.
"El ministro de justicia está examinando todas las opciones que caen dentro de la cartera de justicia para promover la verdad y la justicia en relación con esta tragedia nacional", dijo a Al Jazeera Chantalle Aubertin, secretaria de prensa de Lametti. “Es importante señalar que la investigación de delitos es competencia exclusiva de la policía. El ministro de justicia y el fiscal general de Canadá no inician investigaciones penales ".
Sin embargo, Miller dijo que si el ministro “se tomara muy en serio la exploración de todas las opciones, y puedo decirles que lo hemos pedido por escrito, aprobarían una ley que crearía un cuerpo de policía independiente para investigar esto y les permitiría hacerlo. hazlo".
“Entonces, que él diga que está considerando todas las opciones y que no puede forzar una investigación y todo eso, eso es basura”, dijo Miller, quien agregó que Lametti puede solicitar a la policía municipal que cree una investigación independiente. “Simplemente no quieren”, dijo.
Al Jazeera preguntó a la oficina de Lametti si tomaría estos pasos, pero no recibió una respuesta a tiempo para su publicación.
'La gente está muy enojada'
La NWAC ha pedido a la fuerza policial federal de Canadá, la Real Policía Montada de Canadá (RCMP) que declare los sitios de las escuelas residenciales como escenas del crimen e investigue a las personas responsables de los delitos cometidos allí.
Pero Phypers cuestionó si la RCMP podría realizar una investigación imparcial, ya que era la autoridad que hacía cumplir las leyes relacionadas con las escuelas residenciales y les quitaba a los niños indígenas a sus padres. Al Jazeera preguntó a la RCMP si investigarían, pero no respondieron la pregunta.
En todo Canadá, las fuerzas policiales están investigando el vandalismo reciente y la quema de iglesias como delitos de odio, pero aún no está claro si la policía está investigando delitos en las escuelas residenciales.
“Para mí está claro que la gente está muy enojada por estos descubrimientos y claramente culpa a la iglesia, y es por eso que estas iglesias están siendo quemadas simbólica y realmente”, dijo Phypers.
Si las tumbas se encontraran en una propiedad privada en lugar de en sitios de escuelas residenciales, dijo que la policía probablemente ya habría abierto una investigación. “Habrían dicho, ¿de dónde vienen estos cuerpos y quién es el responsable de ponerlos allí? Cuando ahora está vinculado a una iglesia y al gobierno, no tienes la misma reacción ".
Pero Phypers dijo que espera que la presión pública empuje a la policía a abrir investigaciones imparciales que resulten en enjuiciamientos y juicios penales en todo el país. "Espero que, tras todos estos descubrimientos de fosas comunes, eso los motive a actuar con rapidez, especialmente a medida que ese número sigue aumentando".
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