![Un estudiante universitario asiste a una protesta dentro de la Universidad de Teherán mientras la policía iraní arroja una granada de humo en Teherán, Irán, el 30 de diciembre de 2017 [AP]](http://www.aljazeera.com/mritems/imagecache/mbdxxlarge/mritems/Images/2018/1/9/e04f56e5ca2f4154b80cd08b5763548e_18.jpg "Las protestas socioeconómicas de Irán son inherentemente políticas")
"Somos trabajadores. No somos políticos".Este es un eslogan que apareció en una serie de pancartas presentadas por trabajadores de la Municipalidad de Andimeshk en el sur deIrán durante sus protestas sobre los salarios impagos a principios de este año.
A primera vista, el lema parece ser una confirmación de algunos de los recientes análisis y comentarios sobre las protestas que sacudieron a Irán en las últimas dos semanas. Fueron descritos como un "levantamiento socioeconómico" o una "revuelta económica" desprovista de raíces políticas, a pesar del hecho de que muchos lemas se dirigieron directamente al establecimiento político .
Las autoridades iraníes han aprovechado esa distinción para diferenciar entre quienes, en su opinión, tienen frustraciones económicas "legítimas" y quienes simplemente crean "disturbios políticos".
Innegablemente, la economía está en el centro de las quejas que han llevado a la insatisfacción del pueblo con el status quo a un punto de ebullición. La mala gestión económica y la corrupción arraigada han dado lugar a una alta tasa de desempleo, inflación y desigualdades socioeconómicas cada vez mayores. Las medidas de austeridad del gobierno no solo han afectado a la clase trabajadora, sino que también han impactado cada vez más a los sectores más bajos de la clase media urbana .
Esto se ha visto agravado por el efecto de las sanciones económicas y financieras que se cree que han contribuido al deterioro del nivel de vida. En 2013, Human Rights Watch informó que los activistas por los derechos de los trabajadores le habían dicho a la organización cómo las sanciones habían " empeorado la difícil situación de los trabajadores " al afectar negativamente a las unidades de fabricación. Además, las expectativas de las administraciones de una afluencia de inversiones extranjeras después del acuerdo nuclear no se han cumplido hasta ahora .
Falsa dicotomía entre las demandas socioeconómicas y políticas
A pesar del claro papel de los factores económicos en las recientes protestas, un análisis más profundo apunta a la inadecuación de crear una dicotomía aguda entre las demandas "socioeconómicas" y "políticas".
La sugerencia de que las protestas de la clase obrera están desprovistas de demandas políticas se deriva en parte de una lectura sesgada de clase de los movimientos sociales. El reclamo tiende a asignar una serie de demandas basadas en el estatus social y económico de los involucrados, por lo que se presume que la clase trabajadora (a diferencia de la clase media) no tiene aspiraciones políticas.
Más aún, tal dicotomía podría implicar falsamente que abordar los reclamos económicos es posible sin grandes concesiones políticas y cambios estructurales fundamentales. En realidad, las demandas políticas están intrínsecamente entretejidas en agravios socioeconómicos en el caso de Irán.
Un ejemplo revelador de esta interconexión es la controversia presupuestaria que surgió en las semanas previas a las protestas. El proyecto de ley del presidente Hassan Rouhani, presentado al parlamento en diciembre de 2017, se enfocó en el programa de transferencia de dinero en efectivo para las familias de menores ingresos, reduciendo el número de beneficiarios en 30 millones. Al mismo tiempo, divulgó los nombres de instituciones religiosas y culturales conservadoras que reciben grandes asignaciones presupuestarias con poca o ninguna supervisión y responsabilidad.
Muchas de estas instituciones tienen como objetivo la propagación y preservación de visiones de gobernanza específicas y patrocinadas por el estado en apoyo del sistema político actual (en particular velayat-e faqih o el principio de la tutela del Jurista islámico).
La incapacidad del gobierno -si de hecho tiene la voluntad política- de deslegitimar los fondos asignados a estas instituciones es un testimonio del propio diseño de la estructura política del país que efectivamente limita la autoridad del gobierno cuando se trata de cuándo y dónde gastar los fondos públicos. .
El año pasado, un diputado presidencial se quejó de que las manos de la administración "están atadas". La afirmación de tales restricciones, por supuesto, no absuelve las fallas del gobierno y las violaciones de los derechos de las personas, sino que apunta a la estructura misma del sistema político en Irán.
Por lo tanto, no es sorprendente que un sistema que impone limitaciones importantes a uno de sus principales órganos electos limite y controle severamente los canales de expresión y participación política de la sociedad. Esto es particularmente evidente cuando se trata de sindicatos.
Sindicatos atacados
Los sindicatos y un movimiento laboral independiente se encuentran entre los canales más efectivos para la negociación colectiva e influyen en las decisiones económicas . En Irán, sin embargo, los sindicatos independientes han estado bajoataques consortes desde la Revolución de 1979. Esto se refleja en la clasificaciónde Irán en la Categoría 5 ("sin garantía de derechos") de la Confederación Sindical Internacional.
Según el Código de Trabajo de Irán, la movilización y representación de los trabajadores solo está permitida a través de los Consejos Laborales Islámicos o las Asociaciones Comerciales, ninguna de las cuales es independiente.
Según la ley, los Consejos Islámicos del Trabajo, que han sido desproporcionadamente favorecidos por el Estado, se supone que "propagan y diseminan la cultura islámica y defienden los logros de la revolución islámica". Por lo tanto, no están legalmente previstos como un mecanismo para proteger los derechos de los trabajadores. En cambio, están diseñados fundamentalmente para preservar el establecimiento político.
Por otro lado, las Asociaciones Comerciales no solo requieren la aprobación del estado, sino que también son propensas a serias interferencias en su funcionamiento por parte del estado. Por lo tanto, el marco legal actual proporciona a los trabajadores de Irán muy pocas posibilidades de mejorar sus condiciones de trabajo e influir en la formulación de políticas a través de canales reconocidos oficialmente.
Frente a la represión estatal en las últimas décadas, los trabajadores se han movilizado valientemente para formar sindicatos independientes como la Unión de Trabajadores Libres de Irán, la Asociación de Profesores de Irán (ITTA) y el Sindicato de Trabajadores de Teherán y Suburbios. Empresa.
Aunque al menos 17 (de las 31) sucursales del ITTA están registradas oficialmente, su capacidad para defender los derechos de los docentes desde el punto de vista organizativo y político ha seguido siendo limitada, y muchos de sus principales miembros han sido encarcelados. Ninguno de los otros dos sindicatos ha recibido permiso oficial para operar.
Además, los sindicalistas y los trabajadores independientes que participan en el activismo para reclamar sus derechos sufren persecución sistemática y sistemática, incluso mediante la intimidación, el arresto y la prisión. En mayo de 2016, diecisiete mineros de la mina de oro Agh Dareh en la provincia de Azerbaiyán Occidental fueron objeto de azotes y multa en efectivo. Su veredicto llegó después de que su empleador presentara una queja en represalia por su acción colectiva en protesta contra el despido de 350 trabajadores.
Además de las penas de prisión, algunos tribunales han sometido a los sindicalistas a prohibiciones tales como "membresía en partidos políticos y sociales, grupos o colectivos" y "participación en el espacio en línea, los medios y la prensa" en un aparente intento de silenciarlos. Este es un claro ejemplo de cómo las infracciones a los derechos políticos están vinculadas a la realización de demandas económicas.
Irán necesita importantes reformas legales
Luego de las recientes protestas, varios funcionarios de varias facciones reconocieron la legitimidad de las quejas económicas de las personas e instó a la población descontenta a continuar sus protestas a través de "canales legales".
Sin embargo, estos "canales legales" siguen siendo extremadamente limitados dada la prohibición de los sindicatos independientes, así como las restricciones indebidas que se imponen, en la ley y en la práctica, a las libertades de expresión, asociación y reunión.
De hecho, una medida concreta que podría otorgar a estas declaraciones oficiales una sinceridad sería revisar y enmendar las leyes del país, incluido el Código del Trabajo con miras a legalizar los sindicatos independientes, proteger a los activistas de los derechos de los trabajadores contra las represalias y garantizar garantías civiles y derechos politicos.
En ausencia de tales reformas legales importantes, los reconocimientos oficiales de frustraciones y los llamados a buscar agravios a través de "canales legales" equivalen a una retórica vacía. El Estado no puede, por un lado, eliminar los instrumentos primarios para reclamar derechos sociales y económicos (como la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica) y, al mismo tiempo, ofrecer proclamas de simpatía por agravios económicos.
Los trabajadores de la municipalidad de Andimeshk eran quizás muy conscientes de la persecución que enfrentarían si las autoridades perciben su acción colectiva como subversiva y "política". Por lo tanto, su proclamación "no somos políticos" no debe leerse como una confirmación de la falsa dicotomía entre lo económico y lo político. Con toda probabilidad, es un intento de aliviar el riesgo de persecución que más cargará sus ya precarias vidas.
Las opiniones expresadas en este artículo son del autor y no reflejan necesariamente la política editorial de Al Jazeera.
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