Cómo el petróleo, las drogas y la inmigración impulsaron la campaña de EE. UU. contra Venezuela
Nuevos detalles revelan cómo agendas cruzadas dentro del gobierno de Trump condujeron a una confrontación cada vez más militarizada.
Edward WongTyler PagerCharlie SavageJulian E. Barnes y Maria Abi-Habib
A lo largo de este año, los reporteros han cubierto las políticas del gobierno de Donald Trump hacia Venezuela. Este reportaje fue realizado desde Washington y América Latina.
En una noche primaveral en el Despacho Oval, el presidente Donald Trump preguntó al secretario de Estado, Marco Rubio, cómo ser más duro con Venezuela.
Era poco antes del Día de los Caídos, y los legisladores cubanoestadounidenses antizquierdistas —cuyos votos Trump necesitaba para sacar adelante su principal proyecto de política interna— lo presionaban para apretar el cerco sobre Venezuela deteniendo las operaciones petroleras de Chevron en el país. Pero Trump no quería perder la única presencia estadounidense en la industria petrolera de Venezuela, donde China es el mayor actor extranjero.
El presidente estaba considerando permitir que Chevron continuara. Pero le dijo a Rubio, un veterano belicista respecto a Venezuela y Cuba, que tenían que demostrar a los legisladores y a otros escépticos que podían hacer caer el martillo sobre Nicolás Maduro, el líder político de izquierda autocrático de Venezuela, a quien Trump había intentado derrocar en su primer mandato.
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Otro asesor presente en la sala, Stephen Miller, dijo que tenía ideas. Como asesor de seguridad nacional de Trump, había estado hablando con otros funcionarios sobre la promesa electoral de Trump de bombardear los laboratorios de fentanilo. Por diversas razones, esa idea se había desvanecido, y, en las últimas semanas, Miller había pasado a explorar ataques contra embarcaciones sospechosas de transportar drogas desde las costas de Centroamérica.
Las deliberaciones de Miller no se habían enfocado en Venezuela, que no produce fentanilo. Pero esa noche comenzaron a confluir tres objetivos de política distintos: debilitar a Maduro, emplear la fuerza militar contra los cárteles de la droga y asegurar el acceso de empresas estadounidenses a las vastas reservas petroleras de Venezuela.
Dos meses después, Trump firmó una directiva secreta en la que ordenaba al Pentágono llevar a cabo operaciones militares contra los cárteles de la droga latinoamericanos y solicitaba específicamente ataques marítimos. Aunque la justificación eran las drogas en general, la operación concentraría un enorme poder de fuego naval frente a la costa venezolana
El resultado ha sido una campaña de presión cada vez más militarizada destinada a sacar a Maduro del poder.
La campaña ha estado marcada por ataques estadounidenses que han causado la muerte de al menos 105 personas en embarcaciones del Caribe y del Pacífico oriental, un cuasibloqueo de petroleros que entran y salen de puertos venezolanos y amenazas de Trump de llevar a cabo ataques terrestres en Venezuela.
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Refleja los impulsos convergentes de Rubio y Miller, quienes han trabajado en tándem en políticas contra Maduro. Cada uno ha llegado a este punto con la mira puesta en objetivos largamente sostenidos: para Rubio, hijo de inmigrantes cubanos y también asesor de seguridad nacional de Trump, la oportunidad de derrocar o debilitar a los gobiernos de Venezuela y de su aliado, Cuba; y para Miller, arquitecto de las políticas antiinmigración de Trump, se trata de una oportunidad de impulsar su objetivo de deportaciones masivas y de golpear a los grupos criminales de América Latina.
Este relato de cómo Venezuela pasó a ocupar un lugar central en la agenda de política exterior del gobierno este año —hasta el punto de una posible guerra— se basa en entrevistas con funcionarios estadounidenses actuales y anteriores, casi todos los cuales aceptaron hablar únicamente bajo condición de anonimato debido a la sensibilidad de los asuntos de seguridad nacional. Entre los hallazgos:
Miller dijo a los funcionarios de la Casa Blanca en primavera que exploraran formas de atacar a los cárteles de la droga en torno a sus países de origen en América Latina. Miller quería ataques capaces de atraer la atención generalizada para generar un efecto disuasorio.
La atención sobre Venezuela se intensificó a partir de finales de mayo, cuando Trump se mostró molesto por las duras negociaciones con Chevron. El petróleo venezolano ha sido más central en las deliberaciones de Trump de lo que se había informado previamente.
En reuniones a comienzos de verano, Rubio y Miller hablaron con Trump sobre atacar a Venezuela. El presidente pareció dejarse convencer por el argumento de Rubio de que Maduro debía ser visto como un capo del narcotráfico.
Miller les dijo a funcionarios que si Estados Unidos y Venezuela estuvieran en guerra, el gobierno de Trump podría volver a invocar la Ley de Enemigos Extranjeros, una norma del siglo XVIII, para acelerar la deportación de cientos de miles de venezolanos a quienes el gobierno despojó de su estatus de protección temporal. Él y Rubio la habían utilizado a principios de año para deportar sumariamente a cientos de venezolanos a una tristemente célebre prisión de El Salvador, hasta que fallos judiciales lo impidieron.
La orden secreta para acciones militares contra los cárteles que Trump firmó el 25 de julio, en la que se ordenan ataques marítimos, es la primera directiva escrita conocida del presidente sobre este tipo de operaciones. Los funcionarios del gobierno se refirieron a los ataques a las embarcaciones como “Fase Uno”, con el Equipo SEAL 6 a la cabeza. Han hablado de una vaga “Fase Dos”, en la que unidades Delta Force del ejército podrían llevar a cabo operaciones terrestres.
El secretario de Defensa, Pete Hegseth, mantuvo a muchos militares uniformados de carrera y abogados al margen de la redacción de la “orden de ejecución” que guía los ataques a los barcos. Como resultado, la orden presentaba vacíos problemáticos, entre ellos la ausencia de disposiciones sobre cómo tratar a los sobrevivientes.
Rubio, Miller y otros supervisaron un proceso a menudo desordenado y envuelto en el secreto. Su capacidad para mantener la planificación dentro de un círculo cerrado se ha visto facilitada por el vaciamiento, a lo largo del año, de partes de la burocracia federal, incluido el Consejo de Seguridad Nacional, que coordina las discusiones interinstitucionales.
En septiembre, el gobierno avanzó hacia lo que hasta ahora ha sido la etapa más sangrienta de su campaña contra Maduro. Esta suma ya 29 ataques letales contra embarcaciones en los últimos cuatro meses, operaciones que muchos expertos jurídicos califican como asesinatos o crímenes de guerra. El gobierno afirma contar con inteligencia que vincula a las embarcaciones con el narcotráfico, pero no ha presentado públicamente pruebas que respalden esa afirmación.
Anna Kelly, portavoz de la Casa Blanca, dijo en un comunicado que el gobierno estaba trabajando “para cumplir con la agenda del presidente de mantener este veneno fuera de nuestras comunidades”.
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Rubio dijo a los periodistas el 19 de diciembre que el objetivo de los ataques contra embarcaciones era garantizar que “nadie quiera volver a subirse a barcos de la droga”, inculcándoles un “miedo a la parca”.
Y reiteró que el Departamento de Justicia había obtenido en 2020 una acusación formal de un gran jurado contra Maduro, por cargos de colaborar con productores colombianos de cocaína, que en ocasiones envían su mercancía a través de Venezuela.
‘Invasión’ en primavera
Las semillas de la militarización del enfoque hacia Maduro y los venezolanos se sembraron en febrero, cuando Rubio cerró a un acuerdo con Nayib Bukele, el líder autoritario de El Salvador, en su residencia junto al lago: Estados Unidos pagaría cerca de 5 millones de dólares para enviar a unos 300 venezolanos acusados de pertenecer a pandillas al Centro de Confinamiento del Terrorismo de El Salvador, conocido como CECOT.
Poco después de su visita a Bukele, Rubio designó a ocho grupos criminales latinoamericanos como organizaciones terroristas extranjeras. El Tren de Aragua, una pandilla venezolana, encabezaba la lista.
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Miller ya había identificado una herramienta legal para eludir el debido proceso: la Ley de Enemigos Extranjeros, una norma del siglo XVIII que permite la detención inmediata y la deportación de ciudadanos de un país que haya invadido Estados Unidos o que esté en guerra con él.
Trump firmó en marzo una orden ejecutiva invocando la ley, con un título que advertía sobre “la invasión de Estados Unidos por el Tren de Aragua”. En retrospectiva, la orden fue una importante salva inicial contra Maduro: por parte del gobierno, fue el primer encuadre formal de Maduro y Estados Unidos como si estuvieran en una suerte de guerra. Contrariamente a una evaluación secreta de los servicios de inteligencia estadounidenses, afirmó que el Tren de Aragua era un instrumento de Maduro.
Muchos de los más de 250 hombres venezolanos enviados a El Salvador no tenían vínculos con el Tren de Aragua ni antecedentes penales relevantes, y algunos han descrito torturas y abusos generalizados en la prisión del CECOT.
Los tribunales pronto dictaminaron que la inmigración ilegal no cuenta como el tipo de invasión que justifica el uso de la ley de deportación en tiempo de guerra. Pero, más tarde, Miller habló de reactivar el uso de la Ley de Enemigos Extranjeros si Estados Unidos estuviera en una guerra real con Venezuela, según dijo un exfuncionario estadounidense.
Al mismo tiempo, Miller estaba explorando políticas no relacionadas con Venezuela que, como las deportaciones, tenían sus raíces en la llamada guerra de Estados Unidos contra el terrorismo. Consideró la idea de bombardear laboratorios de fentanilo en México. Pero quedó claro que los dirigentes mexicanos no darían su consentimiento, y el gobierno temía perder su cooperación en asuntos relacionados con las drogas y la migración. The Washington Post informó previamente sobre las conversaciones de Miller sobre atacar a los cárteles en México.
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A principios de mayo, el equipo de Miller empezó a pedir más opciones para usar la fuerza contra los cárteles de la droga.
Funcionarios de la Casa Blanca y otras personas barajaron ideas relativamente más limitadas, como utilizar a la CIA para llevar a cabo ataques encubiertos contra embarcaciones atracadas que no tuvieran personas a bordo. Nota del autor del blog ¿sería operaciones encubiertas d e la CIA las que descarrilaron el tren interoceánico de méxico ayer? Pero el equipo de Miller quería dar publicidad a los ataques. Los funcionarios también discutieron la posibilidad de volar embarcaciones falsas de narcotráfico para infundir miedo entre los traficantes. Pero los ayudantes de Miller querían los de verdad, dijeron los funcionarios.
En junio, circulaba por el Pentágono una petición para explorar una posible operación marítima. Aún no estaba centrada en Venezuela, pero eso cambiaría pronto, impulsado por el interés que Trump muestra desde hace años por el recurso más valioso del país.
Enfrentamiento por el petróleo
Durante años, Chevron se ha aferrado a un privilegio único en el mundo empresarial estadounidense: el permiso de los gobiernos de Estados Unidos y Venezuela para producir y exportar petróleo en empresas conjuntas.
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Por ese motivo, la empresa se convirtió este año en una ficha de negociación en una serie de conversaciones secretas entre Trump, Maduro y legisladores estadounidenses, y quedó entrelazada con un giro decisivo de Trump hacia la acción militar.
Todo comenzó cuando legisladores cubanoestadounidenses presionaron a Trump a comienzos de este año para poner fin a la licencia confidencial otorgada a Chevron durante el gobierno de Joe Biden. Después de que Trump y Rubio anunciaran a finales de febrero que lo harían, Maduro dejó de aceptar vuelos de deportación de venezolanos. El 31 de enero Maduro había acordado con Richard Grenell, enviado especial de Trump, recibir esos vuelos.
El director ejecutivo de Chevron, Mike Wirth, hizo gestiones ante el gobierno para lograr una extensión de la licencia y habló con Trump en varias ocasiones durante los meses siguientes.
Cuando los legisladores cubanoestadounidenses se enteraron de que la licencia podía prorrogarse, amenazaron con retener sus votos a favor de la legislación emblemática de Trump, la llamada One Big Beautiful Bill (Una gran y bella ley, en español).
En la reunión en el Despacho Oval a fines de mayo, Trump les dijo a Rubio y a Miller que necesitaba aprobar la ley. Pero dijo que había oído hablar de los inconvenientes de poner fin a la licencia, entre ellos que empresas chinas se quedarían con las participaciones de Chevron, dijo un funcionario.
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El presidente exigió opciones. Fue entonces cuando Miller se ofreció a ayudar. Llevaba tiempo cultivando sus ideas sobre deportaciones masivas y ataques contra embarcaciones.
Trump no renovó la licencia de Chevron cuando venció el 27 de mayo. Su proyecto de ley de política interior se aprobó en el Congreso cinco semanas después.
El presidente celebró una serie de reuniones en la Casa Blanca sobre la conveniencia de atacar a Venezuela. En una de ellas, a principios de verano, en la que participaron Rubio, Miller y Grenell, Rubio sostuvo que Maduro era un capo del narcotráfico, una caracterización que, según un funcionario, pareció calar en Trump.
A finales de julio, Trump dio marcha atrás sobre la licencia de Chevron. Ordenó al Departamento del Tesoro que emitiera una con condiciones modificadas. Eso ocurrió aproximadamente cuando Maduro liberó a 10 prisioneros estadounidenses a cambio de los más de 250 venezolanos que el gobierno de Trump había enviado a CECOT, la prisión salvadoreña. Y Trump se había dejado convencer por el argumento de Wirth de que Chevron era un baluarte contra China.
Pero entre bastidores, Trump fijó el rumbo de la confrontación. El 25 de julio firmó una orden secreta por la que ordenaba al Pentágono que actuara contra los grupos de narcotráfico, lo que puso en marcha la persecución de los venezolanos.
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Verano de secretismo
Esa directiva secreta de Trump se mantuvo en un círculo muy reducido antes de que The New York Times informara sobre su existencia a principios de agosto.
La orden, de dos páginas, contenía una propuesta por escrito de ataques contra embarcaciones de la que no se había informado previamente. Ordenaba a Hegseth atacar barcos en aguas internacionales que transportaran drogas para cualquiera de los 24 grupos “narcoterroristas” latinoamericanos. La lista adjunta incluía algunos de Venezuela.
En gobiernos anteriores, numerosos abogados militares y expertos operativos del Pentágono habrían sido invitados a reuniones para discutir la directiva. El Consejo de Seguridad Nacional habría convocado discusiones interinstitucionales. Nada de eso ocurrió.
Aunque la orden militar permaneció inicialmente en secreto, las acciones públicas del gobierno apuntaban a que Maduro era el objetivo final de la campaña.
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La lista secreta de 24 grupos incluía a los principales cárteles y grupos que el gobierno de Trump había designado formalmente como terroristas, junto con numerosas pandillas mexicanas relativamente desconocidas. El mismo día en que Trump firmó la directiva, el Departamento del Tesoro anunció sanciones contra el “Cartel de los Soles”, un término coloquial que se refiere a la corrupción ligada al narcotráfico en las fuerzas armadas venezolanas, declarándolo una organización terrorista liderada por Maduro. El nombre figuraba al final de la lista secreta de Trump.
El 27 de julio, Rubio declaró que Maduro había robado unas elecciones un año antes y que era el jefe de un cártel y no un presidente legítimo. Poco más de una semana después, él y la fiscala general Pam Bondi anunciaron la duplicación de una recompensa por información que condujera a la detención o condena de Maduro, hasta 50 millones de dólares.
Por la misma época, un funcionario con escasa experiencia en derecho de seguridad nacional, designado por Trump, estaba redactando un memorando del Departamento de Justicia que sostenía que los ataques contra embarcaciones serían legales en virtud de los poderes de guerra de Trump. El aval legal ya estaba preparado para fines de julio, cuando el Senado confirmó a los dos principales abogados encargados de examinar una operación de este tipo: T. Elliot Gaiser, jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica del Departamento, y Earl Matthews, asesor general del Pentágono. Básicamente, se les presentó un acuerdo cerrado.
Los funcionarios de la Oficina de Asesoría Jurídica informaron oralmente al gobierno de que la operación sería legal, y luego finalizaron su memorándum escrito el 5 de septiembre. Cuando los abogados de otros organismos plantearon sus dudas, se les dijo que no había nada que debatir porque el Departamento de Justicia ya había dado su aprobación.
En el Pentágono, un pequeño círculo de funcionarios se volcó a la planificación operativa secreta de los ataques contra embarcaciones.
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Hegseth firmó una orden de ejecución que estableció el marco operativo de los ataques. Fechada el 5 de agosto y redactada sin aportes de muchos funcionarios de carrera del Pentágono, la orden tomó lenguaje de directivas anteriores elaboradas para ataques con drones contra objetivos de Al Qaeda en lugares como zonas rurales de Yemen.
Carecía de elementos cruciales para las operaciones marítimas, incluida cualquier mención sobre qué hacer con los náufragos que hubieran sobrevivido a un ataque, dijeron los funcionarios.
Durante la planificación, un asesor de Miller, Anthony Salisbury, presionó al Pentágono para encontrar formas de ampliar el alcance de las operaciones, incluida la flexibilización de los criterios, como el nivel de certeza que los mandos militares necesitarían para considerar que un objetivo cumple con los requisitos. El general Dan Caine, jefe del Estado Mayor Conjunto, aconsejó que los militares establecieran criterios para la selección de objetivos a partir de las lecciones aprendidas de las guerras posteriores al 11 de septiembre. Kelly, la portavoz de la Casa Blanca, dijo que el relato sobre el papel de Salisbury era “inventado”.
Hegseth dejó en gran medida fuera del proceso al almirante Alvin Holsey, jefe del Mando Sur, que supervisa las fuerzas de la región. Holsey había empezado a plantear dudas sobre los planes. Durante varios meses, Hegseth había sostenido que el almirante no estaba llevando a cabo la misión contra el narcotráfico con la suficiente agresividad. Holsey anunció bruscamente en octubre que abandonaría su puesto antes de tiempo, a finales de año. Sus motivos siguen sin estar claros. Nota del autor del blog creo se le ordenó volver a bombardear a los náufragos. pasaron el video en secreto en el parlamento.
El Pentágono también eludió un proceso conocido como Respuesta Operacional a Amenazas Marítimas, que se utiliza para recabar aportes de distintos organismos cuando se propone una acción marítima con implicaciones internacionales, dijo William Baumgartner, contralmirante retirado de la Guardia Costera y abogado que supervisó operaciones en el Caribe.
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El 2 de septiembre, cuando fuerzas estadounidenses detectaron una lancha rápida con 11 personas a bordo, Hegseth dio la orden de atacar. Trump publicó un video editado que mostraba un único ataque que hacía volar la embarcación en pedazos.
Entre los restos
De hecho, tras el impacto del primer misil, dos hombres salieron del agua, treparon al casco volcado y comenzaron a hacer señas, dijeron personas que habían visto un video completo del ataque.
Frank Bradley, el comandante de tres estrellas del Mando Conjunto de Operaciones Especiales, la fuerza que llevó a cabo el ataque, había ensayado en agosto escenarios en los que podría haber sobrevivientes. Ordenó ataques adicionales, hundiendo los restos y matando a los primeros sobrevivientes.
Pronto siguieron otros. Mientras Rubio se convertía en el defensor público de los ataques, Miller se convertía en el supervisor en la Casa Blanca: convocaba reuniones periódicas del grupo en las que participaban el Pentágono y otras agencias. The Guardian había informado previamente sobre su papel.
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Entonces, el 16 de octubre, tras un ataque en el mar Caribe, los militares localizaron a dos sobrevivientes.
Esta vez, un helicóptero recogió a los hombres y los llevó a bordo del USS Iwo Jima. El gobierno estadounidense no tardó en enviarlos de vuelta a sus países de origen, Colombia y Ecuador. No han sido imputados en sus países.
El episodio desencadenó un secreto —y tardío— alboroto en el Pentágono sobre la cuestión de los sobrevivientes. En llamadas separadas con el Departamento de Estado, funcionarios del Pentágono llegaron a proponer enviarlos al CECOT, la prisión salvadoreña, repatriarlos o trasladarlos a un tercer país.
Abogados militares revisaron en varias ocasiones la escueta “orden de ejecución” para incluir disposiciones sobre los sobrevivientes, dijeron funcionarios. Otros funcionarios indicaron que los cambios reflejaban una planificación previa. Las modificaciones establecían que los militares debían tratar a los detenidos de acuerdo con el derecho internacional.
Pero altos funcionarios dejaron claro en conversaciones internas que la mejor opción, si se detectaban sobrevivientes en el agua, era pedir a un gobierno cercano que los recogiera en lugar de que lo hicieran fuerzas estadounidenses, dijo un funcionario.
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El Pentágono declinó hacer comentarios, siguiendo su práctica habitual sobre la ejecución de órdenes.
Mientras continúan los ataques, Trump, Rubio y Miller han pasado a la siguiente fase de la campaña contra Maduro: la incautación de petroleros para privar a Venezuela de ingresos. Dicen que Maduro debe devolver el petróleo y otros bienes “robados” a Estados Unidos antes de que levanten lo que Trump ha calificado de bloqueo.
En sus primeras semanas, la táctica ha sacudido la economía de Venezuela al paralizar su industria petrolera. Los críticos lo llaman diplomacia de cañoneras o, como lo expresa Maduro, “una pretensión belicista y colonialista”.
Eric Schmitt colaboró con reportería desde Washington.
Edward Wong cubre los asuntos globales, las políticas internacionales estadounidenses y el Departamento de Estado para el Times.
Tyler Pager es corresponsal del Times en la Casa Blanca, donde cubre a Donald Trump y su gobierno.
Charlie Savage escribe sobre la seguridad nacional y las políticas legales para el Times.
Julian E. Barnes cubre las noticias relacionadas con las agencias de inteligencia estadounidenses y los asuntos de seguridad internacional para el Times. Lleva más de dos décadas reportando sobre temas de seguridad.
Maria Abi-Habib es corresponsal de investigación y cubre América Latina desde Ciudad de México.
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