Perú declara estado de emergencia en todo el país ante la profundización de la crisis
El expresidente Pedro Castillo pide a sus simpatizantes que vayan a la prisión donde se encuentra recluido mientras los fiscales solicitan una detención de 18 meses.
Perú ha declarado un estado de emergencia nacional en medio de una semana de protestas y agitación política tras la destitución y arresto del expresidente Pedro Castillo.
El ministro de Defensa peruano, Alberto Otarola, anunció el miércoles la nueva medida de 30 días, que dijo implicaba “la suspensión de la libertad de circulación y reunión” y podría incluir un toque de queda por “actos de vandalismo y violencia”, incluidos bloqueos de carreteras.
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“La Policía Nacional con el apoyo de las Fuerzas Armadas velará por el control en todo el territorio nacional de los bienes muebles y, sobre todo, de la infraestructura estratégica y la seguridad y bienestar de todos los peruanos”, dijo el ministro.
La medida se produjo cuando un juez ordenó que Castillo permaneciera en prisión por cargos de “rebelión” y “conspiración” durante otras 48 horas antes de una audiencia de liberación.
Los partidarios de Castillo han salido a las calles de la nación sudamericana para exigir la liberación del líder de izquierda, así como nuevas elecciones y la destitución de su sucesora, la exvicepresidenta Dina Boluarte .
La crisis comenzó la semana pasada cuando Castillo, un ex maestro rural y líder sindical que asumió el cargo en julio del año pasado, anunció planes para disolver el Congreso de Perú y gobernar por decreto.
La medida fue ampliamente denunciada como inconstitucional y llevó a la legislatura liderada por la oposición el miércoles pasado a votar abrumadoramente a favor de destituirlo en el tercer intento de juicio político de su presidencia asediada.
Boluarte asumió poco después como la primera mujer presidenta de Perú y Castillo fue arrestado y trasladado a una prisión policial cerca de la capital, Lima, donde aún permanece detenido.
Los fiscales peruanos dijeron esta semana que buscan 18 meses de prisión preventiva para Castillo, quien ha rechazado las acusaciones en su contra y dijo que está siendo “injusta y arbitrariamente detenido”.
La Corte Suprema de Perú se reunió el miércoles para considerar la solicitud de la fiscalía, pero luego suspendió la sesión hasta el jueves.
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Castillo pidió a sus simpatizantes que acudieran el miércoles por la tarde a las instalaciones policiales donde se encuentra recluido, argumentando que debería ser liberado después de un período inicial de siete días de detención preliminar que expira más tarde ese mismo día.
También instó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos a interceder en su favor.
"¡Basta ya! El ultraje, la humillación y el maltrato continúan. Hoy me restringen la libertad nuevamente con 18 meses de prisión preventiva”, escribió en un mensaje publicado en Twitter. “Hago responsables a los jueces y fiscales de lo que sucede en el país”.
La Defensoría del Pueblo de Perú redujo este martes a seis el número de muertos por las manifestaciones. Las protestas fueron particularmente prominentes en las zonas rurales del país donde el apoyo político de Castillo es más fuerte.
Boluarte, el nuevo presidente, ha tratado de sofocar los disturbios prometiendo celebrar elecciones anticipadas en lugar de terminar los tres años y medio restantes del mandato de Castillo, una demanda clave de los manifestantes durante la última semana.
El miércoles, volvió a decir que las elecciones podrían adelantarse, esta vez a diciembre de 2023. “Legalmente, funciona para abril de 2024, pero haciendo algunos ajustes podemos adelantarlas a diciembre de 2023”, dijo a los periodistas.
Boluarte también reiteró un llamado a la calma en las calles. “No podemos tener un diálogo si hay violencia entre nosotros”, dijo desde el palacio presidencial.
Pero los observadores han expresado su preocupación por el deterioro de la situación a medida que continuaban las protestas.
La jefa de la Defensoría del Pueblo de Perú, Eliana Revollar, dijo el martes a la agencia de noticias AFP que las cosas aún podrían empeorar. “Esta es una convulsión social muy grave”, dijo Revollar.
“Tememos que desemboque en un levantamiento porque hay gente que llama a la insurrección, que pide tomar las armas”.
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