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miércoles, 9 de abril de 2014

Las carìsimas viviendas en Israel:Con el cuento del ataque a las instalaciones nucleares iraníes, distraen al pueblo israelí; y es que los banqueros askenazis, ponen a sus candidatos en el gobierno, para que pongan numerosas trabas burocráticas a los emprendimientos inmobiliarios nuevos y así puedan lucrar y especular con las viviendas; además que se protegen de la quiebra masiva, pues el 40% de sus créditos se apoyan en una gigantesca burbuja. Extraído de Aurora Digital

Las carìsimas viviendas en Israel:Con el cuento del ataque a las instalaciones nucleares iraníes, distraen al pueblo israelí; y es  que los banqueros askenazis, ponen a sus candidatos en el gobierno, para que pongan numerosas trabas burocráticas a los emprendimientos inmobiliarios nuevos y así puedan lucrar y especular con las viviendas; además que se protegen de la quiebra masiva, pues el 40% de sus créditos se apoyan en una gigantesca burbuja. Extraído de Aurora Digital

El acceso a la vivienda en Israel.

http://www.aurora-israel.co.il/articulos/israel/Tecnologia/57364/

 Publicado 03/04/2014 11:43


Benito Roitman



Vista del barrio de Silwan, en Jerusalén Este, donde están proliferando urbanizaciones de judíos ortodoxos. C.R.





las 2 ultimas fotos las encontré en este blog:

http://pcastell.blogspot.com/2010/07/palestina.html


Esta primavera viene cargada.

 Llega repleta de promesas y desbordando amenazas.

Es, por lo visto, una primavera normal.
La inflación anual se mantiene por debajo del 3%, aunque la gente sospecha que cada vez le cuesta más conseguir que su salario le alcance; el mes pasado nos enteramos que el Primer Ministro y el Ministro de Defensa -de acuerdo a lo que informara el periódico Haaretz- habrían ordenado al ejército continuar preparándose para un posible ataque militar a las instalaciones nucleares de Irán; el espectáculo con mayor rating en la televisión es el que sigue diariamente los avatares del juicio a algún alto funcionario, en este caso el veredicto dictado al ex Primer Ministro Ehud Olmert y las demandas contra el Ministro de Energía Silvan Shalom; las conversaciones que habrían de conducir a negociaciones de paz con los palestinos corren el riesgo de cancelarse;

sigue la huelga de los funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores, pero es difícil enterarse de ello porque ni los periódicos la mencionan casi; varios ministros de la coalición amenazan con renunciar si el gobierno de la coalición -es decir, su gobierno- cumple lo que ha prometido (por ejemplo, completar la liberación de presos palestinos acordada en su momento con las autoridades americanas).

En fin, se trata efectivamente de los inicios de una primavera normal.

Mientras tanto, las estimaciones sobre el crecimiento de la economía israelí continúan siendo positivas, aunque sensiblemente inferiores al promedio de los últimos 10 años.

El crecimiento del PIB en el 2013 habría sido de un 3,3% (incluyendo un 0,8% por el efecto de la producción de gas) y se estima -por parte del Banco de Israel- que en el 2014 la economía crecerá al 3,1% (incluyendo 0,3% por efecto del gas) (1). Con base en estas estimaciones, el crecimiento del PIB por habitante estará cercano a 0.

Pero la preocupación económica del momento parece centrarse en el acceso a la vivienda,cada vez más dificil en función de su precio.

Testimonio de esa preocupación son los diferentes planes, programas y proyectos que se manejan con el loable propósito de reducirlo.

Es así que se nos asegura que el precio de la vivienda va a caer pronto, con las medidas inmediatas que está tomando el gobierno; vale pena entonces ubicarlas en el contexto más amplio del funcionamiento económico y social -y también político- del país.

En una nota anterior se recordaba que la vivienda ha incrementado su precio, en los últimos 6/7 años, en más del 50% en términos reales, y se mencionaban una serie de interpretaciones tendientes a explicar el porqué de ese incremento.

Entre esas interpretaciones, la referencia a la existencia de una “burbuja” que estuviera inflando el precio y que pudiera súbitamente explotar (con un eventual impacto desastroso sobre el sistema financiero bancario, cuyos préstamos hipotecarios representan el 40% de sus activos), sería una interpretación ya descartada en los círculos especializados (al menos, hace un tiempo ya que se habría dejado de mencionar).
Lo que parecería explicar de manera más generalizada esos incrementos es una combinación de circunstancias, entre las que cabe señalar:
.-una oferta relativamente rígida, que se ha situado en el orden de las 30,000/35,000 viviendas terminadas anualmente en los últimos años (2007 al 2012);
.- una probable aceleración de la demanda de viviendas por parte de inversores nacionales y extranjeros, en vista de la caída de las rentabilidades financieras en el país y en el exterior, especialmente a partir de la crisis del 2008;
.-la fuerte disminución de la participación publica en la construcción y oferta de viviendas, en particular a partir del 2005/2006.
A todo ello cabe agregar la extensión en el tiempo de los procesos de construcción de viviendas, desde su programación, obtención de terrenos, permisos y procesos de construcción, que en su conjunto insumen hasta 11 años; con esos ritmos, la esperanza de que en las actuales circunstancias pudiera preverse en el corto plazo un incremento suficiente de la oferta que lleve a estabilizar -e incluso a bajar- el precio de la vivienda, parece poco razonable.

Es necesario, sin duda, que la oferta se incremente rápidamente como una de las condiciones centrales para regularizar el mercado de la habitación, pero para que esa oferta incrementada se materialice en el futuro inmediato se requieren cambios drásticos en el funcionamiento de todo el proceso.
Una parte significativa de esos cambios depende de la capacidad del propio gobierno -y de su voluntad- para superar las redes de intereses que ligan a vastos sectores de la burocracia estatal con las grandes corporaciones de la industria; y esa superación incluye encarar con valentía las modalidades kafkianas que caracterizan en el país el manejo de las autorizaciones del uso de tierras para la construcción.

En el intertanto, estaría en marcha el programa gubernamental para construir 150.000 unidades de vivienda para renta; al menos, habría sido aprobado por el Ejecutivo y se habría instalado la compañía gubernamental que lo debería llevar a cabo.

Pero esta iniciativa -que en principio aparece como un importante aporte para la solución de los problemas de vivienda por la vía de una oferta incrementada de unidades para renta, en paralelo con el mercado de venta de nuevas viviendas- corre el riesgo de empantanarse en los caminos de la burocracia y en las modalidades kafkianas arriba referidas, por lo que en las actuales circunstancias -y en el mejor de los casos- se requeriría de un muy largo proceso hasta llegar a concretar sus soluciones.

En este contexto, el Gabinete de Vivienda del Ejecutivo ha aprobado la propuesta del Ministro de Hacienda Yair Lapid para deducir el IVA en la compra de viviendas nuevas a parejas jóvenes que cumplan ciertas condiciones, tales como que se trate de su primer compra de viviendas; que el precio sea igual o inferior a 1,6 millones de shékels; que se tome en cuenta el haber hecho el servicio militar y que la pareja tenga al menos un hijo.

Ese Gabinete aprobó simultáneamente una propuesta del Primer Ministro dirigido a disminuir el precio de viviendas nuevas, a través de un esquema que implica la venta de tierras estatales a empresas constructoras a precios subsidiados, aunque es preciso reconocer que resulta difícil entender con claridad cuales son los mecanismos, en esa propuesta, que realmente conducirían a una disminución del precio de las nuevas viviendas (se menciona hasta una baja del 20%).

Está demás decir que ambas propuestas han sido objeto de fuertes críticas y aún de rechazos generalizados -como en el caso de la propuesta de eliminación selectiva del IVA- pese a que el Ministro de Vivienda, al igual que el Ministro de Finanzas, han declarado que ya en el 2015 se notarán los efectos de esa política gubernamental en el precio de la vivienda.

Como resulta notorio, el acceso a la vivienda se ha tornado en un problema económico y social central.

Pero además, constituye una muestra del funcionamiento de los procesos de toma de decisiones del Gobierno, en el marco de una concepción ideológica dentro de la cual aparece como anatema pensar siquiera que el Estado podría estar en condiciones de cumplir ciertas funciones que la sociedad requiere, y que la actividad privada y el mercado no ofrecen u ofrecen de manera insatisfactoria.

En efecto, frente a los importantes aumentos en el precio de la vivienda y a la relativa rigidez de su oferta, resulta claro -y así lo reconoce incluso el Gobierno- que la solución ha de buscarse en un aumento significativo de esa oferta, así como en una estructuración de la misma que tome en cuenta las necesidades de la mayoría de la población.
Sin embargo, no se prevén aumentos significativos en la capacidad de producción de viviendas del sector público; por el contrario, los datos disponibles muestran una pronunciada caída de esa participación, como lo señala la Oficina Central de Estadística: “En períodos en que hubo un gran número de inmigrantes y la industria de la Construcción debía responder rápidamente a la alta demanda de viviendas, la participación de la construcción pública aumentó...En los 90´ la participación de la construcción pública subió a un promedio anual del 36% (en el año pico, 1991, la participación llegó al 74%). En los 2000´ la participación de la construcción pública declinó a un promedio del 20% anual y en el 2010 fue del 12%” (2).
Tampoco se ha puesto sobre el tapete de la discusión pública la posibilidad de establecer un sistema de financiamiento público de la vivienda, que facilite acceder a créditos hipotecarios razonables a las parejas jóvenes que no cuentan con posibilidades en el sistema actual.

No debería ser tan descabellado promover y organizar el funcionamiento de un Instituto Público de Crédito Hipotecario, al alcance de las grandes mayorías, pero claro está que en un modelo donde se busca excluir sistemáticamente al Estado de ese tipo de actividades (salvo cuando se trata de rescatar a alguna corporación que es “demasiado grande para desaparecer”) esas posibilidades parecen estar excluidas.

¿Qué tipo de manifestaciones y de protestas serán necesarias para cambiar esta forma de pensar y de actuar?

1. Estimaciones del Banco de Israel actualizadas y publicadas el 27de marzo.

2. Oficina Central de Estadísticas de Israel “Construcción y condiciones de vivienda en Israel 1985-2010”, pág.4

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