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lunes, 22 de abril de 2019

Genocidio en Sri Lanka, un acto de barbarie e impunidad (EEUU y Reino Unido se opusieron a que haya 2 estados en Sri Lanka y apoyaron a la mayoría cingalesa) luego condujeron a la población tamil a unos corrales denominados "zonas seguras" y un día en la noche atacaron a la población civil y lo convirtieron en un matadero.



Genocidio en Sri Lanka, un acto de barbarie e impunidad (EEUU y Reino Unido se opusieron a que haya 2 estados en Sri Lanka y apoyaron a la mayoría cingalesa) luego condujeron a la población tamil a unos corrales denominados "zonas seguras" y un día en la noche atacaron a la población civil y  lo convirtieron en un matadero. 

Hoy se cumplen siete años desde la última arremetida del gobierno de Sri Lanka para acabar con la guerra civil. Jude Lal Fernando, activista de la etnia tamil, habló con El Espectador de la urgencia de una investigación internacional.
Recordar a los muertos tamiles en Sri Lanka está prohibido. No hay permiso siquiera de prender una vela en honor a las más de 200.000 víctimas que perdieron sus vidas en la guerra civil que vivió la isla durante 20 años. Los datos exactos de cuántas personas murieron no están claros. Y, aunque en teoría la guerra acabó hace siete años, Jude Lal Fernando, profesor de la Universidad de Dublín (Irlanda) y quien vivió de primera mano el horror de la muerte y de la represión, le contó a El Espectador que el interés por acabar del todo con la etnia tamil sigue siendo la prioridad para el Gobierno de su país.
Fernando, profesor de derechos humanos, hace parte de un grupo de aproximadamente un millón de tamiles que tuvieron que salir de Sri Lanka después de que el proceso de paz, impulsado por Noruega en 2002, fracasara en 2006. Se radicó en Irlanda, pero su interés por mostrar lo que pasa en su país se ha vuelto uno de sus objetivos. Por eso está en Colombia, acompañado por el padre jesuita Javier Giraldo, vicepresidente del Tribunal Permanente de los Pueblos, uno de los pocos organismos internacionales que se han dedicado a contar la verdad de lo que vivió el pueblo de la isla ubicada en el océano Índico, cerca a la costa sur de la India.
Dos de las sentencias promulgadas por el Tribunal son consideradas por la comunidad internacionales como documentos de alta importancia, debido a la escasez de investigación que se ha realizado para establecer lo ocurrido en Sri Lanka. La primera se conoció en 2010 y el principal hallazgo fue la responsabilidad del Estado en crímenes de guerra y de lesa humanidad. La segunda, por otra parte, se publicó en 2013 y los alcances del informe lograron establecer que lo que había vivido el pueblo tamil había sido un genocidio.
“El conflicto de mi país se remonta a la época de la independencia, en 1948, cuando nos separamos del Reino Unido y se estableció que el modelo de Estado tenía que ser unitario y le otorgaron a los miembros de la etnia cingalesa, que eran más, el poder de la isla”, explicó Fernando, quien aseguró que desde ese momento empezó una persecución sistemática para acabar con los tamiles, primero prohibiendo su lengua y después matándolos a todos. “Yo pertenecía a la etnia cingalesa. Me enseñaron a hablar su lengua, pero en 1983 un impulso completamente humanitario y de solidaridad me impulsó a acercarme a los tamiles”, agregó el profesor.
“Fue en julio. Ese mes es recordado como el ‘Julio Negro’ porque murieron 3.000 tamiles en una sola semana y medio millón fueron desplazados. Como hacía parte de la iglesia cristiana de los cingaleses, un padre me enseñó tamil y ahí empecé a visitar los territorios en donde estaban refugiados”, dijo. La arremetida del Gobierno no tenía piedad con nadie, asegura el profesor. En respuesta, los tamiles se organizaron en una guerrilla con el nombre de Tigres por la Liberación de la Patria Tamil, y resistieron los ataques de los cingaleses hasta el último momento. Fue precisamente en un ataque en contra de los Tigres que hoy se conmemora la masacre que acabó con la vida de más de 4.000 personas en una semana.
“Después del fracaso del proceso de paz en 2006, el Gobierno adecuó territorios que llamó ‘zonas de no fuego’. Eran pequeñas, pero, en busca de paz y de tranquilidad, miles de tamiles corrieron hacia sus puertas. Pero un día, el Ejército atacó de noche el campamento y hasta ahí llegó la tranquilidad”, puntualizó Fernando. Los registros de los enfrentamientos de esa semana de mayo muestran que el Gobierno quería acabar con los últimas cabecillas de los Tigres y atacó las zonas que ellos mismos habían declarado seguras. Según su propio reporte, no murió ni un solo civil ese día, sino que de esa manera le dieron punto final a la guerra civil.
De acuerdo con el testimonio de Fernando, ese fin del conflicto era el que querían Estados Unidos y el Reino Unido, dos potencias mundiales que siempre se han opuesto a que Sri Lanka tenga dos modelos de Estado, uno regido por los tamiles y otro por los cingaleses. “La isla es estratégicamente muy poderosa para cualquier nación. Es más, cuando a comienzos de esta década se planeó la invasión a Irán e Irak, Sri Lanka fue un punto clave para el ingreso a Asia”, expone Fernando. Pero, además, las críticas en contra de estos dos países, especialmente de Estados Unidos, radican en que su apoyo militar ha sido fundamental para el poder que hoy tienen las fuerzas armadas de la isla.
Es más, en la segunda sentencia presentada por el Tribunal Permanente de los Pueblos le dedicaron dos capítulos a la presunta complicidad del Estado británico y Estados Unidos en el genocidio de la etnia. “Todos ellos sabían dónde estaban ubicadas las zonas de no fuego. Sabían que ahí había hospitales. Pero no hicieron nada”, dice con indignación el profesor Fernando. “Los pactos políticos a nivel mundial para que no se sepa lo que pasó en Sri Lanka tienen mucho poder. Por eso no hemos logrado que se haga una investigación internacional en la isla. El Gobierno ha dicho en la ONU que ellos mismos son capaces de conducir la investigación. Pero esto no puede ser”, le contó a El Espectador el padre Javier Giraldo, quien espera recibir el apoyo de Ecuador, nuevo miembro de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, para que el tema por fin se discuta en el organismo internacional.
La última medida polémica implementada por el Gobierno en contra de la comunidad tamil es, en palabras de Fernando, inaudita: “A las familias cingalesas les están pagando para que tengan más niños. A las tamiles, en cambio, les pagan para que se realicen cirugías de esterilización”. Lo que piden Fernando y sus compañeros que siguen en la resistencia es que se investigue y que la comunidad internacional se entere de lo que ha pasado en su país durante los últimos 20 años. Por lo pronto, su llamado es a que, por lo menos, los tamiles tengan el derecho a prender una vela por sus muertos para recordar.



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