¿Un nuevo intento de golpe en nombre de la "democracia" en Venezuela?
El pasado 28 de julio tuvieron lugar las elecciones presidenciales en la República Bolivariana de Venezuela. El domingo en la noche, el Consejo Nacional Electoral (CNE), única autoridad competente, ofrecía una rueda de prensa donde confirmaba que con más de 80 % de los votos escrutados, la tendencia irreversible daba la victoria al candidato Nicolás Maduro Moros.
Este año han coincidido eventos electorales en varias partes del mundo, como en El Salvador, Finlandia, Rusia, Eslovaquia, Senegal, México y la República Islámica de Irán. A su vez, también se produjeron comicios al parlamento europeo, y, en consecuencia, el adelanto de las Legislativas en la República Francesa. Reino Unido también fue a las urnas durante el mes de julio.
Aunque todos estos procesos tuvieron presencia en los medios y fueron comentados por los principales líderes políticos, lo cierto es que, en ningún caso, obtuvieron la atención que han tenido los comicios en Venezuela, tanto durante la jornada electoral, como en los días previos y posteriores a la votación. En ese sentido, podemos advertir una anomalía sobre la que deberíamos preguntarnos a qué responde.
Los intentos para hacer caer el proceso político y popular en Venezuela han sido múltiples y variados durante todos estos años.
El 20 de octubre de 2019 tuvieron lugar las elecciones en el Estado Plurinacional de Bolivia. El resultado oficial daba una holgada victoria al entonces presidente Evo Morales, frente al rival opositor de la derecha, Carlos Mesa; una victoria de más de diez puntos que garantizaba no tener que acudir a una segunda vuelta.
No obstante, meses antes, sectores de la derecha boliviana alertaban de un posible fraude electoral. Aunque sin pruebas, el relato fue tan fuerte en algunos casos que hasta se abstuvieron de presentar candidatos. Y no estaban solos en la construcción de esta narrativa.
Desde EE.UU. y la Unión Europea se sembró durante semanas una duda mediática sobre el proceso electoral boliviano, que incluyó sorprendentes cambios de posición. En enero de 2019, Matthias Sonn, entonces embajador de Alemania en Bolivia, aseguraba que el Tribunal Supremo Electoral tenía una reputación muy buena, y que los procesos electorales en el país andino eran efectivos y muy respetados; pero solo unos meses después, en septiembre, el diplomático Stefan Duppel consideraba que había "desconfianza" en el país respecto a las elecciones, mostrando su "preocupación" por el día después de los comicios.
Esta matriz de opinión, que se fue fraguando basada en pura especulación y sin aportar pruebas, se reforzó después del proceso electoral gracias a un informe preliminar, presentado por la Organización de Estados Americanos (OEA), fácilmente desmontable, pero que sirvió para asentar en la opinión pública el relato sobre un proceso no confiable.
Las consecuencias fueron dramáticas: la confirmación de un golpe de Estado en el país; la creación de un gobierno de facto dirigido por Jeanine Añez, actualmente en prisión; y la fuerte represión que dejó centenares de víctimas, destacando masacres como las perpetradas en Sacaba (Cochabamba) y Senkata (barrio de la ciudad de El Alto) en noviembre de 2019, durante las protestas populares.
Las motivaciones internacionales en el caso boliviano son fácilmente descifrables. Por un lado, las reservas de litio del país andino; y, en segundo lugar, la ofensiva contra el gobierno popular de Evo Morales. Esa arremetida fue en contra de una tendencia emancipatoria general que, específicamente en América Latina, aboga por un desarrollo independiente y, en consecuencia, implica un enfrentamiento directo a los intereses económicos de las principales potencias imperialistas.
Por eso, el embajador de Reino Unido en Bolivia, en marzo de 2020, aseguraba en relación con el litio: "El gobierno anterior no estaba muy a favor de la inversión extranjera. Entonces, con los cambios que vamos a ver, será más fácil ingresar al mercado y hacer negocios".
Estamos presenciando cómo se intenta favorecer un clima golpista en nombre de la 'democracia', al igual que ocurrió en Bolivia. Las declaraciones políticas de desconocimiento al proceso electoral, los comunicados ambiguos, e incluso la propuesta de gobiernos de facto, han ido abonando este terreno.
Estas últimas semanas hemos podido observar cómo este guion se repetía en el caso venezolano. La República Bolivariana de Venezuela es el país con las mayores reservas de petróleo del mundo, a su vez, desde el triunfo de Hugo Chávez en 1998, ha sido un faro regional e internacional de defensa del multilateralismo y de la emancipación de los pueblos ante un capitalismo globalizado y dependiente, y de los procesos de integración y unidad de los pueblos latinoamericanos.
Los intentos para hacer caer el proceso político y popular en Venezuela han sido múltiples y variados durante todos estos años. La mal llamada 'Comunidad Internacional' ha perpetrado violencias físicas, económicas, mediáticas y políticas, que, sin embargo, no han resultado efectivas en su objetivo de deponer a la Revolución Bolivariana.
En estas elecciones en la República Bolivariana de Venezuela había más de 900 veedores internacionales en el terreno, entre los que yo misma me encontraba, que tuvimos la oportunidad no solo de observar el proceso, sino de preguntar y ser atendidos por los representantes del Consejo Nacional Electoral (CNE) en cada una de nuestras interrogantes o inquietudes. A su vez, el mundo entero, estaba, como señalé al inicio, pendiente de estos comicios, con un despliegue mediático completamente inaudito.
En la actualidad Venezuela padece más de 900 medidas coercitivas en su contra, impuestas por EE.UU. y la Unión Europea, lo que se ha traducido en un daño económico contra su pueblo y ha impedido el desarrollo natural de su proceso político y social.
Sin embargo, estas elecciones, confirmaban de nuevo el fracaso del asedio contra este país. Ante ello, estamos presenciando cómo, al igual que ocurrió en Bolivia, se intenta favorecer un clima golpista en nombre de la 'democracia'. Las declaraciones políticas de desconocimiento al proceso electoral, los comunicados ambiguos, e incluso la propuesta de gobiernos de facto, han ido abonando este terreno.
La misma 'comunidad internacional' que exige garantías "democráticas" en Venezuela, en días previos aplaudía al genocida Bejanmín Netanyahu en el congreso de EE.UU.
Mientras, la misma 'comunidad internacional' que exige garantías "democráticas" en Venezuela, en días previos aplaudía al genocida Bejanmín Netanyahu en el congreso de EE.UU. y sigue considerando a Volodímir Zelenski como presidente de Ucrania, pese a que su cargo expiró el 20 de mayo de 2024 y no ha convocado elecciones.
Tampoco exigieron actas ni pruebas ni auditorías de garantía cuando Donald Trump denunció fraude tras las elecciones que dieron la victoria a Joe Biden. Ni hemos visto cómo se exigían actas en las elecciones al parlamento europeo, o en el Reino Unido o Francia.
Ante todo esto, podemos concluir que este espectáculo de "preocupación democrática", una vez más, no es más que una estrategia de injerencia política con unos fines muy determinados.
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