¿Qué pasará con los migrantes que han entrado en Ceuta y Melilla? La ley avala su expulsión pero se requiere la colaboración de Marruecos
Los expertos recuerdan la sentencia que condenó a la la exdelegada del Gobierno en Ceuta por la repatriacion de menores a Marruecos en 2021 obviando los procedimientos legales
Entrada de migrantes en Ceuta / EP
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La crisis producida por la sorteando la valla que separa la ciudad autónoma de Marruecos tiene importantes consecuencias también en el plano jurídico. Tras la reciente sentencia del Supremo que prohíbe las denominadas 'devoluciones en caliente' de los migrantes que han entrado a nado, los expertos recuerdan que la ley sigue avalando su devolución y expulsión, pero a través de un procedimiento que exige la identificación de todos ellos y la colaboración de Marruecos.
Los magistrados del Supremo establecieron que el mar no puede ser tenido como "elemento de contención fronterizo" a la hora de aplicar una disposición de la ley sobre derechos y libertades de los extranjeros, la número diez, que permite que aquellos que crucen irregularmente la frontera puedan ser rechazados. Ello no quiere decir que las personas que desde hace días vienen entrando irregularmente en España no puedan ser devueltos a Marruecos, pero antes se les debe identificar e iniciar un procedimiento que tiene sus garantías.
El juez Fernando Portillo, que actualmente ejerce como titular en el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Melilla señala a EL PERIÓDICO que todas estas personas están de forma ilegal en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla --donde han entrado en las últimas horas unas 400-- y no pueden ser rechazadas de forma inmediata como si hubieran entrado por tierra en cumplimiento de la sentencia del alto tribunal.
"Hay que proceder a devolverlas, pero el procedimiento no es inmediato, tiene sus plazos y garantías y puede demorarse semanas e incluso meses", apunta, para añadir que, al tratarse de procedimientos administrativos, las devoluciones y expulsiones pueden ser revisadas por un tribunal.
Decenas de migrantes que han pasado la frontera entre Ceuta y Marruecos pasan la noche en la calle, a 31 de julio de 2026. / MARCOS MORENO - EUROPA PRESS
Dos cuellos de botella
Según este jurista, existen dos cuellos de botella que complican el escenario jurídico. El primero es la capacidad de la administración a la hora de tramitar estos miles de procedimientos, a los que se pueden sumar peticiones de asilo. La figura del asilo está pensada como un mecanismo de protección internacional que excluye a los inmigrantes por razones económicas. "Pero existe un efecto colateral, porque a aquellas personas que lo soliciten no le les puede expulsar mientras se estudia la concesión o no del asilo, lo que puede durar dos o tres años", agrega Portillo.
Admite que lo ideal es que ahora se refuercen las oficinas de Extranjería y asilo en Melilla y también el personal policial, al que corresponden identificar a estas personas cuando muchas de ellas han entrado en las ciudades autónomas en bañador o descalzas, desprovistos de cualquier documentación. "Hay que evitar que las peticiones fraudulentas colapsen el sistema", apunta.
El segundo obstáculo es, según el juez Portillo, la colaboración marroquí. "Puedes devolver a estas personas en autobús o fletar un avión, pero si Marruecos no les admite en la frontera o no permite aterrizar será inútil el trabajo administrativo que se hace en España". En cuanto a los indocumentados, el experto admite la dificultad para los agentes de la brigada de Extranjería en función de la colaboración de los propios migrantes en lo que parece "una actuación coordinada" de entrada en nuestro país.
Individual y con abogado
Con la necesidad de estos trámites coincide Marcelo Belgrano, coordinador del Servicio de Orientación Jurídica de Extranjería del Colegio de la Abogacía de Madrid, si bien insiste en que el trámite de devolución o de expulsión por entrar irregularmente en España o sin documentación debe tramitarse de forma individual y, según su criterio, con asistencia letrada.
Decenas de personas siguen intentando cruzar la frontera, a 31 de julio de 2026, en Ceuta (España). / MARCOS MORENO - EUROPA PRESS
El abogado recuerda que en su momento se intentó la devolución exprés también por saltos en la valla, pero en todos ellos es exigido, en cumplimiento de la jurisprudencia de Tribunal Constitucional, un procedimiento administrativo individualizado. Preguntado por la actual situación, en la que miles de migrantes ha entrado por mar llevando simplemente un bañador, y no parece que porten documentos, el Belgrano reconoce que "la falta de identificación es un problema, pero también los acuerdos que puedan alcanzarse con Marruecos".
El precedente de 2021
En este punto, el abogado recuerda la sentencia dictada el pasado mes de septiembre por la Audiencia Provincial de Cádiz, que condenó a 9 años de inhabilitación especial para ocupar un cargo público a la exdelegada del Gobierno en Ceuta Salvadora Mateos junto a la exvicepresidenta del Gobierno de Ceuta, Mabel Deu, por la repatriación irregular de menores al país alauita en la crisis de 2021. Se consideró un delito de prevaricación administrativa.
Los magistrados castigaron que ante las dificultades para gestionar la situación extraordinaria creada entonces con la entrada masiva e irregular de jóvenes, muchos de ellos menores, y dada la precariedad de medios y recursos asistenciales, ", la vicepresidenta primera del Gobierno de Ceuta, sin ajustarse conscientemente a procedimiento legal alguno, decidió realizar las actuaciones apropiadas a fin de lograr la devolución rápida" de los menores sin seguir lo establecido en las leyes de extranjería, la normativa internacional ni en la Convención de los Derechos del Niño.
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