CRISIS POLÍTICA. El presidente del Consejo de Ministros se presentó por la mañana del lunes ante el Palacio Legislativo para sustentar su cuestión de confianza, por el proyecto que contemplaba cambios en el procedimiento de elección de los miembros del Tribunal Constitucional (TC). Sin embargo, la Junta de Portavoces del Congreso de la República decidió convocarlo para las 4 de la tarde y elegir durante la mañana a los nuevos integrantes del TC. Lo cual efectivamente sucedió con el nombramiento de uno de ellos, en medio de una difícil sesión.
Ante esta situación, tal como había anunciado en una entrevista televisiva el domingo, el presidente Martín Vizcarra consideró esa votación como una “denegación tácita” de su pedido de cuestión de confianza y frente a ello dio un mensaje a la Nación disolviendo el Congreso al considerar que se habían cumplido las dos negativas de confianza que establece la Carta Magna de 1993.
Si esta disolución surtiera efectos, se quedaría en funciones la Comisión Permanente (compuesta por 27 congresistas y distribuidos en los mismos porcentajes que el pleno) hasta la realización de nuevas elecciones congresales.
Sin embargo, esta decisión del presidente Vizcarra no es tan simple como parece y hasta el cierre de esta edición genera más interrogantes que respuestas.
¿Si el Congreso aprobó la cuestión de confianza mientras el presidente anunciaba la disolución, se puede hablar de “denegación tácita”?
La Constitución Política del Perú no menciona en ningún artículo a la “denegación tácita” y en la doctrina comparada es un argumento debatible, con opiniones a favor y en contra, siendo así, solo el TC podrá establecer si la interpretación del presidente es correcta o no. ¿Entonces, cuándo estará disuelto el Congreso, hoy o cuando el Tribunal Constitucional emita su opinión?
¿Cuenta el presidente Vizcarra con la capacidad operativa para hacer efectiva la disolución, es decir, sacará a la fuerza de la Plaza Bolívar a los congresistas que no se consideran “disueltos”?
Tras la decisión adoptada, Vizcarra publicó la resolución de disolución del Congreso en una edición extraordinaria del diario oficial, en versión online, fijando para el 26 de enero la convocatoria a las elecciones a fin de completar el periodo legislativo.
Pero la historia no acabó ahí. La mayoría parlamentaria y sus aliados consideraron que la disolución dictada por el mandatario es inconstitucional y por ello decidieron aprobar, durante la noche, la suspensión temporal por un año del ejercicio presidencial por incapacidad moral al haber disuelto el Parlamento sin tener fundamento para hacerlo, según la moción discutida. De esta manera, siguiendo lo que establece la Carta Magna, asumió las funciones de presidenta de la República, la vicepresidenta Mercedes Araoz. ¿Sin embargo, podrá despachar a partir de mañana desde Palacio de Gobierno? ¿Cuenta el Parlamento con la capacidad operativa para hacer efectiva la suspensión temporal de Vizcarra?
Pero esta crisis política también tendrá impacto en el exterior, pues ¿cuál de los dos poderes logrará el apoyo en el escenario internacional? Por lo pronto, la Confiep ha rechazado la decisión del Ejecutivo al considerarlo una violación a la Constitución.
Mientras todas estas interrogantes logran encontrar una respuesta que no admita dudas, el país es el único que paga las consecuencias de la confrontación y las intransigencias de ambas partes.
El Parlamento se ampara en la legalidad para no escuchar a la población, que más allá de cualquier color político está cansada de que ambos poderes del Estado hayan dejado de lado el trabajar por resolver los problemas del país. Por su parte, el mandatario no ha sabido trabajar para buscar los consensos necesarios. Lo sucedido ayer es el resultado de una suma de errores. Vizcarra basó su presidencia principalmente en los resultados de las encuestas que, siendo válidas, no pueden reemplazar lo que establece la Constitución. Solo reflejan una percepción de la población sobre determinados temas.
Por su parte, el Congreso, como más de una vez señalamos, ha tenido una actitud obstruccionista que no solo se puede medir por las leyes aprobadas, sino por la manera en que dilataron la aprobación de las mismas, principalmente de la mayoría parlamentaria: Fuerza Popular. Pero también hubo obstruccionismo de otras bancadas como Frente Amplio y Nuevo Perú. Por ejemplo, con el control de la Comisión de Trabajo, la izquierda impidió la aprobación de las iniciativas de tipo laboral, manteniendo una visión retrógrada de las relaciones laborales, al punto tal que trató de impedir la prórroga de la Ley de Promoción Agraria.
Vizcarra, asumiendo la negación de la confianza, ha procedido a nombrar como nuevo presidente del Consejo de Ministros a Vicente Zeballos, pero la imagen de esta juramentación muestra la soledad del Ejecutivo, que no ha podido encontrar nuevas figuras —como ya sucedió en el pasado— y ha tenido que nombrar a alguien que ya ocupaba el cargo de ministro de Justicia.
Lo que se ha generado en el país es una crisis constitucional y solo después que se dilucide quién tiene la razón jurídica y el apoyo para ­hacer cumplir su decisión se podrá conocer cuál será el rumbo que tome el país durante el próximo año.