El
gobierno de Filipinas piensa dejar de lado a EEUU y alinearse con China. Así EEUU
que pensaba construir bases militares en el Mar del sur de China por las Islas
Spratly y Paracel (por donde pasa el comercio marítimo mundial) para contrarrestar
la presencia China ya no lo podría hacer, e incluso EEUU sugirió a la Haya que se pronuncie a
favor de Filipinas en el diferendo de límites marítimos con China
Nota del autor del blog: La CIA tratara de matar al presidente filipino
Duterte con el cuento de fomentar la democracia y los derechos humanos para que
Filipinas siga siendo servil a EEUU y le permita construir bases militares norteamericanas
en el mar del sur de China para contrarrestar la presencia China por las islas
Spratly y Paracel por donde transita el comercio marítimo mundial, en ese
contexto creo China le ha sugerido al Presidente Duterte negociar la paz con la guerrilla comunista así
como (está haciendo las FARC con el gobierno colombiano) y se puedan concentrar
contra las otras guerrillas Islámicas ; incluso se habla de una revolución democrática
donde se confiscan los latifundios feudales y se las reparte al pueblo
propiciando el capitalismo.
FILIPINAS:
La encrucijada de Duterte. Un articulo de la compañera Paloma Polo.
http://dazibaorojo08.blogspot.pe/
La encrucijada de Duterte.
Paloma
Polo*
La
reanudación formal de las negociaciones de paz en Filipinas, al tratar lascausas
de raíz del conflicto armado, pondrá en jaque la tesitura geopolítica del país
y su subordinación semi-colonial a Estados Unidos.
El pasado 26
de agosto de 2016 se clausuró cordialmente y con éxito la primera ronda de
negociaciones de paz entre el Gobierno de Filipinas y el Frente Democrático
Nacional de Filipinas (National Democratic Front of the Philippines-NDFP), la
alianza de organizaciones designada para representar al ilegalizado Partido
Comunista de Filipinas (Communist Party of the Philippines- CPP), incluyendo a
su brazo armado el Nuevo Ejército del Pueblo (New People’s Army- NPA), fundados
por Jose Maria Sison en 1968 y 1969 respectivamente.
Si este
conflicto se ha perpetuado durante casi 50 años, siendo así uno de los más
prolongados del mundo, las negociaciones de paz que tratarían de resolverlo
llevan postergándose intermitentemente más de 30. Debido a ello Børge Brende,
ministro de Asuntos Exteriores noruego y anfitrión de la ceremonia de cierre,
acogió esperanzado este desenlace: “La Declaración Conjunta que está a punto de
firmarse es un avance sin precedentes hacia una paz justa y duradera”, proclamó
durante la rueda de prensa que tuvo lugar el 26 de agosto en un hotel a las
afueras de Oslo. Noruega, como país mediador, ha estado auspiciando tentativas
fallidas desde 2001.
En febrero
de 2011, durante la administración del anterior presidente, Benigno “Noynoy”
Cojuangco Aquino III, se reanudaron las negociaciones tras casi una década de
suspensión. Se habían truncado en junio de 2001 cuando la entonces presidenta,
Gloria Macapagal Arroyo, paralizó súbitamente las conversaciones de paz para
anunciar la puesta en marcha de un brutal programa “anti-insurgencia”, Oplan
Bantay Laya, alineado con la bien conocida “guerra contra el terror”
estadounidense.
En agosto de
2002 y a petición de Arroyo, Estados Unidos procedieron a designar al Partido
Comunista de Filipinas (CPP) y al New People’s Army (NPA) como “terroristas”,
incluyendo a Jose Maria Sison, exiliado político en Holanda desde 1987. Las
acusaciones estadounidense se realizaron aduciendo sospechas y sin soporte o
proceso jurídico alguno. Sison libró una dura batalla legal contra el Gobierno
holandés hasta conseguir revocar su listado como terrorista en la Unión
Europea, que siguió a la inmediata adscripción de la política estadounidense
por parte de las autoridades holandesas y que le priva, hasta el día de hoy, de
los apoyos sociales que habría de recibir como solicitante de asilo.
Las
negociaciones reemprendidas durante el gobierno de Benigno Aquino se
interrumpieron también cuando la comisión de paz del Gobierno de Filipinas
rehusó ratificar y cumplir acuerdos previos, tales como el Joint Agreement of
the Government of the Republic of the Philippines and the National Democratic
Front on Safety and Immunity Guarantees ─JASIG─ (Acuerdo Conjunto sobre
Garantías de Seguridad e Inmunidad) firmado en el 24 de febrero de 1995. Este
acuerdo habría de sancionar y garantizar la inmunidad política de los
consultores de paz del NDFP, lo que requeriría la liberación de aquellos
consultores encarcelados. Después de tres años de negociaciones ninguno de los
consultores de paz del NDPF, detenidos sobre la base de cargos fabricados como
ha documentado la organización de defensa de los derechos humanos Karapatan,
había sido liberado. Más adelante, la comisión de paz del Gobierno de Filipinas
exigió un armisticio formalizado en un alto al fuego indefinido y unilateral
por ambas partes sin ningún tipo de acuerdo sustantivo ni mutuamente
beneficioso para las dos partes ni para el pueblo filipino. En definitiva, la
administración de Aquino buscaba la capitulación del movimiento revolucionario
y prolongar el cese al fuego.
En línea con
la política de Gloria Macapagal Arroyo, el gobierno de Aquino también instauró
otra campaña de contrainsurgencia, Oplan Bayanihan, sobre la que todavía no se
ha pronunciado oficialmente la administración de Duterte, y que comprende
decretos como el Executive Order 546 (Decreto Ejecutivo 546). Este decreto
legitima el uso de grupos paramilitares civiles como fuerzas multiplicadoras
para combatir los supuestos grupos rebeldes.
El programa
Oplan Bayanihan, que recibe financiación, doctrina y dirección táctica del
gobierno de EEUU, ha sido identificado por relatores especiales de Naciones
Unidas sobre los defensores de derechos humanos y los asesinatos extrajudiciales
como la causa de continuadas violaciones del derecho a la vida, cometidas
principalmente por las fuerzas de seguridad del Estado: policía, militar,
paramilitar y todos aquellos bajo la supervisión de éstas.
Durante la
legislatura de Benigno Aquino (30 de Junio de 2010-30 de Junio de 2016) la
organización de defensa de los derechos humanos Karapatan ha documentado y
registrado 307 asesinatos extrajudiciales; 30 desapariciones forzadas; 215
casos de tortura; 566 asesinatos extrajudiciales frustrados; 903 arrestos
ilegales sin detención posterior; 501 arrestos ilegales con detención; 566
asaltos físicos con lesiones; 11.734 personas desahuciadas incluyendo
demoliciones; 105.616 personas forzosamente evacuadas de sus comunidades; y
75.137 personas afectadas por la violenta ocupación militar de escuelas y
centros médicos, religiosos y públicos, entre otras muchas violaciones de
derechos humanos perpetradas por razones políticas (las cifras presentadas no
incluyen asesinatos vinculados al tráfico de drogas ni ejecuciones sumarias
cometidas en el marco de campañas de lucha contra la droga). Estas violaciones
se dirigen contra civiles, misioneros, activistas y defensores de derechos
humanos. Los campesinos y pueblos indígenas que habitan en comunidades remotas
se convierten en un blanco de los programas de contrainsurgencia del Gobierno
al vivir en las mismas zonas montañosas que son morada de las unidades
guerrilleras revolucionarias.
A día de hoy
nadie ha sido condenado ni procesado judicialmente por estos crímenes y no hay
ningún progreso significativo que garantice la asunción de responsabilidades.
Peor aún, los militares responsables de estas violaciones de derechos humanos,
ejecutadas en el marco de Oplan Bayanihan, solían ser promocionados durante el
Gobierno de Aquino.
Los
testimonios, informes, investigaciones y pruebas recogidas por organizaciones
como Karapatan, Ibon, Rural Missionaries of the Philippines, National Union of
People’s Lawyers, Public Interest Law Center, UMA Pilipinas, Kilusang
Magbubukid ng Pilipinas (KMP- Movimiento de Campesinos Filipinos), Kilusang
Mayo Uno (KMU- Movimiento Primero de Mayo), entre otras, demuestran con
rotundidad que el propósito de los programas de “seguridad interna” no es
únicamente erradicar la resistencia armada liderada por el Partido Comunista de
Filipinas (Communist Party of the Philippines–CPP) y el Nuevo Ejército del
Pueblo (New People’s Army–NPA): su objetivo es acabar con todas las formas de
resistencia frente a las actividades del sector corporativo y financiero que
sistemáticamente merman los recursos naturales del país. La intensificación de
la militarización promovida por Oplan Bayanihan defiende los intereses de las
grandes corporaciones y a los terratenientes, que despliegan operaciones
mineras, madereras y agroindustriales a gran escala o zonas económicas
especiales con la voluntad de saquear los ricos recursos del país que conservan
las comunidades indígenas en sus tierras ancestrales.
A pesar de
que el Gobierno de Aquino ha sido sangriento y corrupto en extremo, y de que ha
continuado hundiendo miserablemente a una muy empobrecida mayoría de filipinos
(27 millones de filipinos viven en un estado de extrema pobreza), su presencia
en medios internacionales ha proyectado una imagen discreta o prácticamente
intachable. Es más, el Gobierno de Aquino ha sido elogiado repetidamente por haber
situado al país a la cabeza del crecimiento económico en Asia con una tasa del
crecimiento medio de un 5,9%.
Sin embargo, este
crecimiento no ha sido inclusivo al concentrarse primordialmente en sectores
como el mercado inmobiliario, la construcción, la subcontratación de procesos
empresariales y la intermediación financiera, cuyo poder y beneficio recae en
la oligarquía y en corporaciones extranjeras.
El
desempleo, la subcontratación y precarización de la fuerza de trabajo se ha
incrementado. La pobreza y la desposesión de tierras que sufren campesinos y
comunidades indígenas como resultado de una nula
reforma agraria ha arruinado cualquier perspectiva de seguridad
alimentaria y empoderado a los
terratenientes fortaleciendo su tenencia de tierras.
El
terrorismo de Estado, la corrupción y la desigualdad promovidas por la
administración de Aquino han sido prácticamente silenciadas en medios
internacionales. Probablemente esto se debe a que Aquino ha cumplido diligentemente con las
directrices con las que EEUU encomienda siempre a todos los dirigentes de
Filipinas: ser una marioneta servil y dócil.
Las nuevas relaciones de
Duterte con EEUU
Acuerdos
como el TPPA (Trans Pacific Partnership Agreement)
o el EDCA (Enhanced Defense Cooperation Agreement),
ambos promovidos por EEUU, apuntan a que Obama pretendía convertir a Filipinas en un enclave estratégico militar para EEUU
en el sureste asiático con el fin de reequilibrar la
fuerza militar estadounidense respecto a China y controlar la navegación
internacional y el comercio en su mar del sur.
En concreto
el EDCA (Acuerdo de Cooperación Reforzada en Materia de
Defensa), firmado por Aquino y Obama en abril de 2014, elude la proscripción de bases y tropas militares
extranjeras establecida en la Constitución filipina para permitir que EEUU
incremente la llamada “presencia rotativa de sus tropas”
y construya bases militares bajo la forma de “instalaciones temporales
autorizadas en áreas de las Fuerzas Armadas de Filipinas”.
En
comparación al régimen anterior, la recién instaurada administración de Rodrigo Duterte está suscitando una controversia y proyección internacional sin
parangón. Más allá de la atrocidad de los crímenes que resultan de su
cruzada contra del tráfico de drogas y de su verborrea desafiante y
políticamente incorrecta, comprender las causas de su notoriedad mediática
requiere contar con una perspectiva más completa de la gestión y dirección
política que abre su legislatura.
Rodrigo
Duterte fue el único
candidato a la presidencia que prometió afrontar y tratar las causas de raíz
del conflicto armado. Si bien el preámbulo a la reanudación formal de las
negociaciones de paz estuvo repleto de exabruptos, hasta que se logró acordar
la liberación de los consultores de paz del NDFP que viajaron precipitadamente
a Oslo desde sus respectivas celdas, la redacción del acuerdo conjunto que se
firmó el pasado 26 de agosto se pactó cordialmente. En dicho acuerdo, las
comisiones de paz del Gobierno de Filipinas y del Frente Democrático Nacional
estipularon lo siguiente: la ratificación de todos los acuerdos bilaterales
firmados previamente; la aceleración de las conversaciones
formales en las negociaciones de paz; la liberación de los prisioneros
políticos (557 a día de hoy); la reconstitución de las lista de
inmunidad dentro del acuerdo de garantías JASIG; la
amnistía a todos los presos políticos que el Gobierno de Filipinas recomendaría
inmediatamente a Duterte y que está sujeta a la concurrencia del
congreso de Filipinas y la proclamación provisional y unilateral del alto el
fuego por ambas partes.
Por ahora
nadie puede cantar victoria porque el verdadero éxito de las negociaciones de
paz está sujeto a los acuerdos que han de erradicar las causas de raíz del
conflicto y que tratarán en detalle, durante el año que sigue, los Comités de Trabajo Recíproco sobre Reformas Sociales y
Económicas (Reciprocal Working Committees on Social and Economic Reforms
/ RWC-SER) y los Comités de Trabajo Recíproco sobre
Reformas Políticas y Constitucionales (Reciprocal Working Groups on
Political and Constitutional Reforms / RWG-PCR). La Declaración Conjunta de la
Haya (Hague Joint Declaration-1992), acuerdo recién ratificado, establece el
marco para las negociaciones de paz y el sitúa el “fin de las hostilidades”
sólo cuando se hayan afrontado resolutivamente las causas sociales, económicas
y políticas que han generado el conflicto armado.
La
industrialización nacional y una reforma agraria genuina son los dos pilares de
las reformas socioeconómicas que el NDFP defiende para acabar con la
desigualdad y la pobreza. Una política basada en una fuerte independencia
nacional que comience por derogar tratados y acuerdos que menoscaben la
soberanía nacional y erija un gobierno basado en la unidad nacional, la paz y
el desarrollo y empoderamiento de los trabajadores, los campesinos, las mujeres
y los pueblos indígenas conforma el núcleo de las reformas constitucionales y
políticas que trataría de avanzar el NDFP.
El horizonte
es, no obstante, más esperanzador. El secretario del Trabajo y presidente de la
Comisión de Negociación del Gobierno de Filipinas, Sec. Silvestre H. Bello III,
afirmaba lo siguiente durante una entrevista el pasado 27 de agosto en el hotel
de Oslo donde tuvieron lugar la negociaciones: “Reconocemos la legitimidad y
validez de las posturas y exigencias del NFDP y estamos dispuestos a
implementar reformas de gran envergadura para erradicar la pobreza, la
corrupción y la mala gestión gubernamental que, a mi juicio, son las causas de
este conflicto”. Al ser interpelado sobre la dirección política de Benigno Aquino,
Silvestre Bello afirmó: “Los programas y
acuerdos instituidos por Aquino como Oplan Bayanihan y EDCA son nefastos para
el pueblo filipino y deben ser abrogados con inmediatez”.
Llevar a
buen término las negociaciones e implementar estas medidas va a generar
peliagudas tensiones y pondrá en un brete a la relación con EEUU.
El
Frente Democrático Nacional ha manifestado que no habrá paz si el Gobierno
de Filipinas acepta el regreso del Ejército estadounidense. Es difícil
predecir cómo responderá Duterte a estos desafíos aunque, por lo pronto, ha
realizado avances significativos para promover reformas democráticas nombrando
a activistas e intelectuales progresistas de reconocido prestigio, Rafael
Mariano, Judy Taguiwalo y Liza Maza entre otros, como dirigentes de agencias
principales. Por ejemplo, el nuevo Secretario del Departamento
de Reforma Agraria, Rafael Mariano, conocido líder de la lucha
campesina, está distribuyendo miles de hectáreas que correspondían
legítimamente a los campesinos de Hacienda Luisita, una vasta plantación de
azúcar perteneciente históricamente a los Cojuanco, la familia del anterior
presidente Aquino.
Es muy
posible que si el actual Gobierno de Filipinas sostiene un avance positivo y
conciliador en estas negociaciones de paz, EEUU emprenda
acciones en su contra. Máxime cuando la apertura de Duterte hacia China puede desbaratar el conocido giro
táctico en torno a Asia del este impulsado por la administración de Obama, que
comprende la expansión de su presencia militar en la región Asia Pacífico.
La campaña
de descrédito a la imagen de Duterte allana el terreno en este sentido. A estas
alturas, poco le sorprendería a la opinión pública internacional que se
destituyese a un dirigente de tan zafio talante o que sea necesaria una
intervención “en pos de la democracia”.
Actualmente,
se ha extendido a escala mundial un clamor en contra de la barbarie criminal provocada por la proliferación de drogas
ilegales en Filipinas. Una vez más, es importante entender cuáles son
las causas de raíz de este conflicto. El grado
exacerbado de corrupción a todos los niveles de la administración blinda al
negocio del narcotráfico.
Elementos
de las fuerzas policiales se confabulan y coordinan con burócratas
gubernamentales y todos aquellos organizados en la cadena del comercio de
drogas. Se han
registrado al menos 700 asesinatos perpetrados en nombre de la campaña contra
el crimen de Duterte o como forma de silenciar testigos. Lo que es más
preocupante y condenable son los asesinatos arbitrarios y extrajudiciales de
pequeños camellos o traficantes, incluyendo menores, generalmente de los
sectores más pobres.
El comercio
de drogas ilegales se sostiene y empodera debido al grado extremo de pobreza de
una mayoría que es presa fácil para las redes del narcotráfico a causa del
hambre, el desempleo, la falta de servicios sociales y de oportunidades. La
amenaza de las drogas puede ser eliminada sin despojar a las personas de sus
derechos básicos. En lugar de apostar por esta guerra sucia, el Gobierno debe
luchar por sostener y defender los derechos sociales y económicos de las
personas, mejorando sus condiciones de vida, especialmente las de aquellos
marginados y pobres. El Frente Democrático Nacional
se ha pronunciado en esta línea.
Estas son
precisamente las cuestiones centrales que se van a tratar durante las
conversaciones de paz. Si la cobertura mediática global sobre el narcotráfico
nace de una preocupación genuina por los abusos que sufren los filipinos
debería ser imperativo priorizar la visibilidad internacional sobre la realidad
y propósito de las negociaciones de paz que, paradójicamente, apenas han
suscitado interés a esta escala. El futuro de los Filipinos daría un vuelco muy
afortunado si la negociaciones se inclinan a su favor al promover acuerdos y
reformas integrales.
No sería
descabellado concluir que la falta de atención sobre el proceso de paz se debe
a que los intereses de Estados Unidos no están alineados con los progresos que
impulsarían las negociaciones.
* La autora
es corresponsal extranjera del medio filipino ‘Altermidya’ y miembro del Comité
Internacional de Coordinación de la Liga Internacional de la Lucha de los
Pueblos (ILPS)
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