Detenido
el heredero de Samsung por su implicación en un escándalo de soborno
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Lee Jae-yong
está acusado de estar involucrado en el conocido como 'caso de la Rasputina
surcoreana', que llevó a la destitución de la presidenta
XAVIER
FONTDEGLÒRIA
Pekín
17 FEB 2017 - 04:24 CET
El escándalo
de corrupción que afecta a la plana mayor política y económica de Corea del Sur
traspasó este viernes una barrera hasta hace poco infranqueable: los grandes
conglomerados familiares. Lee Jae-yong, heredero de
Samsung y líder de facto del mayor grupo empresarial del país, fue
detenido por su supuesta implicación en un escándalo de corrupción conocido
como el caso de la Rasputina surcoreana, que provocó la destitución de la
presidenta Park Geun-hye el pasado diciembre.
El heredero
del grupo Samsung, Lee Jae-yong, este jueves en Seúl. KIM HEE-CHUL EFE
Un Tribunal del Distrito Central de Seúl decidió aceptar la
petición de la Fiscalía, que por segunda vez en menos de un mes
solicitaba el arresto de uno de los hombres más poderosos del país. Primero se
acusó a Lee de soborno, malversación de fondos y de cometer perjurio, pero los
jueces rechazaron emitir la orden porque consideraban que su arresto no estaba
justificado. En los últimos días los fiscales aportaron pruebas adicionales y
presentaron nuevos cargos, entre ellos el de obstrucción a la justicia y el de
violar la ley que regula las transferencias de activos al extranjero, que han hecho
cambiar de opinión a los jueces del mismo tribunal.
"Teniendo
en cuenta los nuevos cargos y pruebas recogidas, reconocemos la justificación y
la necesidad del arresto", ha dicho el juez acerca en su fallo, informa la
agencia surcoreana Yonhap. Lee, de 48 años, está en un centro de detención al
sur de Seúl, donde esperó la decisión del tribunal, que llegó tras una
audiencia a puerta cerrada que ha durado todo el día. La Fiscalía puede forzar
su encarcelamiento hasta durante 21 días antes de presentar cargos formales
contra él.
El heredero
de Samsung es sospechoso de haber ordenado a varias filiales del grupo que
efectuaran pagos por valor de 43.000 millones de wones (unos 35 millones de euros) a la familia y fundaciones
de Choi Soon-sil, conocida como la "Rasputina surcoreana" por
ser confidente de la anterior presidenta Park y ejercer una enorme influencia
sobre ella. A cambio, Samsung habría obtenido el apoyo
del Gobierno a la fusión de dos de sus filiales y asegurado la sucesión
de Lee al frente del conglomerado. El padre de Lee, el patriarca de Samsung Lee
Kun-hee, está incapacitado desde que sufrió un ataque al corazón en 2014.
La empresa
reiteró la inocencia de su líder. "Haremos todo lo posible para asegurar
que la verdad sea revelada en futuros procesos judiciales", dijo en un
escueto comunicado. Samsung ha admitido haber realizado donaciones a dos organizaciones sin ánimo de lucro propiedad de Choi, pero
ha negado que estos pagos estén relacionados con la fusión de sus filiales o
que se realizaran para obtener favores políticos a cambio. Está por ver cómo la
detención de Lee afecta al desarrollo de la compañía, cuya actividad supone
casi una cuarta parte de la economía surcoreana. Según los analistas, lo más
probable es que con Lee bajo custodia las grandes inversiones o adquisiciones
pendientes se paralicen.
La detención
de Lee supone un punto de inflexión en Corea del Sur, cuyos ciudadanos recelan
desde hace años de los estrechos vínculos existentes entre los grandes grupos
familiares y la clase política, y que nadie hasta ahora se ha atrevido a
investigar. El arresto de Lee, quizás el empresario de más alto perfil del
país, abre la puerta a más detenciones de otros responsables de grandes
empresas sospechosos de haber llevado a cabo prácticas similares. Los
investigadores aseguran que hasta 53 compañías
distintas hicieron donaciones de forma directa o indirecta a Choi.
El arresto
del heredero de Samsung es un golpe también para la presidenta Park, que
siempre ha rechazado las acusaciones de corrupción. Destituida por el
Parlamento el pasado diciembre y suspendida en sus funciones, Park espera la
decisión del Tribunal Constitucional del país, que dirimirá en marzo si fue
apartada del poder de forma legal. Si los jueces le dan la razón, esta podría
recuperar su puesto -aunque con una popularidad por los suelos- y seguir como
presidenta hasta agotar su mandato, a finales de este año. Si, por el
contrario, consideran que la decisión del legislativo surcoreano está
justificada, el país deberá celebrar nuevas elecciones en un plazo de dos meses
y la ya expresidenta quedará sin inmunidad legal, con lo que podrá ser acusada
e ir a juicio.
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