Cómo
lidiar con la financiación de campañas electorales en América Latina The
Economist:
Viernes,
03 de marzo del 2017
¿Quién paga
por toda esa parafernalia de democracia electoral, y qué se intenta obtener a
cambio? The Economist analiza los inevitables pros y contras de ‘pagar por
democracia’.
Durante
meses antes de las elecciones, los latinoamericanos son bombardeados con
publicidad electoral. En Brasil todas las noches
una hora obligatoria de transmisiones políticas muestra una sucesión de
promesas que buscan llamar la atención por parte de candidatos presidenciales y
aspirantes locales.
En el Perú, paredes e incluso las rocas de los cerros son
pintadas con nombres de candidatos. Aunque los medios sociales son cada vez más
importantes, muchos de los políticos de la región siguen llenando las calles
con carteles y realizando mítines, dando a sus partidarios comida, polos e
incluso dinero en efectivo.
¿Quién paga
por toda esa parafernalia de democracia electoral, y qué se podría obtener a
cambio? Las revelaciones de donaciones políticas corruptas en varios países
latinoamericanos por parte de Odebrecht y otras firmas de construcción
brasileñas están generando pedidos para endurecer las reglas sobre
financiamiento de campañas electorales.
Nadine
Heredia, esposa del expresidente del Perú, Ollanta Humala, niega haber recibido una donación de US$ 3 millones de Odebrecht para la
victoriosa campaña de su esposo en el 2011. Un ex senador colombiano que admitió haber recibido un soborno de
Odebrecht, argumenta, sin prueba alguna, que US$ 1 millón se destinó a la
campaña del presidente Juan Manuel Santos en el 2014.
La sabiduría
popular sostiene que las elecciones latinoamericanas son cada vez más una
costosa contienda general. (A pesar del espacio gratuito en televisión, el costo de las campañas en Brasil puede ser similar al de
los Estados Unidos, según algunas estimaciones).
De hecho,
los gobiernos de la región han buscado durante mucho tiempo regular el
financiamiento de campañas, pero a menudo de forma ineficaz, como señalaron
Kevin Casas-Zamora, exvicepresidente de Costa Rica, y Daniel Zovatto, un
politólogo argentino, en un reciente sondeo sobre el tema.
Cualesquiera
que sean las reglas, la realidad es que un pequeño grupo de empresas privadas
acumula la mayor parte del efectivo de las campañas en casi todas partes,
excepto tal vez en Uruguay y Costa Rica.
Uruguay fue
el primer país en el mundo en dar un subsidio público a los partidos políticos,
en 1928. Ahora la mayoría de las democracias latinoamericanas lo hacen, pero en
su mayoría los subsidios son pequeños. En Venezuela, en
teoría, no hay subsidios; en la práctica el partido gobernante despliega
dinero y recursos estatales ilimitados en sus campañas.
Toda América Latina excepto El Salvador prohíbe las
donaciones políticas extranjeras. Eso no impidió que Hugo Chávez de Venezuela y
el Partido de los Trabajadores de Brasil (vía Odebrecht) financiaran campañas
en otros países, para contrarrestar el sesgo de centroderecha de donaciones
privadas.
Las
donaciones corporativas han
llevado a veces a la captura privada de sectores del gobierno. Tal es el caso de Chile, una de las democracias más avanzadas de
la región, que recientemente ha sido sacudida por varios escándalos de
financiamiento político.
Lo más
preocupante fue la revelación de que varias grandes
empresas pesqueras financiaron a políticos que debían haberlas regulado, pero
en su lugar les permitieron tener derechos sin restricciones para saquear
perpetuamente los mermados mares chilenos.
El
parlamento de Chile ha aprobado nuevas normas elaboradas por un comité
encabezado por el economista Eduardo Engel. Estas restringen la publicidad al
aire libre, aumentan los subsidios públicos, impiden las donaciones
corporativas y regulan las de los individuos.
Del mismo
modo, Brasil ha prohibido las donaciones corporativas y ha reducido la duración
de la campaña oficial. Varios otros países están considerando reglas más
estrictas. Pero en Chile algunos políticos culparon el mínimo histórico de
participación ciudadana (de 35%) en las elecciones municipales del pasado mes
de octubre por la falta de una “atmósfera electoral”.
En las
elecciones municipales de Brasil del año pasado, las restricciones en las
campañas parecían haber ayudado más de lo esperado a que los alcaldes de turno
sean reelegidos.
La reforma
de la financiación de campañas electorales está plagada de pros y contras y de
consecuencias no deseadas. La financiación pública de la política es impopular;
en México puede haber aumentado, en lugar de
recortar, el costo de las campañas. Las prohibiciones a las donaciones
corporativas (que existen en varios países) puede llevar a recurrir al crimen
organizado por dinero.
Sin embargo,
el status quo se ha vuelto insostenible. Parece correcto tratar de reducir el
costo de las campañas acortándolas.
En cuanto al
dinero corporativo, algunos sugieren una divulgación obligatoria más que una
prohibición.
Engel dice
que un papel para el dinero corporativo podría ser aceptable en Chile en el
futuro. Quizás lo más importante es que la aplicación de la transparencia o la
prohibición requiere de autoridades electorales capaces y neutrales. En la
elección municipal chilena, las autoridades dificultaron de forma absurda a las
personas a exhibir carteles de campaña en sus hogares.
En una
región de gran desigualdad de riqueza, es difícil no estar de acuerdo en que
las donaciones políticas corporativas deben estar estrictamente reguladas. Pero
el financiamiento electoral es un problema para el cual no hay panaceas, solo
decisiones difíciles y una verdad incontrovertible: la política democrática
cuesta dinero, y alguien tiene que pagar por ello.
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