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Una investigación de 2011 por crímenes de lesa humanidad apunta al exmandatario
RAÚL TOLA
Lima 28 ABR 2017 - 03:17 CEST
El presidente peruano, Ollanta Humala, acude a ofrecer su informe anual . PAOLO AGUILAR EFE
La Dirección Ejecutiva Antidrogas de Perú (Dirandro) desarrolló una investigación contra el expresidente Ollanta Humala durante las elecciones de 2011, tras las que fue elegido mandatario del país. Esta incluyó la interceptación de las comunicaciones de Humala y su entorno más cercano.
El propósito era conocer el origen del dinero para financiar la campaña de la formación del político, el Partido Nacionalista.
Las interceptaciones estuvieron a cargo de un equipo especial de inteligencia de la Policía Antidrogas, según informa el portal Ojo Público. Al finalizar las escuchas, la Dirandro elaboró un documento de 150 páginas, con las transcripciones de 540 audios, reunidos entre marzo y junio de 2011.
Las escuchas concluyeron a dos semanas del 5 de junio de 2011, fecha de la segunda vuelta que enfrentó a Humala con Keiko Fujimori, del partido Fuerza 2011. En esos días, Humala afrontaba numerosas acusaciones por hechos que se remontaban a 1992, cuando se desempeñaba como capitán del Ejército y tenía a cargo la base militar de Madre Mía, en la región San Martín. Desde allí dirigía la lucha contra los subversivos que se mantenían activos en el valle del río Huallaga.
Secuestros y torturas
Su desempeño estuvo bajo observación desde 2006, cuando fue procesado por desaparición forzada, asesinato y tortura.
Jorge Ávila Rivera declaró ante la Fiscalía que Humala lo había secuestrado y torturado, y que su hermana Natividad y su cuñado Benigno Sulca habían sido desaparecidos en la base militar, tras ser confundidos con integrantes de Sendero Luminoso. La investigación determinó que los crímenes fueron ordenados por el futuro presidente de Perú.
Ávila Rivera cambió su versión en 2006. Pasó a asegurar que, por las circunstancias en que fue torturado, no podía afirmar que el responsable fuera Humala. El proceso judicial se archivó a los tres años, pero en plena campaña de 2011 se denunció que el testigo había sido sobornado por un allegado al candidato para modificar sus declaraciones. En agosto del 2011, con Humala convertido en presidente, la Segunda Sala Penal Liquidadora archivó esta nueva investigación.
La prensa local ha tenido acceso a las interceptaciones telefónicas. El diario El Comercio ha dado cuenta de una serie de conversaciones que ratifican el pago de sobornos a Jorge Ávila Rivera. Este jueves, su unidad de investigación contactó al testigo, quien confirmó haberse retractado a cambio de 4.500 dólares y agregó que también recibió sobornos en 2011.
En otros audios se escucha a los principales integrantes del equipo económico de Humala, incluidos su esposa y su cuñado. Ellos hablan de dinero proveniente de Suiza, de visitas de ejecutivos brasileños y de eventuales viajes a Brasilia.
Marcelo Odebrecht confirmó hace dos semanas que, a pedido del Partido de los Trabajadores del expresidente Lula da Silva, su firma entregó tres millones de dólares para la campaña del Partido Nacionalista.
Las escuchas comenzaron cuando se investigaba a un maderero de Huallaga, Julio Méndez, por sus vínculos con el cabecilla terrorista Florindo Flores, Artemio.
Así fue como la Dirandro llegó a Amílcar Gómez Amasifuén, uno de los acusados de sobornar al testigo del caso Madre Mía y hombre de confianza de Ollanta Humala.
Conocido el caso, Humala ofreció una conferencia de prensa, donde cuestionó la interceptación de sus comunicaciones telefónicas. Aseguró que fueron permitidas por el expresidente Alan García, cuyo segundo Gobierno estaba por concluir cuando ocurrieron los hechos. “Ese señor ha estado de presidente de la República y ha permitido, por acción o por omisión, que se haya realizado este acto escandaloso que afecta la democracia en el país”, criticó.
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