Va a ser muy difícil que
la burguesía privada recupere el control estatal en Venezuela como ha sucedido
en Brasil, el presidente Maduro ha otorgado todas las riquezas del país como petróleo
y las 7,000 toneladas de oro del Arco Minero del Orinoco a los militares .
El
plan minero de Maduro choca con las pandillas armadas
http://lat.wsj.com/articles/SB11088086084192264892404582072893657142930?tesla=y
Dos mineros
excavan en una veta ilegal de oro en el estado Bolívar. PHOTO: FABIOLA FERRERO
Por ANATOLY KURMANAEV
miércoles,
18 de mayo de 2016 0:02
EDT
LA PARAGUA,
Venezuela—Cinco años atrás, Venezuela nacionalizó buena parte de su minería.
Ahora, el presidente Nicolás Maduro está invitando a las multinacionales a que
regresen y reactiven una economía en crisis. Sin embargo, entre las empresas y los minerales se interponen unos 100.000
mineros ilegales y bandas armadas, algunas de las cuales mantienen estrechas relaciones con los mandos militares locales.
Maduro
anunció en febrero un plan para subastar casi 11
millones de hectáreas de nuevas concesiones en un área conocida como el Arco
Minero del Orinoco. El gobierno estima que la zona posee unas 7.000
toneladas de oro, lo que de confirmarse convertiría a Venezuela en el país con
el segundo depósito de oro más grande del mundo después de Australia.
El mes
pasado Maduro firmó acuerdos con Yankuang Group
—la cuarta minera de carbón de China—, el gigante de la construcción China CAMC
Engineering Co. y la minera estadounidense Gold Reserve Ltd. y prometió firmar
más contratos por miles de millones de dólares.
“El Arco
Minero del Orinoco es una magnífica fuente de riqueza… para que vaya
sustituyendo al petróleo como única fuente de divisas internacionales”, señaló
Maduro.
Pero en la
mina de oro ilegal Arenosa, en el corazón del Arco
Minero, Ramón, un líder de una pandilla, tiene otros planes.
Recientemente, decenas de sus hombres armados con pistolas, escopetas y
ametralladoras hacían guardia en torno a la mina. A su alrededor, cientos de
buscadores cavaban fosas con sus palas al ritmo de salsa a todo volumen.
La mayoría
de los trabajadores llegaron a las minas en los últimos 18 meses desde Caracas,
Ciudad Bolívar —la capital del estado—y otras localidades en busca de empleo en
medio de una crisis que llevó a la economía a
contraerse 11,5% el año pasado, según la consultora Síntesis Financiera.
Dejaron en claro que no tienen ninguna intención de regresar a los barrios
pobres de donde provienen, que sufren cortes de luz y escasez de alimentos.
“El
presidente quiere agarrarnos y darnos una patada” dice Ramón (un alias),
rodeado de guardaespaldas armados en una improvisada tienda de campaña. “Aquí
hay trabajo, afuera sólo hay hambre. La barriga es más fuerte que el miedo”.
La sequía en
Venezuela ha expuesto nuevas zonas a la explotación minera. PHOTO: FABIOLA
FERRERO
Las
pandillas organizadas comenzaron a llegar a la mina en 2011, luego de que el
gobierno nacionalizara la minería del oro, aunque no explotó el área
confiscada. El derrumbe de la economía multiplicó el arribo de trabajadores en
los últimos dos años.
Luego vino
la violencia, conforme las distintas pandillas luchaban por territorio. El
circundante estado Bolívar es uno de los más peligrosos en un país con la
segunda mayor tasa de homicidios del mundo.
Una de esas
bandas asesinó el 4 de marzo a 17 mineros al norte de Tumeremo, según el
procurador público de Venezuela. La zona había sido adjudicada a la china
Yankuang el mes previo; el gobierno y la empresa se negaron a revelar la
ubicación exacta de la concesión.
Los líderes
de las pandillas locales creen que los atacantes siguieron órdenes del gobierno
para expulsar a los trabajadores y las pandillas de las minas de manera que las
compañías pudieran empezaran a explotarlas. La comisión formada en el Congreso
—dominado por la oposición— para investigar la violencia coincide con ello. En
un reciente informe, la comisión acusa a la oficina del
gobernador estatal de armar a los asesinos.
“Las masacres van a
seguir ocurriendo. ¿De qué otra manera van a sacar a toda esta gente de ahí?”, dijo Américo de Grazia, quien
encabezó la comisión. El informe estimó que al menos 50 mineros y pandilleros
han muerto en Bolívar este año.
Voceros de
la sede de las Fuerzas Armadas, el distrito militar de Guayana —a cargo de
Bolívar—, el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Información, el
responsable del Arco del Orinoco, José Khan, el gobernador de Bolívar,
Francisco Rangel, la alcaldesa local, Yusleiby González, la oficina de Maduro y
Yankuang, declinaron referirse al tema o no respondieron a múltiples correos
electrónicos y llamadas telefónicas en busca de comentarios sobre las recientes
muertes.
Desde la
nacionalización de 2011, la producción oficial de oro de Venezuela se ha
derrumbado. En 2015 el gobierno produjo apenas 430 kilos de oro, un tercio de
los niveles de 2013.
La
nacionalización también generó causas en los tribunales internacionales
presentadas por las empresas expropiadas. Una corte del Banco Mundial dictaminó
el mes pasado que Venezuela debe pagar US$1.400 millones a la canadiense
Crystallex International Corp. por la mina Las Cristinas, una concesión que en
febrero Maduro adjudicó a Gold Reserve.
“El [plan del] Arco Minero
es una reacción desesperada de buscar divisas”, señaló Víctor Álvarez, ex ministro
de Industria del gobierno del fallecido Hugo Chávez, el mentor de Maduro.
Representantes
de Gold Reserve declinaron comentar y los portavoces de CAMC no respondieron a
los pedidos de comentarios.
ENLARGE
Las minas
ilegales han creado una economía paralela en la estéril sabana venezolana y la
espesa selva del sur de Bolívar. Los trabajadores de la zona incluyen desde ex
conductores de buses a ex profesores de kindergarten.
Hace apenas
dos años, Arenosa era una zona desértica repleta de árboles muertos en el vasto
y barroso embalse formado por la represa hidroeléctrica de Guri. Con el tiempo,
se ha transformado en una pujante ciudad con iglesias, prostíbulos, un centro de
llamadas por satélite y una cancha de fútbol. La ciudad es una minieconomía
dolarizada, donde todo se compra y se vende a los precios del mercado negro.
Gracias en buena parte a esto, en las tiendas de Arenosa abundan productos que
escasean en el resto del país, desde la carne a la harina.
Ramón calcula que en el embalse donde
él opera hay entre 6.000 y 10.000 mineros ilegales.
Tanto el
reporte del Congreso como el ex ministro Álvarez dicen que las Fuerzas Armadas han sido cómplices de las minas ilegales.
En el sur de Bolívar, el ejército controla la distribución de la
gasolina necesaria para las bombas mineras y los generadores. En la
carretera cercana hay 16 puestos de control militar. “Sin los militares aquí no hay despacho de
gasolina, no hay movimiento. Es así de simple”, dijo Aireana
Rodríguez, una concejal en la ciudad minera de La Paragua.
En dos minas
ilegales visitadas por The Wall Street Journal, soldados uniformados estaban a
metros de distancia de los puertos improvisados donde los mineros ilegales
cargaban embarcaciones con equipo minero. La tercera mina visitada, Arenosa,
está dentro de una zona militarizada.
Según el
decreto ejecutivo emitido dos semanas después del anuncio de Arco Minero,
Maduro dio a los militares su propia minera para que puedan participar en “todo
lo relativo a la actividad lícita…de explotación minera”. La analista militar
Rocío San Miguel estima que el gobierno trata de crear un incentivo para que
los militares saquen a los trabajadores ilegales y a las pandillas de las minas
mediante una participación directa en la inversión minera.
Las
pandillas les cobran a los trabajadores ilegales una parte de la producción,
que va del 5% al 50% dependiendo de la calidad del mineral, dicen sus líderes.
En las zonas controladas por grupos indígenas, los mineros le pagan el tributo
al jefe de la comunidad. Luego, según testimonios de pandilleros, residentes
indígenas, mineros, compradores de oro y políticos locales entrevistados por
The Wall Street Journal, las pandillas y los jefes
entregan una parte a los militares.
Al menos
tres minas ilegales han sido evacuadas desde febrero por soldados uniformados o
por hombres no identificados con pasamontañas y armas automáticas, según una
decena de testigos.
“Ahora, el
gobierno decidió tomar el control”, dice el diputado del partido gobernante,
Aldrin Torres. “En algún momento, las Fuerzas Armadas tienen que ejercer su
autoridad”.
—Fabiola Ferrero y Mayela Armas en Caracas, Kejal Vyas en
Bogotá, y María Ramírez en Puerto Ordaz contribuyeron a este artículo.
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