Cataluña, en el agujero.
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El Estado de derecho y la democracia han sido arrinconados, ante el desconcierto en Madrid
EL PAÍS
18 OCT 2017 - 21:13 CEST
Puigdemont a su llegada a la reunión del PDeCat. GONZALO FUENTES REUTERS
Desde hace 40 días, Cataluña habita un limbo legal e institucional, carece de seguridad jurídica y la vigencia de la democracia está en entredicho. Este agujero proviene del golpe parlamentario materializado los días 6 y 8 (de madrugada) de septiembre al aprobarse las (suspendidas) leyes de desconexión y ruptura constitucional y estatutaria por iniciativa del bloque secesionista de Carles Puigdemont y los suyos.
Y se consumó tras la contradictoria votación referendaria del 1-O y la patética declaración de independencia posterior del president,que no lo acababa de ser, pero que se suspendía.
La desconcertada y desconcertante reacción del Gobierno de Mariano Rajoy, mal asesorado en su alianza con el igualmente desconcertado y desconcertante Pedro Sánchez, ha acabado de redondear el entuerto. La sociedad española en su conjunto, no solo la catalana, antes irritada, está cayendo ahora en el abatimiento y la frustración. La larga crisis política en Cataluña, que está ya minando seriamente la reputación de nuestra democracia y todas las instituciones de nuestro sistema, amenaza con prolongarse aún más.
Están en juego valores, como el respeto a las reglas de juego democráticas; principios, como la lealtad constitucional; sentimientos, como los propios de una convivencia racional y no espasmódica, y bases materiales de una sociedad avanzada, como las que permiten consolidar y ampliar el bienestar económico y social.
Todo eso corre peligro. Ante la mirada vacilante de nuestros dos principales dirigentes políticos, que callan casi todo el tiempo para ocultar su incapacidad, el Estado de derecho, el sistema democrático y hasta la economía de mercado están en entredicho.
El Estado de derecho, porque nadie sabe cuál es la legalidad vigente: el secesionismo ha abrogado la Constitución y el Estatut pero no se ha atrevido a activar las leyes de desconexión. La inseguridad jurídica campa a sus anchas en el vértice de la jerarquía normativa, aunque de facto rija el ordenamiento constitucional.
El sistema democrático cojea. Las instituciones del autogobierno no funcionan (por exclusiva irresponsabilidad de sus responsables).
El Govern no atiende a otra cosa que a la agitación rupturista.
El Parlament, clausurado por orden superior, incapaz de ejercer sus funciones, reducido al papel de comparsa que tiene el poder legislativo en una dictadura.
Hasta la policía autonómica renquea bajo unos jefes procesados, nada menos que por presunta sedición. ¿Cómo llamar democracia a esta Generalitat degradada por sus dirigentes?
Y el vicepresidente económico Oriol Junqueras —mientras la CUP amenaza con extorsiones fiscales— permanece mudo e impasible ante la huida de 805 sedes empresariales, un aldabonazo y un fatal augurio para la vida económica de los catalanes. Y, por ende, de todos los españoles.
Frente a esos desastres, el Gobierno central parece pensar que con no visualizarse la declaración de independencia, todo está arreglado y nada es un problema. ¿No lo es el múltiple esguince del Estado en la comunidad más importante? ¿No lo es la desafección callejera de todo signo? ¿No lo es la vergüenza mediática internacional a la que asiste sin apenas reacción?
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