Estados
unidos es el que menos contribuye al progreso de los países subdesarrollados y el
que más obstáculos pone.
Estados
Unidos es el obstáculo
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Apple,
Google y General Electric han demostrado que a la hora de encontar maneras de
evadir impuestos son aún más geniales que cuando desarrollan productos
innovadores
Opinión: Una
derrota para la cooperación fiscal internacional
JOSEPH
E. STIGLITZ
29 AGO 2015
Recientemente
se ha celebrado la Tercera Conferencia Internacional
sobre la Financiación para el Desarrollo en la capital de Etiopía, Addis Abeba.
La reunión
se llevó a cabo en un momento en que los países en desarrollo y los mercados
emergentes han demostrado su capacidad de absorber grandes cantidades de dinero
de manera productiva. De hecho, las tareas que estos países están emprendiendo
—como inversiones en infraestructura
(carreteras, electricidad, puertos, y mucho más), la construcción de
ciudades que un día van a llegar a ser el hogar de miles de millones de
personas y el cambio hacia una economía verde— son realmente enormes.
Al mismo
tiempo, no falta dinero a la espera de que se le dé un uso productivo. Hace
apenas unos años, Ben Bernanke, el entonces
presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, habló de un exceso de ahorro mundial. Y, no obstante, los proyectos de inversión con alta rentabilidad social no salían
adelante por falta de fondos. Eso sigue siendo cierto hoy en día.
El problema,
tanto entonces como ahora, fue y es que los mercados financieros globales, en
vez de cumplir con su objetivo de realizar una intermediación eficiente entre
el ahorro y las oportunidades de inversión, asignan mal
el capital y crean riesgo.
Hay otra
ironía más. La mayoría de los proyectos de inversión
que necesita el mundo emergente son a largo plazo, al igual que lo son gran parte de los ahorros
disponibles —es decir, los billones de dólares y euros que se encuentran en
cuentas de jubilación, fondos de pensiones y fondos soberanos— Pero
nuestros mercados financieros, cada vez más miopes, se interponen.
Muchas cosas
han cambiado en los 13 años transcurridos desde la Primera
Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo Internacional
que se celebró en Monterrey (México) en 2002.
En aquel entonces, el G-7 dominaba la
formulación de políticas económicas a nivel mundial; hoy en día, China es la
economía más grande del mundo (en términos de paridad del poder adquisitivo),
con una tasa de ahorro que
supera en alrededor de un 50% al nivel de EE UU. En el año 2002, se
pensaba que las instituciones financieras occidentales eran magos de la gestión
del riesgo y la asignación de capital; hoy en día, vemos que son brujos en manipular los mercados y otras prácticas
engañosas.
Atrás han
quedado los llamamientos que instaron a los países desarrollados a cumplir con
su compromiso de dar al menos un 0,7% de su
producto nacional bruto (PNB) en ayuda al desarrollo. Unos cuantos países del
norte de Europa –Dinamarca, Luxemburgo, Noruega, Suecia
y, sorprendente, el Reino Unido —en medio de su austeridad
autoinfligida— cumplieron sus promesas en 2014. Sin embargo, Estados Unidos (con un 0,19% de su PNB ese mismo año)
se queda muy, muy lejos.
Hoy en día,
los países en desarrollo y los mercados emergentes dicen a EE UU y a los otros
países: si no van a cumplir sus promesas, al menos no
estorben y permítannos construir una arquitectura internacional para una
economía mundial que también sirva a los pobres.
No es
sorprendente que las potencias hegemónicas existentes, con EE UU a la cabeza, estén haciendo todo lo posible por frustrar tales esfuerzos.
Cuando China propuso la creación del Banco Asiático de Inversión en
Infraestructuras para ayudar a redirigir algunos de los excesos de
ahorro mundial hacia lugares donde la financiación es muy necesaria, Washington trató de torpedear el esfuerzo. Cuando
finalmente el proyecto salió adelante, el Gobierno del presidente Barack Obama
sufrió una dolorosa (y muy vergonzosa) derrota.
EE UU también está bloqueando el
camino hacia un derecho internacional para la deuda y las finanzas. Para que funcionen bien los
mercados de bonos, por poner un ejemplo, se debe encontrar una forma ordenada
para resolver los casos de insolvencia soberana. Sin embargo, hoy en día, no
existe tal manera. Ucrania, Grecia y Argentina
son ejemplos del fracaso de los acuerdos internacionales existentes. La gran
mayoría de países ha pedido la creación de un marco para la reestructuración de
la deuda soberana. EE UU sigue constituyéndose como el
principal obstáculo.
También
es importante la inversión privada. Pero las nuevas disposiciones incluidas en los acuerdos
comerciales que el gobierno de Obama está negociando en ambos océanos implican
que cualquier inversión extranjera directa viene
acompañada por una marcada reducción en la capacidad de los Gobiernos
para regular el medio ambiente, la salud, las
condiciones de trabajo e incluso la economía.
La posición
de Estados Unidos en relación con el tema más
debatido en la conferencia de Addis Abeba fue particularmente decepcionante. A medida que los países en desarrollo y
los mercados emergentes abren sus puertas a las multinacionales, se hace cada
vez más importante que puedan imponer impuestos a estos gigantes, gravando las
ganancias generadas mediante la actividad empresarial que se produce dentro de
sus fronteras. Apple, Google y General Electric
han demostrado que a la hora de encontrar maneras de
evadir impuestos son aún más geniales que cuando desarrollan productos
innovadores.
Todos los
países —tanto los desarrollados como los en desarrollo— han estado perdiendo
miles de millones de dólares en ingresos fiscales. El año pasado, el Consorcio
Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, en sus siglas en inglés)
dio a conocer información sobre las decisiones fiscales
de Luxemburgo que expusieron la magnitud y la diversidad de las formas de
evasión fiscal. Aunque un país rico como EE.UU. pudiese soportar el
comportamiento descrito en el denominado caso Luxleaks, un país pobre no puede
hacerlo.
He sido
miembro de una comisión internacional, la Comisión Independiente para la Reforma de la Fiscalidad Internacional de Sociedades, cuya
labor es examinar maneras de reformar el sistema tributario actual. En un
informe que presentamos a la Conferencia Internacional sobre la Financiación
para el Desarrollo, acordamos por unanimidad que el sistema actual está roto, y
que no basta con un par de arreglos aquí y allá. Hemos propuesto una alternativa
—similar a la manera en la que las empresas son gravadas en EE UU— asignando la
recaudación que corresponde a cada Estado sobre la base de la actividad
económica que ocurre dentro de las fronteras estatales.
EE
UU y otros países desarrollados han presionado a favor de una serie de cambios
mucho menores recomendados por la OCDE, que es el club de los países
desarrollados.
En otras
palabras, los
países de los que provienen los políticamente poderosos evasores de impuestos
son los países que, se supone, tienen que diseñar un sistema para reducir la
evasión fiscal.
Nuestra
Comisión explica por qué las reformas de la OCDE han sido, en el mejor de los
casos, pequeños ajustes a un sistema fundamentalmente defectuoso. Son,
simplemente, inadecuadas.
Los países
en desarrollo y los mercados emergentes, encabezados por India, han argumentado
que el foro adecuado para debatir estos temas es un grupo ya establecido en
Naciones Unidas, el Comité de Expertos sobre Cooperación Internacional en
Asuntos Fiscales, del que es necesario mejorar su situación jurídica e
incrementar su financiación. EE UU se ha opuesto de
manera tenaz: quería mantener las cosas como en el pasado, de forma que
la gobernanza mundial sea llevada a cabo por y para los países desarrollados.
Las nuevas
realidades geopolíticas exigen nuevas formas de gobernanza mundial, en las que
la voz de los países emergentes y en desarrollo resuene más alto y con mayor
peso. EE UU impuso su parecer en Addis Abeba; sin embargo, también mostró que
se encuentra en el lado equivocado, una postura que será juzgada por la
historia.
Joseph
E. Stiglitz, premio Nobel de Economía, es profesor universitario en la
Universidad de Columbia. Su libro más reciente es La Gran Brecha: las
sociedades desiguales y qué podemos hacer al respecto.
Traducido
del inglés por Rocío L. Barrientos.
©
Project Syndicate, 2015.
www.project-syndicate.org
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