El complejo encaje parlamentario que ha dejado a su paso el 23-J tendrá un profundo impacto en la economía española. El más que probable vacío de Gobierno hasta bien entrado el último trimestre del año, impedirá que el Ejecutivo en funciones pueda aprobar la batería de leyes necesarias para apuntalar la marcha de la economía. Tampoco podrá comenzar a elaborar unos Presupuestos -los de 2024- claves para un año plagado de incertidumbre. A ello se añaden las dudas que generan en los agentes económicos los posibles cambios legislativos fruto del entramado de pactos que podría urdir Pedro Sánchez con Sumar, ERC, Bildu o el PNV. "Los Presupuestos Generales del Estado para 2024 se van a poder aprobar, en el mejor de los casos, con un fuerte retraso, y si se volvieran a incorporar subidas adicionales de impuestos, las expectativas y la desconfianza de los agentes se podría agravar aún más", explica el director general el IEE, Gregorio Izquierdo.
Es -este- el gran riesgo. El retraso en la reacción política incidirá directamente sobre el poder adquisitivo de los hogares. "Corremos el riesgo de que la brecha que nos separa del resto de la Unión Europea termine por aumentar. En estos años, países como Malta, Eslovenia o Lituania nos han pasado en cuanto a PIB per cápita, y España se está quedando atrás. El modelo instaurado por Sánchez hace imposible un incremento sostenible del empleo y de la productividad, fundamentales para incrementar la riqueza personal", afirma Lorenzo Bernaldo de Quirós, economista y presidente de Freemarket. Salvador Marín, presidente de la Federación Europea de Contables y Auditores para Pymes, apuntala la idea, "Sin estabilidad institucional es muy difícil reducir el gasto público o redireccionarlo hacia la economía para ganar productividad".
"A fuerza de posponer reformas, arrastramos ya unas deficiencias como el que el PIB per cápita no haya crecido en 15 o 20 años, al contrario que ocurre en países vecinos. Esto se traduce en que a largo plazo habrá menos riqueza distribuida y por lo tanto menor bienestar", advierte el profesor de Economía Financiera y Contabilidad de la UC3, Pedro Serrano. Ajustados a la inflación y el poder adquisitivo, los salarios han disminuido alrededor de un 3,5 % en España. Lo mismo ocurre por el resto de la UE, aunque con menor intensidad, en contra de lo ocurrido en Estados Unidos, donde los sueldos reales crecieron en torno a un 6%, según los datos publicado por la OCDE.
El economista, Javier Santacruz, insiste. "Lo más preocupante es la falta de Presupuestos Generales o la prórroga de las cuentas sin tener en cuenta las reglas fiscales, además de la rendición de cuentas de los objetivos que están en las reformas comprometidas para los fondos europeos". La Comisión Europea tiene previsto resucitar la disciplina fiscal en 2024. Esto obligará a todos los países comunitarios a cuidar el equilibrio de las cuentas. Para España, el ajuste presupuestario planteado será de casi 10.000 millones de euros el año que viene, y esto no se conseguirá con prorrogando los PGE de 2023.
La agencia Moody's hace un recorrido del punto de partida. Según la firma, los partidos políticos se han mostrado "reacios" a abordar los retos de las finanzas públicas españolas. Por ello, cree que alcanzar el objetivo de déficit presupuestario del 3% del PIB será necesario y exigente, así como seguir saneando las finanzas públicas. Un bloqueo político prolongado "debilitaría la capacidad de las autoridades para hacer frente a los retos fiscales de España", en un contexto de "desaceleración del crecimiento económico", afirma.
Parálisis legislativa
Los expertos consultados por el Economista.es apuntan a la inquietud que despiertan los meses de vacío político que le esperan a España. Las consecuencias se dejarán notar en el corto plazo. "Las empresas y las familias no saben a que decisiones regulatorias se van a tomar de aquí a un año, y por lo tanto paralizarán sus proyectos de inversión, porque no tienen la certeza de si el nuevo Ejecutivo a derogar la ley de vivienda, va a modificar la reforma laboral o si se va a elevar más el SMI, es decir, necesitan tener certidumbre a la hora de construir sus expectativas", apunta el profesor Pedro Serrano. Para Marín "en épocas de interinidad es frecuente que el consumo interno se retraiga".
"Si el futuro Gobierno interpreta que el resultado electoral es un respaldo a sus política y profundiza más en medidas que aumenten el gasto público, suban los impuestos y regularicen los mercados, el futuro será peor", añade Bernaldo de Quirós que anticipa una profunda desaceleración del PIB ya en el cuarto trimestre del año, lo que se agravará con la aprobación de las reglas fiscales y las consecuencias de las subidas de los tipos.
Los ciudadanos que mueven el pulso de la economía, no solo necesitan saber el guion sobre el que tendrán que tomar sus decisiones, sino también como va a responder el Gobierno ante el catálogo de problemas que requieren de un respuesta. Muchos de ellos, siguen instalados en el día a día. A pesar de que la tasa general del IPC se ha ido desinflando con el paso de los meses -hasta alcanzar el 2,3% en julio- la inflación subyacente sigue arañando puntos de poder adquisitivo de las familias. Además, la tormenta de los precios podría volver a despertarse. Los efectos que la sequía está generando sobre varios productos podría ser más aguda, y el veto ruso a las importaciones de grano ucraniano amenazan con elevar el coste de los alimentos básicos. "Una parálisis institucional en este momento no es buena para la economía. Aún se necesitan medidas ante la inflación, el desempleo, la incertidumbre fiscal o las alzas de tipos de interés", afirma Miguel Ángel Bernal, socio del despacho Bernal & Sanz Bujanda. Medidas de auxilio que el Gobierno en funciones no puede aprobar. "Lo que nuestra economía necesita es una mayor estabilidad y predictibilidad de la política económica, con un clima más favorable para las empresas que mejore la inversión y el empleo", añaden desde el IEE, Fernández de Mesa y Gregorio Izquierdo.
No preocupa en Bruselas
Desde Bruselas restan importancia a la etapa que se abre ahora en España. "No hay preocupación en cuanto a la evolución de la economía española y, sobre todo, en cuanto a su capacidad de cumplir compromisos como la Presidencia semestral. De hecho, no es la primera vez que se celebran elecciones en un Estado miembro cuando ostenta ese cargo en el Consejo de la UE, como las que tuvieron en el primer semestre del pasado año en Francia", aseguran fuentes diplomáticas del Ejecutivo comunitario.
Raúl Mínguez, director del Servicio de Estudio de la Cámara de España también descarta el desastre. "Se hicieron varias pruebas y test de estrés de la economía española y su resistencia a los gobiernos en funciones de los últimos años y la economía siguió adelante. Hay que tener en cuenta que las instituciones y sus funcionarios siguen trabajando al margen la política, tenemos unos presupuestos aprobados y el plan de recuperación sigue adelante", apunta.
El reto del BCE y los 'NextGen'
Sea como sea, también hay margen para el alivio. Las palabras de la presidenta del Banco Central Europeo (BCE) Christine Lagarde el pasado jueves, cayeron como un bálsamo sobre las expectativas de empresas y familias. La francesa abrió la puerta a un posible pausa en el ritmo de subidas de los tipos de interés, que colocó en el 4,25% el pasado jueves. La institución antepone así la buena marcha de la economía de la eurozona, a una ofensiva contra la inflación que no termina de dar los frutos deseados. Aun así, el encarecimiento de los créditos financieros permanece y la tensión sobre un mercado inmobiliario continúa en su máximo histórico. En medio, España no contará con un poder ejecutivo que amortigüe -en parte- el impacto de todo ello.
"Los tipos volverán a subir en septiembre, porque la inflación sigue por muy por encima del 2%, y esa ofensiva monetaria va a producir una cierta desaceleración económica progresiva en el crecimiento español especialmente en 2024. Aún así, la estimación de entorno al 2,3% o 2,4% es perfectamente válida en estos momentos", tranquiliza Juan Ángel Lafuente, catedrático de Economía Financiera y Contabilidad de la Universidad Jaume I de Alicante.
Mayor será el problema que se de durante las negociaciones de un Gobierno inestable con la Comisión Europea a cuenta del desembolso de los fondos europeos. Varios hitos esperan a ser aprobados y esto podría llegar a poner en riesgo la llegada de la financiación comunitaria en el futuro. "Las experiencias con gobiernos interinos que hemos vivido en España en años recientes no fueron tan negativas para la economía como cabía esperarse. Ahora bien, en 2023, sí encuentro un aspecto inquietante como es la necesidad de continuar la negociación de los fondos Next Generation bajo esas condiciones. Aunque ya haya una hoja de ruta en este sentido definida desde el año pasado, no estamos en la mejor situación", afirma Víctor Alvargonzález, socio fundador de Nextep Finance.
Es así muy probable que ese Ejecutivo sin plenos poderes tenga que prorrogar los Presupuestos Generales de 2023, además de negociar el cuarto tramo (10.000 millones) de las ayudas europeas NextGen y enfrentarse a la revisión del Plan de Recuperación que da acceso a 95.000 millones en créditos comunitarios, la llamada adenda que la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, envió a Bruselas el pasado mes de junio.
"Pedirá el cuarto desembolso, en el que se valora la reforma de pensiones. La CE tiene muchas dudas sobre esta reforma. No existe la justicia intergeneracional porque se suben las cotizaciones sociales. Creo que va a haber un estancamiento en cuanto a reformas estructurales, y por parte de la UE hay mucha preocupación por las reglas fiscales", concluye la eurodiputada de C's, Eva Poptcheva.
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