EEUU vive del negocio de la lucha contra el narcotrafico por Mary Anastasia O´Grady
November 11,
2012, 8:09 p.m. ET
Las verdaderas víctimas de la guerra contra las
drogas en México
http://online.wsj.com/article/SB10001424127887324894104578113350496165188.html?mod=WSJS_inicio_MiddleSecond
Por MARY ANASTASIA
O'GRADY
Después de que el martes los votantes en los estados de Colorado y Washington aprobaran la
legalización de la marihuana, nace la esperanza de que el gobierno de
Estados Unidos esté al principio del fin de su larga, tortuosa e inútil guerra
federal contra las drogas.
Si la Constitución estadounidense vale de algo, al gobierno nacional nunca se le dio el
poder de regular el uso de droga dentro de los estados. Esa prerrogativa le
pertenece a los gobiernos estatales, aunque el Departamento de Justicia de
Barack Obama ya ha anunciado que planea defender la posición de "niñera
estatal" que indica que el gobierno central tiene que proteger a las
personas de ellas mismas.
Enrique Peña Nieto, presidente electo de México.
Mientras tanto, al sur de Estados Unidos, los países
parecen estar atravesando sus propios cambios de paradigmas en el tema. Como en
el caso de EE.UU., el ímpetu de cambio viene de la sociedad civil, no del
gobierno.
Durante los seis años de confrontación sangrienta con los
carteles de la droga, el gobierno de Felipe Calderón
ha tratado de minimizar el horror al insistir que la impresionante cifra de víctimas
fueron miembros de bandas criminales asesinados por otros criminales. Pero cómo pueden las autoridades saber
quién mató a quién. Solo cerca de 4% de
todos los delitos en el país llega a resolverse. Nadie entiende esto mejor que
los parientes de los muertos, que en muchos casos han objetado la caracterización
de sus seres queridos asesinados como criminales.
Ahora,
surge evidencia de que la violencia del narcotráfico está afectando la sociedad
mexicana de manera más amplia de lo que el gobierno quiere admitir. Un
ejemplo es el hecho de que "trabajar" para la mafia en México, en
muchos casos, no es voluntario. Algunos empleados de los carteles,
particularmente individuos con capacidades
técnicas o de ingeniería que los mafiosos necesitan, habrían sido
reclutados a punta de pistola.
Especialistas
en telecomunicaciones que saben cómo instalar antenas y transmisores son
particularmente codiciados. Los carteles también apuntan a la
contratación de menores de edad. Mientras tanto, un informe del 4 de noviembre
en el diario Reforma dijo que los doctores y las enfermeras en zonas rurales se
sienten amenazados por una sensación abrumadora de inseguridad y muchos quieren
renunciar.
El presidente electo, Enrique Peña Nieto, del Partido
Revolucionario Institucional, quien asumirá el poder el 1 de diciembre, ha señalado
un ligero cambio de curso. En una entrevista en Nueva York antes de las
elecciones de julio, me dijo que esperaba priorizar la reducción de los crímenes
violentos, especialmente el homicidio, el secuestro y la extorsión. Por
supuesto, cuando le pregunté, añadió que continuará persiguiendo a los
narcotraficantes. Pero eso suena muchísimo al modelo estadounidense, donde las
drogas viajan fácilmente desde, digamos San Antonio, en Texas, a Chicago, en el
norte del país, y los narcos saben qué pueden y qué no pueden hacer en el
proceso de colocar su producto en el mercado.
El nuevo presidente podría obtener el apoyo de su
predecesor, un ex ferviente guerrero contra el narcotráfico que parece haber
tenido una epifanía. En su discurso ante las Naciones Unidas en septiembre,
Calderón explicó que el "problema fundamental" es el enfoque de
alejar la droga de los jóvenes mediante el combate legal del tráfico: "Las
enormes ganancias derivadas del mercado negro, provocado por la prohibición, han exacerbado la ambición de los
criminales, han aumentado todavía más el masivo flujo de recursos hacia sus
organizaciones. Esto les permite crear redes poderosas, les da una capacidad de corrupción prácticamente ilimitada, son capaces
de comprar gobiernos y cuerpos policiacos enteros, dejando inermes a las sociedades,
dejando indefensas a las familias, especialmente a las naciones más pobres".
Ya no se escucha tanto el argumento de que las víctimas
de la guerra mexicana contra las drogas son casi siempre delincuentes. Incluso
el gobierno ha tenido que abandonar ese raciocinio a medida que grupos de
derechos humanos junto con las familias de quienes han muerto o desaparecido se
organizaron para presionar y destapar la verdad acerca de lo que ha pasado con
sus seres queridos. La creencia de que organizaciones delictivas,
algunas veces con ayuda de fuerzas del orden corruptas, están secuestrando
personas con capacidades especializadas está ganando credibilidad.
Según un informe del 29 de octubre publicado en el sitio web mexicano Animal Político, el patrón en estos
secuestros es notable porque las familias no reciben pedidos de rescate, y
usualmente ocurren en zonas dominadas por los carteles. Entretanto, el ejército
ha descubierto muchas redes de telecomunicaciones sofisticadas
"clandestinas" en áreas remotas donde los carteles operan.
"No veo yo cómo iba a ser algo casual (la desaparición
de técnicos)", dijo al sitio web Animal Político Felipe González, secretario de la Comisión Bicameral de
Seguridad Nacional. "Por ejemplo, ninguno
de los ingenieros en sistemas desaparecidos ha sido hallado, pero el año
pasado hombres armados detuvieron un autobús de pasajeros y obligaron a bajar a
dos personas que dijeron trabajar en una empresa de sistemas; el problema es
que no eran técnicos, sino cobradores, y ellos sí aparecieron rápidamente,
aunque asesinados".
Los estadounidenses están empezando a entender que la
prohibición no es una manera efectiva de desalentar el uso de drogas. Pero si
Peña Nieto quiere hacer de México una sociedad más justa, será mejor que no
espere a que la enorme burocracia gubernamental de
EE.UU. que vive de la "guerra" dé un paso al costado. Ellos hacen oídos sordos al mensaje que los votantes de
Colorado y Washington enviaron la semana pasada.
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