Así fue la operación militar para desbloquear una planta de combustible que dejó un muerto en Bolivia [FOTOS] (son muchos mas muertos)
Un muerto y un número no precisado de heridos es el saldo de enfrentamientos entre manifestantes y militares que liberaron más temprano el acceso a una planta de combustible en El Alto, ciudad vecina de La Paz, informó este martes la Defensoría del Pueblo de Bolivia.
Un operativo de militares y policías despejó este martes el acceso a una refinería en la ciudad boliviana de El Alto, entre incidentes con manifestantes partidarios de Evo Morales, para escoltar a camiones cisterna hacia la vecina La Paz.
| Fuente: AFP
Una caravana de vehículos blindados de las Fuerzas Armadas de Bolivia, con apoyo de un helicóptero, se dirigió a media mañana hora local a una refinería de la empresa estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) en esta ciudad del altiplano.
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Las fuerzas del orden emplearon material antidisturbios como gases lacrimógenos para dispersar a grupos que desde hace unos días bloqueaban la carreteras de acceso, en la que habían instalado barricadas con la quema de neumáticos.
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Los policías y militares escoltaron después un convoy de camiones cisterna para abastecer a la vecina ciudad de La Paz, donde desde hace varios días escasea el combustible.
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Los manifestantes siguen en la zona, donde mujeres indígenas habían pedido de rodillas a las fuerzas del orden que no hubiera violencia, llevando en sus manos la whipala, una bandera multicolor de las comunidades originarias.
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"Militares sí, policías no", "fuera policías", fueron algunas de las consignas coreadas por manifestantes con las manos en alto, mientras frente a ellos la Policía Militar intentaba dialogar para calmar la situación.
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Estos grupos mantienen su apoyo a Evo Morales, asilado en México, y piden la renuncia de la presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez.
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El Alto es la segunda mayor ciudad de Bolivia, con cerca de un millón de habitantes, y es uno de los bastiones electorales de Morales, en una urbe con tan solo 34 años de existencia en la que residen muchos emigrantes de zonas rurales.
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Los militares y policías realizan operaciones conjuntas desde el pasado 11 de noviembre, para frenar la violencia en el país, donde desde tras los fallidos comicios del 20 de octubre murieron al menos 24 personas y 715 resultaron heridas, según datos oficiales.
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El pasado 10 de noviembre Evo Morales anunció su renuncia tras casi catorce años en el poder, forzado por las Fuerzas Armadas, y al día siguiente salió hacia México, donde está asilado.
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Las protestas comenzaron al día siguiente de las elecciones entre denuncias de fraude a favor de Evo Morales, que fue proclamado vencedor para un cuarto mandato consecutivo pero renunció tras un informe de la Organización de Estados Americanos que advirtió graves irregularidades en los comicios.
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La renuncia de Morales ha sido calificada como "golpe de Estado" por varios gobiernos y políticos latinoamericanos.
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Otros países han reconocido al Ejecutivo interino de Jeanine Áñez, mientras que parte de la comunidad internacional ha instado al diálogo sin pronunciarse sobre la crisis política.
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Medios locales cifraban entre tres y cinco el número de heridos cuando manifestantes, leales al expresidente Evo Morales, quien está asilado en México tras dimitir al cargo el 10 de noviembre, atacaron con piedras y fulminantes de dinamita las instalaciones de la planta de combustible de Senkata.
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Poco antes una fuerza combinada de policías y militares, apoyada por carros blindados y helicópteros, había ingresado a la planta, ocupada hace días por manifestantes, para reanudar en carros cisternas el abastecimiento de combustible, cuya escasez se empieza a agudizar en La Paz.
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Desde México, Morales tuiteó: "Denuncio ante el mundo que el gobierno de facto al estilo de dictaduras militares nuevamente mata a mis hermanos de El Alto que resisten pacíficamente el golpismo y luchan en defensa de la vida y la democracia".
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La presidenta provisoria de derechas Jeanine Áñez había firmado en días pasados un decreto, calificado por la CIDH de "grave", que exime a los militares de cargos penales si se generan víctimas en sus tareas de mantener el orden en el país, convulsionado hace casi un mes.
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Otro decreto firmado por Áñez destina 4,8 millones de dólares al equipamiento militar de las Fuerzas Armadas.
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La CIDH había cifrado el fin de semana en 23 los muertos desde que comenzaron los conflictos y en 9 desde que asumió el 13 de noviembre el nuevo gobierno.
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