HRW denuncia que familias de miembros del EI han sido trasladas a campos de rehabilitación
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Al menos 170 familias han sido realojadas en el “campo de rehabilitación”, sobre todo mujeres y niños procedentes de Mosul y entre ellos hay 20 menores no acompañados
HRW denuncia que familias de miembros del EI han sido trasladas a campos de rehabilitaciónMiembros del EI tras ser capturados en Mosul (Reuters Tv / Reuters)
Barcelona
13/07/2017 17:32 | Actualizado a 13/07/2017 18:03
Human Rights Watch (HRW) ha acusado a las fuerzas iraquíes, que hace unos días reconquistaron Mosul, de encerrar a familias enteras de miembros del Estado Islámico (EI) en campos de rehabilitación. Según HRW, ello podría constituir un crimen de guerra porque las personas, principalmente mujeres y niños, son retenidas contra su voluntad sin que haya pruebas de que hayan participado en alguna acción ilegal.
Según la organización humanitaria, al menos 170 familias han sido realojadas en el “campo de rehabilitación”, sobre todo mujeres y niños procedentes de Mosul -entre ellos una veintena de menores no acompañados- que han sido trasladados allí contra su voluntad a la espera de que las autoridades comprueben que no tienen ningún vínculo con el grupo terrorista.
En el campo, con capacidad para 2.800 familias hay ahora 170
“Las autoridades iraquíes no pueden castigar a familias enteras por las acciones de sus familiares”, ha dicho Lama Fakih, subdirectora de HRW para Oriente Próximo. “Estos campos no tienen nada que ver con la rehabilitación, sino que son centros de detención para adultos y niños que no han sido acusados de nada y deben ser libres para ir donde puedan vivir seguros”, ha añadido.
En junio, el Gobierno de Mosul, ‘capital’ iraquí del autoproclamado califato, emitió un decreto por el que ordenaba que las familias de los combatientes del EI se sometieran a “una rehabilitación ideológica y psicológica”. Un mes después, se abrió el primer “campo de rehabilitación” de Irak en la localidad de Bartalla, ubicada a 14 kilómetros de Mosul y antes de la irrupción del EI una de las poblaciones cristianas de las llanuras de Nínive.
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Una de las mujeres con las que ha podido hablar HRW ha contado que el año pasado consiguió el divorcio en un tribunal islámico gestionado por EI, tras lo cual el juez la retuvo como esclava sexual. El juez y su familia acabaron huyendo ante la llegada de las fuerzas iraquíes y sus aliados y la dejaron encerrada en la casa. Cuando las tropas gubernamentales la descubrieron, pensaron que era una simpatizante yihadista y la trasladaron a Bartalla.
El “campo de rehabilitación” está pensado para albergar a 2.800 familias pero, de acuerdo con HRW, no cuenta con las instalaciones necesarias. Solo tiene una clínica móvil y unos servicios humanitarios muy limitados. De hecho, los trabajadores de Bartalla han revelado que al menos diez mujeres y niños han muerto durante el traslado o ya en el campo, en la mayoría de los casos por deshidratación.
El campo está financiado por el Ministerio para Desplazados y Migraciones de Irak y la Policía y las Unidades de Movilización Popular, una milicia local chií, se ocupan de la seguridad en el mismo. Aunque casi todos sus habitantes son mujeres, no hay ninguna agente, “lo que aumenta la preocupación por posibles casos de violencia de género”, ha señalado HRW.
El campo está financiado por el Ministerio para Desplazados y Migraciones de Irak, la Policía y milicias chiíes
Por otro lado HRW ha llamado la atención sobre los desplazamientos forzados de supuestos familiares de terroristas del EI que se están dando en Nínive y en otros lugares del norte de Irak con la connivencia de las autoridades. En muchos casos, los gobiernos municipales y regionales han emitido decretos instando a estas personas a abandonar sus hogares y en otros han permitido que milicias locales lleven a cabo ataques, incluso con granadas, contra estas familias. “Como consecuencia de ello, muchas se han visto obligadas a ir a campos para desplazados”, ha dicho HRW. “Las leyes de la guerra prohíben tajantemente el desplazamiento forzado de civiles salvo cuando es necesario para proteger a la población civil o por necesidades militares y solo durante el tiempo necesario”, ha recordado la ONG, subrayando que, en todos los demás casos, constituye un crimen de guerra.
HRW ha instado al Gobierno de Haider al Abadi a emitir un decreto que prohíba la evacuación forzosa de supuestos familiares de miembros del EI y sancione a las autoridades y miembros de las fuerzas de seguridad que participen en estas acciones. La ONG ya denunció a finales de junio “abusos y ejecuciones” perpetrados por las fuerzas iraquíes a los civiles durante la fase final de la ofensiva para derrotar al grupo yihadista. Denunció quehombres y menores de edad desarmados fueron golpeados y hubo una ejecución.
La caída de Mosul no supone el fin del Estado Islámico en Irak
Muchos expertos auguran un futuro complicado para Irak y Siria pese a que se acabe con el grupo yihadista y será difícil mantener la paz en una sociedad muy dividida y marcada por la violencia sectaria. Todas las partes han cometido abusos, tanto los yihadistas como las milicias que se defendieron y han llevado a cabo la reconquista. La convivencia se antoja complicada en la cuna de la civilización.
En esa línea, Fakih ha advertido de que “estos actos abusivos”, no solo “socavan los esfuerzos para promover la reconciliación nacional en las zonas liberadas del Estado Islámico”, sino que podrían constituir crímenes de guerra, porque, según el Derecho Internacional, las sanciones solo pueden imponerse de forma individual, no colectiva, y por las autoridades competentes, es decir, tribunales de justicia.
Además, la caída de Mosul -ni de Raqa en Siria- no significa el fin del EI. Pese al anuncio de la liberación de la ciudad, los enfrentamientos entre las fuerzas iraquíes y los últimos combatientes del grupo yihadista seguían en el casco antiguo de la ciudad de Mosul, dos días después.
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