Santiago de Chile. Bloqueos de rutas, concentraciones en tribunales, marchas y un gran cacerolazo nacional son las convocatorias para este “superlunes” de protestas sociales en Chile, donde empieza la tercera semana de una crisis sin salida a la vista y que desgasta al gobierno de Sebastián Piñera.
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“Esto aún no termina”, dicen los llamados por redes sociales para este “superlunes” en Chile, uno de los países más estables de América Latina hasta el 18 de octubre, cuando un estallido social sin precedentes desde el retorno a la democracia en 1990, sorprendió a un poder político que todavía no vislumbra cómo controlar la crisis.
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Cientos de manifestantes rodearon la sede del Congreso en Santiago para mostrar su rechazo a la agenda legislativa anunciada por el presidente chileno, Sebastián Piñera, para enfrentar la crisis política y social.
Tras congregarse ante las puertas de los Tribunales de Justicia, los asistentes rodearon la sede del Congreso de la capital chilena para hacer escuchar su voz a los parlamentarios que mañana debatirán sobre el proyecto para aumentar las pensiones.
En la manifestación, convocada por la plataforma Unidad Social, que incluye a unas 70 organizaciones sindicales y sociales, se pudieron escuchar lemas a favor de una vivienda digna, la reforma tributaria, una nueva constitución, y en contra de las AFP, las empresas privadas que administran los fondos de pensiones.
Mauricio Gutiérrez, dirigente de un sindicato de trabajadores de los sectores electrometalúrgico, minero y automotriz, exigió que se frene la reforma de pensiones, ya que “solo profundiza en el sistema actual, que está desbordado y fracasado”.
“El presidente tendría que congelar inmediatamente su proyecto de ley y sentarse a conversar con las organizaciones sociales, no con los políticos, porque es la ciudadanía quien se ha organizado”, aseguró Gutiérrez a Efe.
Entre los cientos de congregados se pudieron ver banderas de la Confederación Nacional de los Trabajadores de la Salud (Confenats), del Sindicato de Profesionales y Técnicos de Aguas Andinas (SPT) o de “No+AFP”, contrarios al sistema actual de pensiones.
El vocero de la Coordinadora “No+AFP”, Luis Mesina, se preguntó: “¿Cómo es posible que la oposición pretenda validar una reforma previsional que mantiene intactas a las AFP, siendo la demanda más sentida en los cabildos de todo el país?”.
“La gente tiene profunda y legítima desconfianza” en el Gobierno, dijo Mesina a Efe, quien aseguró que el Ejecutivo “tiene las manos sucias y corruptas”.
María Oyarzún, que trabaja como auxiliar en un hospital público, señaló que los manifestantes tienen “muchas peticiones por tantas cosas que no han hecho los políticos” y concluyó que “hay que pelear por nuestros hijos y por nuestros nietos”.
La rabia en la calle, que ha dejado 20 muertos, es en contra de un Estado ausente en educación, salud y pensiones dentro de un modelo económico de libre mercado, donde una minoría controla la riqueza del país. De esta manera se han multiplicado las voces de izquierdas y derechas que piden cambiar la Constitución, una herencia de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).
“Muchas de las urgencias sociales son imposibles de concretar sin una nueva Constitución. Es necesario pasar de una Constitución con un rol subsidiario del Estado a una Constitución con un rol social del Estado”, escribió este fin de semana la exdiputada y exsenadora de derechas Lily Pérez.
El presidente Piñera, que tuvo que cancelar la organización de la APEC y la cumbre de clima de la ONU COP-25 previstas para este mes, afirma que prefiere antes que nada “un diálogo amplio”.
Sin embargo paga con una caída estrepitosa de popularidad sus errores y tropiezos en la gestión de la crisis desde el primer viernes de protestas violentas, que percibió como un tema de desorden público.
En un fin de semana frenético, con saqueos a supermercados, incendios de infraestructuras y desmanes, decretó el estado de emergencia, sacó a los militares a las calles e impuso un toque de queda, todas medidas que se pensaban sepultadas desde la época de mano dura de Pinochet.
Según una encuesta de Cadem divulgada el domingo, un 87% está a favor de que se cambie la actual Constitución.
Una de las mayores exigencias de los manifestantes es la redacción de una nueva Constitución. (AFP / RODRIGO ARANGUA).
Una de las mayores exigencias de los manifestantes es la redacción de una nueva Constitución. (AFP / RODRIGO ARANGUA).

- Popularidad en picada -

La crisis arrastra la popularidad del mandatario, que con 13% de aprobación, según el estudio de Cadem, es el jefe de Estado con las cifras más bajas desde el regreso a la democracia en Chile.
La guatemalteca Rigoberta Menchú, premio Nobel de la Paz 1992, está en el país para conocer los detalles del Instituto Nacional de Derechos Humanos sobre los muertos durante las protestas y las 179 denuncias interpuestas ante la justicia por casos de maltratos, torturas y abusos sexuales sufridos por manifestantes.
La Nobel de la Paz Rigoberta Menchú está en Chile. (AFP / RODRIGO ARANGUA).
La Nobel de la Paz Rigoberta Menchú está en Chile. (AFP / RODRIGO ARANGUA).
Esta crisis empezó con una protesta de estudiantes que llamaron a evadir el metro de Santiago en reclamo al aumento de tarifas, y luego destapó un profundo descontento de las clases trabajadora y media, que ven sus expectativas incumplidas en un sistema que promueve el endeudamiento para salir adelante.
Hasta ahora se trata de un movimiento heterogéneo, sin banderas políticas y sin liderazgo identificable.

- Rutina anormal -

Varios alcaldes anunciaron para el lunes la normalización de las actividades en escuelas públicas y universidades, pero en los hechos, Santiago y las principales ciudades del país no han podido recuperar su ritmo con manifestaciones masivas después del mediodía y algunos incidentes violentos que han paralizado gran parte del sector comercial y turístico.
Este lunes, el Metro de Santiago retoma su servicio con un horario más prolongado y cuatro estaciones más en funcionamiento.
Este medio de transporte público, que transportaba unos 2,6 millones de pasajeros en días laborales, sufrió graves daños en 118 de sus 136 estaciones, entre ellas 25 incendiadas, y ha estado semiparalizado sobre todo en zonas muy pobladas y de clase trabajadora.
El domingo hubo una manifestación protagonizada por los ciclistas. (REUTERS/Jorge Silva).
El domingo hubo una manifestación protagonizada por los ciclistas. (REUTERS/Jorge Silva).
Los daños en esta red subterránea, una de las más modernas en la región, se estiman por encima de 350 millones de dólares. Los desmanes en pymes y comercios, además de en las infraestructuras públicas, supera los 900 millones de dólares, según cifras oficiales.
Este fin de semana, que fue un feriado largo con protestas que tuvieron poder de convocatoria en versiones artísticas, deportivas y cabildos, los principales centros comerciales abrieron tras 15 días cerrados aunque menos horas.
Los cines abrieron por primera vez desde el jueves y estuvieron abarrotados porque redujeron su oferta de horarios y de películas, eliminando las funciones nocturnas.
Fuente: AFP