José Ragas analiza al gobierno Boluarte: “Sí puede llamarse dictadura, porque está sustentado en el ejercicio de la represión”
El historiador peruano advierte que el discurso de criminalización contra los manifestantes e incluso contra los fallecidos sienta un riesgoso precedente en la democracia peruana. Precisa que el Ejecutivo ingresó a un peligroso punto de no retorno en el que la violencia y la represión sustenta su continuidad, con el aval del Congreso
El lunes 9 de enero, el Perú vivió uno de los episodios más violentos de su historia, pues un total de 18 personas murieron en Puno debido a las violentas protestas y represión de las fuerzas del orden. Un brutal episodio que no conmovió a la clase política peruana en el poder y que, por el contrario, afianzó un discurso de revictimización contra los fallecidos al criminalizar a los manifestantes. Desde hace 35 días, cuando inició el régimen de Dina Boluarte, las regiones del sur (Cusco, Ayacucho, Arequipa y Puno) se alzaron para exigir el adelanto de elecciones y pedir su salida, se cuentan más muertes que días de gobierno. Ante ello, el historiador e investigador peruano José Ragas advierte que este uso excesivo de fuerza contra el sur andino responde a matices de racismo y autoritarismo, mecanismos con los que el Ejecutivo y el Congreso buscan mantenerse en el poder pese a la petición popular.
En apenas poco más de un mes, con más de 40 muertes encima sobre el gobierno de Dina Boluarte, con el grado de represión policial y militar y criminalización de manifestantes, ¿se puede hablar de que Perú ya vive una dictadura o un inicio de esta? ¿O pese a la gravedad de los hechos, aún no?
Me lo han estado preguntando algunas personas estos días. Hay algunos que prefieren tener mucha reserva con el término para no sobreusarlo, pero creo que el término ha cambiado. Uno como historiador tiene el defecto de ir viendo cómo van cambiando este tipo de procesos y denominaciones. Lo cierto es que ya no estamos frente a una dictadura militar como en los 70 u 80 cuando tomaba el poder el ejército o cuando alguien llegaba al poder de manera por vías que no eran electorales.
Lo que estamos viendo yo creo sí se podría llamar dictadura porque es un gobierno que está sustentado en el ejercicio de la represión, en la aplicación indiscriminada de un estado de emergencia, toques de queda, funciones de desmantelamiento de movilización social y también de fuerzas de oposición. Y todo esto, además, se ha asentado en una retórica que ya no es una cuestión marginal, sino que está al centro del espectro político del gobierno y el Congreso, que es la criminalización de la protesta mediante el terruqueo.
Entonces, en ese sentido, hay definitivamente una veta autoritaria que se está afianzando en una alianza entre el gobierno, las fuerzas del orden, que no está dando resultados y que básicamente lo que hemos visto es un saldo que lamentablemente no va a terminar, se va a incrementar.
Lo que ha pasado en Puno ha sido realmente escandaloso. En otro momento ya hubiera renunciado, no solamente un ministro o un gabinete, sino el gobierno mismo. Pero creo que se ha normalizado y ese es el peligro que también encierra una dictadura.
¿Qué nos dice del gobierno este discurso recurrente en el que busca legitimar esta gran cantidad de muertes, incluyendo la de menores de edad, señalando a los manifestantes como violentistas, de cometer actos vandálicos y hasta el punto de acusarlos de ser financiados por el narcotráfico, en palabras del premier?
Creo que el hecho es la continuación natural de lo que hemos estado viviendo en este último año y medio. No solamente a nivel de gobierno, del Estado, sino también un discurso que se ha instalado a través de las noticias falsas sobre el fraude en las elecciones del 2021. Por eso para el gobierno no ha sido necesario demostrar con pruebas sino que basta que se diga eso para que los demás repitan a través de las redes sociales, de medios y operadores políticos cuando hasta ahora no hay un informe concreto sobre personas específicas que hayan hecho esto y aún si lo hubiera, estoy segura de que las hay, por qué no se les detiene, por qué no hay un operativo o una política destinada a justamente aislar a estas personas violentistas y evitar que se criminalice el resto de la protesta.
Pero es algo también que viene desde mucho tiempo atrás y lo que básicamente marca mucho es un punto de quiebre más profundo en la relación entre la capital y el resto del país. No es casualidad que la mayor cantidad de muertes haya ocurrido en la sierra sur, no es casualidad que hayan aparecido nuevamente, como surgen cada cierto tiempo, proyectos de autonomía regional. Y que también la preocupación más importante, como lo dijo el premier, haya sido que las protestas no lleguen a Lima, porque mientras no lleguen, mientras no pase nada en Lima, básicamente, el gobierno se puede mantener.
Yo creo que hay toda una serie de elementos profundos de carácter históricos que lamentablemente no se han resuelto y nos está estallando nuevamente la cara en una coyuntura con un manejo tan torpe y tan violento de parte del Estado.
Este discurso constante, es una especie de discurso de guerra en la que los manifestantes son señalados como enemigos que buscan desestabilizar el país. Incluso el premier señaló que pretenden hacer una asonada contra Lima, ¿qué tan peligrosas son este tipo de declaraciones?
Es muy peligroso porque legitima un discurso en el cual no solamente las Fuerzas Armadas tienen cabida para seguir reprimiendo de manera indiscriminada como lo han hecho provocando serias muertes, en vez de arrestar, de procesar siguiendo un protocolo.
Esto también llega más allá de las Fuerzas Armadas. Llega, por ejemplo, a medios de comunicación que con total libertad consolidan un discurso en el cual la propuesta es igual a terrorismo. Y también a la población civil que justifica el accionar desmedido y completamente violento de las Fuerzas Armadas.
Este discurso ya está instalado dentro del curso oficial del gobierno y es muy difícil que se pueda sacar. Todas estas fakes traen consecuencias, porque cambian los patrones y los valores democráticos. Hace que la gente sencillamente permita que pase cualquier cosa con tal de que defiendan sus privilegios y a sus intereses.
Ahora, a un nivel más de corto plazo y no tan estructural, ¿también se podría decir que este discurso se trata de una especie de estrategia, justamente para luego evitar responder por estas 45 muertes?
Absolutamente, es algo que lamentablemente hemos visto que ha ocurrido durante el conflicto armado interno (en los 80). La idea, por ejemplo, de que se hizo en defensa de la patria, la idea de que fueron elementos aislados, no parte del ejército o de las Fuerzas Armadas también. O en todo caso de que fue una situación de guerra y que eso, de cierta manera, justificaba el hecho de que se cometiera en ese tipo de actos. O incluso el uso de la palabra “excesos” que también ha sido utilizada ahora.
Básicamente, estamos asistiendo a un deja vú de algo que lamentablemente pasó hace 40 años, que pensamos que había sido cerrado y que hemos visto que no es así.
También es la manera en la que el Estado busca conseguir impunidad y también legitimar este tipo de represión. Lo más peligroso, al criminalizar la protesta, cualquier tipo de manifestación o una opinión en contra del establishment , es que no va a ser solamente penalizado, sino que va a ser perseguido.
Con todos los discursos diarios de hablar de terrorismo de una manera tan sencilla, creo que no nos estamos dando cuenta de lo peligroso y lo difícil que va a ser recuperarnos en los siguientes meses y años.
Como bien señalas, las principales víctimas son del sur andino. ¿Se puede hablar también de un componente de racismo en la normalización de las muertes de las víctimas? Recordemos que en la misma sede del Parlamento, un congresista colocó una imagen en alusión al grupo terrorista Sendero Luminoso junto a las fotos de los fallecidos en Puno.
Definitivamente. Gran parte de la represión contra movilizaciones sociales históricamente han sido contra el sur andino. Gran parte de la represiones fuertes que han habido, que han terminado en matanzas por parte del Estado, han sido contra el sur andino.
Se ha creado una suerte de imaginario que opone a Lima con el resto del país, pero sobre todo con el sur andino y en el cual básicamente no es una cuestión de distancia geográficas, es una cuestión más de distancia cultural, de una distancia social en el cual a pesar de vivir el mismo país son básicamente dos universos que no se tocan o que la única forma en la cual los del sur llegan a Lima es bajo la forma de exotismo. Llegan bajo las formas de Machu Picchu, bajo la forma de papas nativas bajo la forma de folklore, cine tal vez, pero no son personas de carne y hueso para la capital.
Y eso creo que es muy peligroso. No hemos logrado cerrar esa brecha y esa brecha no es únicamente una cuestión que termina en lo exótico, sino que termina en el hecho de normalizar y hasta justificar la muerte de las personas y banalizar sus intentos de reclamo diciendo que básicamente están muertos por protestar o querer tomar una carretera o un aeropuerto. Es lo más peligroso.
¿Qué papel juega el Congreso en esta represión desmedida que están viviendo las regiones del sur? Sobre todo, luego de que le hayan entregado la confianza a un gabinete que justamente ha provocado estos hechos y que normaliza estas muertes.
Lo que ha pasado es un episodio de vergüenza, entre los varios episodios de vergüenza que ya nos viene dando la clase política en el país. Ha sido básicamente una forma de decirles “ustedes pueden seguir reprimiendo, no va a pasar nada”. No hubo ningún tipo de crítica, ningún cuestionamiento al gabinete, ningún tipo de condición para que las muertes cesen.
Ha sido un voto de confianza muy abierto, muy fácil, que básicamente lo que creo es que era un formulismo. Yo creo que ya estaba y eso de alguna manera muestra un pacto que hay, que permitió a Dina Boluarte llegar al poder. Creo que eso también explica por qué se está manteniendo tanto.
Estamos en el peor de los escenarios, donde básicamente había una mafia en el Poder Ejecutivo, ahora esta se ha quedado en el Congreso y va a buscar aprovechar al máximo el tiempo que se puede quedar para cambiar las leyes, para que estas los favorezcan con reelección, con bicameralidad, por ejemplo, cambiar a los jefes de los entes electorales.
Y esto no deja muchas salidas, porque actualmente ya no hay un contrapeso de poder, no existe. El Poder Judicial y la Fiscalía también están a su favor y los pocos espacios autónomos van a buscar ser neutralizados desde el Congreso, como la Defensoría o el Tribunal Constitucional.
Yo creo que esto radicaliza más la situación, porque hace que haya menos opciones viables para salir a transiciones democráticas y esto puede terminar peor.
El Congreso tiene su agenda propia, no le interesa el bienestar del país y lamentablemente en Perú se ha creado como dos situaciones paralelas donde, por una parte el Estado funciona de alguna forma y de otra tienes a un pais en protesta abierta hace más de un mes, que no sé cuándo ha sido la última vez que ha ocurrido esto, no puedo recordar. Es una situación muy delicada y creo que se necesita a organismos internacionales para poder hacer una transición adecuada, pero esto no va a terminar bien, lamentablemente.
¿Se puede hablar que el objetivo de ambas instituciones es aferrarse al poder para seguir sus propios intereses pese a la poca aprobación con la que cuentan de la población?
Totalmente. Por parte del Ejecutivo ellos están buscando cómo mantenerse en el poder, pero en verdad es una fachada. La presidenta Dina Boluarte ha demostrado desde la primera semana que no tiene la capacidad para poder convocar, para poder solucionar los problemas.
Se ha llegado a una suerte de entrampamiento en el cual ningún poder quiere moverse y trata de aguantar lo más que pueda, y el problema es que esto tiene costo en vidas humanas. Más allá de lo económico, más allá de la infraestructura tiene un costo en vidas y esto no le incomoda para nada al Ejecutivo ni al Parlamento.
¿Esta sería la razón por la que ahora no se habla de incapacidad moral? Que si bien es un concepto abstracto y a veces usado arbitrariamente, quizá en este momento sí sería oportuno, pero no hay señales de cuestionamientos del Congreso hacia el Ejecutivo?
No, porque finalmente la cuestión de la vacancia y lo de incapacidad moral que me señalas es una cuestión muy subjetiva, se aplica cuando se quiere y se aplica obviamente contra los enemigos, como lo ha hecho el Congreso contra presidentes también. Además el Congreso está tratando de neutralizar a posibles oponentes o posibles competidores en los próximos años, como por ejemplo a los expresidentes Francisco Sagasti o Martín Vizcarra.
El Congreso es una maquinaria política que está buscando afianzarse en el poder y básicamente borrar a cualquier opositor para poder ellos perpetuarse de alguna manera por los siguientes años para un proyecto ultraconservador, autoritario y violentista que tienen en mente.
Ahora, cambiando de tema, para entender un poco cómo protestan las regiones. Muchas veces en Lima se tiene la idea, de que las protestas deben ser pacíficas, con bailes, pasacalles etcétera; sin embargo, estamos frente a una visión diferente. Sin ánimos de exotizar o justificar la violencia, muchas veces las demandas de las regiones, como muestran los datos recién son atendidas después de episodios de alteración del orden público. ¿Cómo es que se desarrollan históricamente las protestas en el sur del país?
Lo que pasa es que a veces tenemos una visión muy idealizada de las protestas que no siempre se condicen con la realidad, cada protesta es completamente diferente. Dos protestas que están ocurriendo en un mismo momento, en dos lugares distintos son completamente diferentes porque cada protesta utiliza una serie de repertorios que vienen de tradiciones anteriores, que tiene que ver mucho con el motivo, tiene que ver mucho con las circunstancias, tiene que ver con lo que tienen a la mano también, con cómo se organizan.
Uno piensa las protestas ahora como una suerte de performance, pero esto viene más de sectores urbanos, más cosmopolitas.
Lo que comentaba con un colega hace unos días es que las protestas del sur tienen dinámicas completamente distintas. Incluso cuando hablas del sur, no estás hablando de una región homogénea, estamos hablando de dinámicas internas completamente distintas y que son justamente lugares históricos de demandas, por ejemplo, las revueltas campesinas de los años 60 en Cusco, al igual que las demandas de Puno o Andahuaylas.
Decir ‘la protesta’ en general a veces impide ver diferentes dinámicas, pero también exotizar algunas cosas y esto lo estamos viendo en el gobierno, que no está entendiendo esto porque lo que ha pasado es que también se han roto los vasos comunicantes entre los que podían ser negociadores, la clase política, con quienes están manifestándose y eso es muy complicado.
Ahora muchas protestas son espontáneas o son también organizadas a través de redes, organizaciones y agrupaciones. Creo que hay que entender cada uno de esas dinámicas y no me parece que eso es algo que tampoco hemos hecho en los últimos años, creo que nos hemos quedado con la idea de la movilización básicamente en la plaza San Martín. Necesitamos conocer más a fondo cuáles han sido estos canales de manifestaciones en el país para justamente tratar de ver cómo resolverlo, para evitar que lleguen a la situación en la cual hemos llegado actualmente.
Revisando un poco el ejemplo internacional, por ejemplo en las protestas que hubo en Brasil hace poco y en otro país de Europa, intentaron tomar sedes del gobierno y un aeropuerto, pero no hubo pérdidas de vidas humanas como en Perú. Esa es la contradicción, porque el gobierno justifica. En el discurso del gabinete, antes de mencionar la pérdida de vidas humanas, ellos principalmente mencionan al aeropuerto y la carretera. ¿Cuál es el riesgo de esto?
Y también los teléfonos en las protestas del 2020. Siempre va a haber algo que busque una justificación para evitar ver la importancia misma que es la demanda, o sea no les importa ver por qué la gente está protestando, por qué se daña esto, por qué se daña lo otro, por qué se daña el cajero, por qué se daña el banco, el aeropuerto y es cierto, son importantes, pero el problema es que cuando antepones los bienes materiales a las demandas estás prácticamente a un paso de justificar que se proteja eso a cualquier costo, incluso al costo de vidas humanas, que es lo que está pasando ahora. No tiene sentido y es un discurso muy facilista, completamente instrumental que lamentablemente termina siendo repetido en una cámara de eco tanto por trolls, autoridades y por medios de comunicación.
¿En este contexto se puede prever que la represión del gobierno va a continuar cobrando víctimas mortales, porque también entre la población afectada los ánimos se van hasta caldear con estos discursos y por este clima de impunidad también que hay en torno a las muertes?
Sí, lo que pasa es que los canales de comunicación que han habido creo que han sido rotos desde las primeras semanas, más con lo que ha pasado en Puno. Creo incluso que las demandas inicialmente eran demandas que podían ser atendidas como el adelanto de elecciones... Uno puede discutir que está de acuerdo con una Asamblea Constituyente perfectamente, pero las demandas concretas eran de adelanto de elecciones y estas fueron burladas totalmente por el Congreso que los pasó para un año y medio después y que ahora recién se acordaba de las reformas políticas, cuando el Congreso había estado petardeando estas que se han estado pidiendo desde hace mucho tiempo atrás.
Entonces básicamente lo que ha hecho Congreso es ganar tiempo y eso ha ido cerrando cada vez más las posibilidades de diálogo, sobre todo porque no hay intermediarios, no hay organizaciones intermediarias, incluso la Conferencia Episcopal Peruana ha tenido una actitud tibia, por así decirlo, según los comunicados que ha estado sacando.
Creo que estas protestas reflejan no solo la violencia con la que fue reprimida la población, sino también cómo se ha degradado el tejido social en los últimos 30 años. Cómo el desmantelamiento de organizaciones sindicales, también de estudiantes y regionales finalmente nos está pasando factura, porque ahora no hay intermediarios. Aunque estos intermediarios existen, ya no están dentro del radar de la clase política.
Eso hace todo más difícil, hace que la única salida para la clase política sea más represión, más endurecimiento del discurso que criminaliza la protesta. Y eso también va a terminar provocando lamentablemente más víctimas y al final va a llegar un punto en el cual la gente ya ni siquiera le va a interesar el adelanto de elecciones, ni siquiera ya va a ser ese el motivo, sino se dará un discurso anti clase política a medida que esto se vaya radicalizando.
Y ahí, lamentablemente, ya marca un punto de no retorno, cuando es algo que se pudo haber solucionado tranquilamente en diciembre, pues hubo el tiempo y también la pausa de las fiestas de fin de año para poder hacerlo, pero no se hizo. Y eso es responsabilidad de la presidenta Dina Boluarte, del Consejo de Ministros y también del Congreso y las instituciones que han avalado este tipo de política en este último mes.
Para no llegar a ese punto de no retorno que señalas, ¿en este momento qué es lo que tendría que hacer el gobierno? ¿Cual tendría que ser la respuesta?
Yo lo veo muy difícil porque como te decía, creo que ya pasó la oportunidad del gobierno de hacer algo que pueda parecer sincero y también es complicado porque a nivel de Estado, el Estado tiene que mantener obviamente una postura firme contra la violencia, pero tampoco puede permitir violencia de parte de sí mismo, por lo que no sé dónde podría funcionar, pero no viene de dentro definitivamente.
O sea solamente ya cuando vean que está todo perdido ahí van a tratar de hacer una suerte de amague, pero es que lo que ha pasado en los últimos días (desde el 9 de enero) es una demostración de que el Gobierno no tiene arrepentimiento, no le interesa sancionar a los responsables de esta violencia y esto también va a seguir cobrando la vida de agentes del orden como ha pasado con este policía porque al final toda pérdida de vidas es lamentable, de donde venga.
Lamentablemente, no veo una salida pronta que termine en un escenario de salida democrática como pasó en el 2020, en el cual el presidente renuncia. Tendría que haber un gesto muy de desprendimiento, en el que el la presidenta renuncia, pero también se encargue de que el Congreso llame a elecciones generales inmediatamente.
Yo creo que eso es la única salida, de que haya una convocatoria a elecciones generales, lo antes posible, que se arme una comisión de expertos para ver las reformas políticas necesarias.
Sin elecciones anticipadas, que no sean del 2024 ni cuando le dé la gana el Congreso, no creo que haya un escenario viable donde no mueran más personas.
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