Cómo acabar con el apartheid económico de Egipto
Por Hernando de Soto
El titular que apareció en Al Jazeera el 14 de enero, una semana antes de que los egipcios salieran a protestar a las calles, afirmó que "el verdadero terror que devora el mundo árabe es la marginalización socioeconómica".
El gobierno egipcio ha estado preocupado desde hace largo tiempo por las consecuencias de esa marginalización. En 1997, con el apoyo financiero de la Agencia de EE.UU. para el Desarrollo Internacional, el gobierno contrató los servicios de mí organización, el Instituto Libertad y Democracia. Quería obtener las cifras de cuántos egipcios quedaron marginados y qué parte de la economía operaba "extralegalmente", es decir, sin la protección de derechos de propiedad o acceso a herramientas de trabajo normales, como crédito, que les permite a las empresas expandirse y prosperar. El objetivo era remover los impedimentos legales que impedían el crecimiento de la gente y sus empresas.
Tras años de trabajo de campo y análisis, que involucró a más de 120 técnicos egipcios y peruanos y en el que se entrevistó a miles de personas comunes y corrientes, presentamos un informe de 1.000 páginas y un plan de acción de 20 puntos ante el gabinete económico de 11 miembros en 2004. El informe fue defendido por el ministro de Finanzas Muhammad Medhat Hassanein y el gabinete aprobó sus recomendaciones.
El principal diario de Egipto, Al Ahram, declaró que las reformas "abrirían las puertas de la historia para Egipto". Luego, a raíz de un cambio de gabinete, Hassanein fue desplazado. Fuerzas ocultas del estatus quo bloquearon elementos cruciales de las reformas.
Hoy, cuando las calles están llenas de tantos egipcios que piden un cambio, vale la pena señalar algunos de los factores clave revelados por nuestra investigación y reporteadas en 2004:
La economía informal de Egipto era el mayor empleador del país. El sector privado legal empleaba 6,8 millones de personas y el sector público a 5,9 millones, mientras 9,6 millones de personas se desempeñaban en el sector informal.
En lo que se refiere a bienes raíces, 92% de los egipcios poseen su propiedad sin un título legal.
Estimamos que el valor de todos estos negocios y propiedades extralegales, tanto rurales como urbanos, es de US$248.000 millones —30 veces mayor que el valor de mercado de las empresas registradas en la Bolsa de El Cairo y 55 veces mayor que el valor de la inversión extranjera directa en Egipto desde la invasión de Napoleón— incluida la financiación del Canal de Suez y la Represa de Asuán. (Esos mismos activos informales valdrían más de US$400.000 millones en dólares actuales).
Los emprendedores que operan fuera del sistema legal enfrentan obstáculos. No tienen acceso a las formas organizativas de una empresa (sociedades, sociedades anónimas, corporaciones, etc.) que les permitirían crecer de la forma en que lo hacen las empresas legales. Debido a que este tipo de compañías no están sujetas a reglas contractuales y de cumplimiento, quienes no forman parte de ellas no pueden confiar en que sus dueños se verán obligados a cumplir sus promesas o contratos. Esto dificulta o hace imposible emplear a los mejores técnicos y gerentes profesionales, y los dueños de estas empresas no pueden emitir bonos o pagarés para obtener crédito.
Este tipo de empresas tampoco pueden aprovechar las economías de escala disponibles para quienes operan a lo largo de todo el mercado egipcio. Los dueños de empresas informales están limitados a contratar a sus familiares para producir para círculos confinados de clientes.
Sin que sus activos y propiedades tengan un título legal claro, estos emprendedores, en suma, poseen lo que he denominado "capital muerto": propiedades que no se pueden utilizar como garantía para conseguir préstamos, obtener capital de inversión o como un seguro para acuerdos contractuales a largo plazo. Entonces, la mayoría de estos emprendimientos egipcios siguen siendo pequeños y relativamente pobres. Lo único que los pueden emancipar es una reforma legal. Y sólo el liderazgo político de Egipto puede hacerlo. Demasiados tecnócratas no han sido capacitados para expandir el estado de derecho, sino para defenderlo tal y como lo encuentran. Emancipar a la gente de una mala legislación e idear estrategias para superar la inercia del estatus quo es un trabajo político.
La pregunta clave es por qué la mayoría de los egipcios prefieren permanecer al margen de la economía legal. La respuesta es que, al igual que en la mayoría de los países en vías de desarrollo, las instituciones legales de Egipto no favorecen a la mayoría de la población. Debido a leyes que son onerosas, discriminatorias y simplemente malas, a la mayoría de las personas le resulta imposible legalizar su propiedad y su empresa, sin importar las buenas intenciones que puedan tener.
Los ejemplos abundan. Nuestros investigadores descubrieron que instalar una pequeña panadería demoraría más de 500 días. Obtener el título legal de un terreno desocupado llevaría más de 10 años de trámites oficiales. Para hacer negocios en Egipto, una persona pobre que aspira a convertirse en emprendedor debería tener que lidiar con 56 agencias gubernamentales y repetidas inspecciones del gobierno.
Todo esto ayuda a explicar a quiénes muchos egipcios comunes han estado "consumiendo a fuego lento" durante décadas. A pesar de trabajar mucho y ahorrar, es poco lo que pueden hacer para mejorar sus vidas.
La integración de la mayor parte del pueblo egipcio a un sistema abierto y legal es lo que demolerá el apartheid económico del país. Darle poder a los pobres comienza con otorgarle los derechos de propiedad legales a los US$400.000 millones o más de activos que descubrimos que habían creado. Esto destrabaría una cantidad de capital cientos de veces mayor a la inversión extranjera directa y a lo que Egipto recibe en ayuda externa.
Los líderes y gobiernos pueden cambiar y la democracia puede llegar a Egipto. Pero a no ser que sus instituciones legales existentes sean reformadas para permitir un crecimiento económico desde la base, las aspiraciones a una vida mejor que motivan a tantos manifestantes en las calles seguirán insatisfechas.
—De Soto, autor de "El misterio del capital" y "El otro sendero", es presidente del Instituto Libertad y Democracia de Lima, Perú.
El titular que apareció en Al Jazeera el 14 de enero, una semana antes de que los egipcios salieran a protestar a las calles, afirmó que "el verdadero terror que devora el mundo árabe es la marginalización socioeconómica".
El gobierno egipcio ha estado preocupado desde hace largo tiempo por las consecuencias de esa marginalización. En 1997, con el apoyo financiero de la Agencia de EE.UU. para el Desarrollo Internacional, el gobierno contrató los servicios de mí organización, el Instituto Libertad y Democracia. Quería obtener las cifras de cuántos egipcios quedaron marginados y qué parte de la economía operaba "extralegalmente", es decir, sin la protección de derechos de propiedad o acceso a herramientas de trabajo normales, como crédito, que les permite a las empresas expandirse y prosperar. El objetivo era remover los impedimentos legales que impedían el crecimiento de la gente y sus empresas.
Tras años de trabajo de campo y análisis, que involucró a más de 120 técnicos egipcios y peruanos y en el que se entrevistó a miles de personas comunes y corrientes, presentamos un informe de 1.000 páginas y un plan de acción de 20 puntos ante el gabinete económico de 11 miembros en 2004. El informe fue defendido por el ministro de Finanzas Muhammad Medhat Hassanein y el gabinete aprobó sus recomendaciones.
El principal diario de Egipto, Al Ahram, declaró que las reformas "abrirían las puertas de la historia para Egipto". Luego, a raíz de un cambio de gabinete, Hassanein fue desplazado. Fuerzas ocultas del estatus quo bloquearon elementos cruciales de las reformas.
Hoy, cuando las calles están llenas de tantos egipcios que piden un cambio, vale la pena señalar algunos de los factores clave revelados por nuestra investigación y reporteadas en 2004:
La economía informal de Egipto era el mayor empleador del país. El sector privado legal empleaba 6,8 millones de personas y el sector público a 5,9 millones, mientras 9,6 millones de personas se desempeñaban en el sector informal.
En lo que se refiere a bienes raíces, 92% de los egipcios poseen su propiedad sin un título legal.
Estimamos que el valor de todos estos negocios y propiedades extralegales, tanto rurales como urbanos, es de US$248.000 millones —30 veces mayor que el valor de mercado de las empresas registradas en la Bolsa de El Cairo y 55 veces mayor que el valor de la inversión extranjera directa en Egipto desde la invasión de Napoleón— incluida la financiación del Canal de Suez y la Represa de Asuán. (Esos mismos activos informales valdrían más de US$400.000 millones en dólares actuales).
Los emprendedores que operan fuera del sistema legal enfrentan obstáculos. No tienen acceso a las formas organizativas de una empresa (sociedades, sociedades anónimas, corporaciones, etc.) que les permitirían crecer de la forma en que lo hacen las empresas legales. Debido a que este tipo de compañías no están sujetas a reglas contractuales y de cumplimiento, quienes no forman parte de ellas no pueden confiar en que sus dueños se verán obligados a cumplir sus promesas o contratos. Esto dificulta o hace imposible emplear a los mejores técnicos y gerentes profesionales, y los dueños de estas empresas no pueden emitir bonos o pagarés para obtener crédito.
Este tipo de empresas tampoco pueden aprovechar las economías de escala disponibles para quienes operan a lo largo de todo el mercado egipcio. Los dueños de empresas informales están limitados a contratar a sus familiares para producir para círculos confinados de clientes.
Sin que sus activos y propiedades tengan un título legal claro, estos emprendedores, en suma, poseen lo que he denominado "capital muerto": propiedades que no se pueden utilizar como garantía para conseguir préstamos, obtener capital de inversión o como un seguro para acuerdos contractuales a largo plazo. Entonces, la mayoría de estos emprendimientos egipcios siguen siendo pequeños y relativamente pobres. Lo único que los pueden emancipar es una reforma legal. Y sólo el liderazgo político de Egipto puede hacerlo. Demasiados tecnócratas no han sido capacitados para expandir el estado de derecho, sino para defenderlo tal y como lo encuentran. Emancipar a la gente de una mala legislación e idear estrategias para superar la inercia del estatus quo es un trabajo político.
La pregunta clave es por qué la mayoría de los egipcios prefieren permanecer al margen de la economía legal. La respuesta es que, al igual que en la mayoría de los países en vías de desarrollo, las instituciones legales de Egipto no favorecen a la mayoría de la población. Debido a leyes que son onerosas, discriminatorias y simplemente malas, a la mayoría de las personas le resulta imposible legalizar su propiedad y su empresa, sin importar las buenas intenciones que puedan tener.
Los ejemplos abundan. Nuestros investigadores descubrieron que instalar una pequeña panadería demoraría más de 500 días. Obtener el título legal de un terreno desocupado llevaría más de 10 años de trámites oficiales. Para hacer negocios en Egipto, una persona pobre que aspira a convertirse en emprendedor debería tener que lidiar con 56 agencias gubernamentales y repetidas inspecciones del gobierno.
Todo esto ayuda a explicar a quiénes muchos egipcios comunes han estado "consumiendo a fuego lento" durante décadas. A pesar de trabajar mucho y ahorrar, es poco lo que pueden hacer para mejorar sus vidas.
La integración de la mayor parte del pueblo egipcio a un sistema abierto y legal es lo que demolerá el apartheid económico del país. Darle poder a los pobres comienza con otorgarle los derechos de propiedad legales a los US$400.000 millones o más de activos que descubrimos que habían creado. Esto destrabaría una cantidad de capital cientos de veces mayor a la inversión extranjera directa y a lo que Egipto recibe en ayuda externa.
Los líderes y gobiernos pueden cambiar y la democracia puede llegar a Egipto. Pero a no ser que sus instituciones legales existentes sean reformadas para permitir un crecimiento económico desde la base, las aspiraciones a una vida mejor que motivan a tantos manifestantes en las calles seguirán insatisfechas.
—De Soto, autor de "El misterio del capital" y "El otro sendero", es presidente del Instituto Libertad y Democracia de Lima, Perú.
Notita mia:
Los mismos enemigos de siempre de los países del tercer mundo: el feudalismo disfrazado de capitalismo y el burocratismo estatal llamado por los maoístas capitalismo burocrático .
No hay comentarios:
Publicar un comentario