Las fuerzas antigolpistas de Myanmar dicen que se están acercando a la victoria sobre los generales que tomaron el poder mediante un golpe de Estado hace tres años, impulsadas por los éxitos de una gran ofensiva que comenzó a finales de octubre.
Hablando desde un lugar no revelado dentro de Myanmar en un foro en línea, el presidente interino del NUG, Duwa Lashi La, dijo que las fuerzas antigolpistas habían logrado “avances impresionantes” desde el inicio de la Operación 1027, que fue lanzada a fines del año pasado por una alianza de grupos armados étnicos y combatientes de la resistencia.
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lista de 4 artículoslista 1 de 4lista 2 de 4lista 3 de 4lista 4 de 4fin de la lista“Después de tres años, la Revolución de Primavera es más fuerte que nunca”, afirmó el martes Duwa Lashi La. “Cada día que pasa, nos acercamos más a la victoria. Los militares criminales nunca aplastarán la voluntad del pueblo”.
El NUG incluye a políticos electos que fueron derrocados en el golpe de febrero de 2021 y estableció la llamada Fuerza de Defensa del Pueblo (PDF) de civiles , después de que los militares respondieran con fuerza brutal contra las protestas pacíficas contra su toma de poder.
Duwa Lashi La añadió que los militares se enfrentaban a una tasa cada vez mayor de deserciones, lo que suponía una “profunda humillación para la junta”.
Mientras las fuerzas antigolpistas avanzan en múltiples áreas del país tomando el control de puestos militares y varias ciudades, los generales enfrentan su mayor desafío desde que derrocaron al gobierno electo de Aung San Suu Kyi y desencadenaron un movimiento de oposición masivo.
Los militares han afirmado que quienes luchan contra ellos son “terroristas”, mientras que los informes sobre abusos, pérdidas y deserciones militares son “noticias falsas” diseñadas para “desacreditar” a los militares.
Al menos 4.468 civiles han muerto desde el golpe y casi 20.000 personas están detenidas por motivos políticos, según el grupo de seguimiento local Asociación de Asistencia a Presos Políticos.
Las Naciones Unidas y grupos de derechos humanos han acusado a los generales de graves abusos contra los derechos humanos, incluidos crímenes contra la humanidad, en su represión contra la oposición.
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, dijo que la crisis de derechos humanos del país estaba ahora en “caída libre” y que los militares atacaban “rutinariamente” a civiles, instalaciones médicas y escuelas. El mundo, añadió, estaba prestando “atención insuficiente” a la situación.
"En medio de todas las crisis que existen en el mundo, es importante que nadie sea olvidado", dijo Turk en un comunicado el martes. “El pueblo de Myanmar lleva demasiado tiempo sufriendo. A medida que los militares sufrían un revés tras otro en el campo de batalla, arremetían, lanzando oleadas de bombardeos aéreos y ataques de artillería indiscriminados”.
Pueblos enteros han sido quemados hasta los cimientos y se han intensificado los ataques desde el aire, donde los militares tienen una superioridad abrumadora.
'Donde termina la dictadura'
El miércoles, Amnistía Internacional y Human Rights Watch estuvieron entre los que pidieron a la comunidad internacional que tomara medidas adicionales para poner fin al acceso de los militares al combustible para aviones.
"Los gobiernos preocupados deberían hacer más para frenar la capacidad de la junta de cometer atroces violaciones de las leyes de guerra", dijo en un comunicado Elaine Pearson, directora para Asia de Human Rights Watch. “Los países miembros de las Naciones Unidas deberían instar al Consejo de Seguridad de la ONU a imponer un embargo de armas a Myanmar, incluidas sanciones al combustible para aviones que facilita los ataques aéreos ilegales contra civiles”.
Amnistía dijo que un análisis de datos marítimos, comerciales y aduaneros de 2023 sugería que había habido “cambios significativos” en la forma en que el combustible de aviación ingresaba a Myanmar durante el año pasado después de que la Unión Europea, el Reino Unido, Estados Unidos y otros implementaron sanciones. .
El ejército participó en múltiples ventas y utilizó intermediarios, así como unidades de almacenamiento, incluso en Vietnam, para ocultar el origen y destino del combustible, añadió.
"Después de que la comunidad internacional tomó medidas sobre esta mortífera cadena de suministro, el ejército de Myanmar está arrancando una página del manual de evasión de sanciones para seguir importando combustible para aviones", dijo en un comunicado Montse Ferrer, subdirectora regional de investigación de Amnistía.
“Los ataques aéreos han matado o herido a cientos de civiles en todo Myanmar en 2023 y han dejado a muchos con la sensación de que ningún lugar es seguro. La mejor manera de impedir que el ejército de Myanmar lleve a cabo ataques aéreos letales es detener todas las importaciones de combustible para aviones al país”.
También aumentan los llamados a que la comunidad internacional haga más esfuerzos para responsabilizar a los líderes militares por sus abusos.
“Desde el golpe del 1 de febrero de 2021, la junta militar ha estado matando a civiles desarmados, arrasando aldeas, destruyendo estructuras religiosas y arrestando a activistas, periodistas y políticos con impunidad. Después de la Operación 1027, ha seguido atacando y matando a civiles inocentes y desplazando a comunidades enteras en todo Myanmar”, dijo John Quinley III, director de Fortify Rights, en un comunicado instando a la comunidad internacional a tomar “medidas concretas” para hacer que los generales rindan cuentas. .
Quinley dijo que los estados miembros de la Corte Penal Internacional (CPI) deberían solicitar a la corte que investigue los presuntos crímenes del ejército en Myanmar. Aunque el país no forma parte de la CPI, el NUG presentó una declaración ante el tribunal en 2021 aceptando su jurisdicción.
"Sin una intervención adecuada de la comunidad internacional, la bien aceitada máquina de matar que es la junta de Myanmar continuará sin cesar", afirmó.
Duwa Lashi La del NUG también pidió rendición de cuentas y que los gobiernos reconozcan al NUG.
Cualquier intento de negociación por parte de los militares también debe ser tratado con cautela, añadió.
“El ejército no tiene lugar en nuestra política”, afirmó Duwa Lashi La. “Debe estar permanentemente subordinado a un gobierno civil. Ahora es donde termina la dictadura”.
