domingo, 22 de enero de 2023

The Economist considera que la crisis política en el Perú no tiene fin: “El país está en un camino peligroso”

 

The Economist considera que la crisis política en el Perú no tiene fin: “El país está en un camino peligroso”



La publicación cuestionó que el Gobierno de Dina Boluarte sea considerada “ilegítima” cuando, según el orden constitucional, “ella era la vicepresidenta” y debía asumir el cargo. nota del autor del blog , será legal , pero si es ilegitima.

Dina Boluarte aseguró que desde el primer día ha dado muestras firmes y concretas para hacer un "gobierno limpio". (EC)
Dina Boluarte aseguró que desde el primer día ha dado muestras firmes y concretas para hacer un "gobierno limpio". (EC)

En medio de las movilizaciones masivas y constantes actos violentos en el país, la publicación semanal The Economist realizó un análisis sobre la situación del Perú.

A través de un detallado artículo, la revista destacó que el mandato de la actual presidente de la república, Dina Boluarte, se concretó siguiendo los estándares constitucionales del país.

Además, en este sentido, calificó como “un intento de golpe” el intento de disolución del Congreso, así como el “reordenamiento” de instituciones como el Ministerio Público, de parte del exmandatario Pedro Castillo: recluido en el penal Barbadillo con una prisión preventiva de 18 meses.

Boluarte asumió el cargo el mes pasado después de que Pedro Castillo, su predecesor, fracasara en un intento de golpe. (…) Ella era, después de todo, la vicepresidenta de Castillo, elegida para ocupar su lugar en tales circunstancias”, se lee en la columna.

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El texto también cuestiona que “a los ojos de muchos peruanos su presidencia [de Dina Boluarte] sea ilegítima”, precisamente, debido que la sucesión presidencial se realizó “de acuerdo con la Constitución, respaldada por las instituciones del Estado” peruano.

“El país se ha visto sacudido por manifestantes que exigen su renuncia, nuevas elecciones y una nueva Carta Magna. Los pueblos indígenas y rurales, entre los cuales Castillo hizo campaña con promesas de cambiar el statu quo, están particularmente enojados. Sus 16 meses en el poder estuvieron marcados por escándalos de corrupción, ineptitud y caos. Pero muchos de los que votaron por él culpan a las élites de Lima, la capital”, consideró la publicación inglesa.

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En otro momento del escrito, se señala que probablemente Boluarte Zegarra, en compañía de sus asesores, subestiman el poder de los grupos indígenas y rurales.

“Los extremistas sin duda han estado involucrados en los disturbios. Castillo y sus aliados de izquierda han avivado las llamas al insistir en que es víctima de un golpe de estado”, se indica.

Según consideró el politólogo Gonzalo Banda, para la señalada publicación, se ha constituido una alianza entre el Ejecutivo y los partidos de centro y de derecha que “controlan” el Parlamento.

Un manifestante tras el operativo policial en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM); instalaciones educativas que fueron tomadas por los manifestantes, en conjunto con los dirigentes estudiantiles, que llegaron de diversas regiones. (Foto AP)
Un manifestante tras el operativo policial en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM); instalaciones educativas que fueron tomadas por los manifestantes, en conjunto con los dirigentes estudiantiles, que llegaron de diversas regiones. (Foto AP)

Un camino peligroso

El especialista también señaló a The Economist que, de “renunciar” Dina Boluarte, la presidencia quedaría a cargo del titular del Congreso, José Williams, en medio de una situación polarizada que parece no tener fin. Para el analista, el Perú “está ‘en un camino peligroso’ hacia niveles de ingobernabilidad”.

“Una propuesta, defendida durante mucho tiempo por la izquierda, pide una nueva Constitución. Esto ahora es apoyado por el 40% de los peruanos, el doble que en 2021, según una encuesta reciente”, también se lee, en otro momento, en el artículo.

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En este escenario, se precisa que “la encuesta también sugiere que la búsqueda de un nuevo sistema político podría simplemente generar más disputas”.

“El 72% de los encuestados quiere restituir la pena de muerte, y la mitad de los encuestados quiere que el Estado controle las industrias estratégicas”, añaden.

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