Ronald Gamarra analiza el futuro de Dina Boluarte: “Si deja el cargo, será sometida a la justicia; ese debe ser su gran temor”
El exprocurador anticorrupción señala en diálogo con Infobae que la presidenta de la República se ha aliado a los sectores que perdieron las elecciones generales del 2021 y considera que este régimen opta por una deriva autoritaria a partir de lo ocurrido en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.
El sábado pasado se realizó una intervención en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos [UNMSM] por parte de la Policía Nacional. Las primeras imágenes que se vieron en la televisión y las redes sociales fueron de tanquetas ingresando a la Decana de América para detener a los manifestantes y estudiantes que estaban dentro. El saldo terminó en más de 200 detenidos.
Sin embargo, el domingo, cada persona fue liberada ante la ausencia de pruebas que les vincule en actos delictivos. En dicha tarea estuvo involucrado el estudio de abogados de los exprocuradores Julio Arbizu y Ronald Gamarra. Infobae contactó con Gamarra para que nos brinde su análisis jurídico de este operativo y las acciones que el gobierno de Dina Boluarte toma para reprimir las protestas en el país.
¿La violenta intervención de la Policía Nacional en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, donde hubo detenidos entre manifestantes y estudiantes, es un buen ejemplo de que el régimen de Dina Boluarte vulnera los derechos humanos?
Es una constatación de la deriva autoritaria del régimen encabezado por la señora Dina Boluarte. Esta intervención a San Marcos es arbitraria, desproporcionada y absurda, lo que se refleja con la decisión tomada al día siguiente [domingo 22] por la Fiscalía de poner en libertad prácticamente a todos los detenidos. La única ciudadana que se quedó era porque tenía una requisitoria por un tema de lesión que no está vinculado absolutamente a nada de este tema de las protestas ciudadanas. Es decir, la decisión de la Fiscalía de poner en libertad demuestra que la operación policial fue arbitraria.
Las autoridades de San Marcos señalaron que la Policía actuó de oficio, pero desde el Gobierno sostienen que se dio por un pedido de la rectora Jeri Ramón.
No reconocen sus responsabilidades. Ahora que conocemos ya la forma en cómo se produjo la intervención, las circunstancias y los resultados del abuso, más la decisión de la Fiscalía de poner en libertad a todos, ha llevado a los autores de todos estos hechos; es decir, a las autoridades de la universidad, a los jefes policiales, al ministro del Interior, a negar lo que en su momento coordinaron. Es evidente que las autoridades de San Marcos le dieron una excusa a la Policía y al ministro del Interior para intervenir de manera arbitraria y desproporcionada la universidad.
¿Usted considera que estas acciones de amedrentar y consolidar la narrativa del ‘terruqueo’ podrían volverse más peligrosos?
Bueno, lo cierto es que la protesta es un derecho. Y es un derecho de los ciudadanos de ganar la calle y expresar su protesta de carácter social o política. Digamos, tratar de deslegitimar al quien no comulga con tus ideas acusándolo y tildandolo de terrorista o vinculandolo a terroristas, evidentemente lo que se busca es apartar a ese adversario, ningunearlo y ponerlo en una situación de vulnerabilidad que permita detenerlo y encarcelarlo. Eso está claro para mi. Este gobierno ha hecho eco de todas las fuerzas que reclamaron fraude y empezaron a, digamos, tildar a los sectores que ganaron las elecciones pasadas como terroristas.
Su estudio de abogados patrocinó a los manifestantes que fueron detenidos en San Marcos. ¿Ustedes han podido recoger si sufrieron maltratos o mensajes racistas porque en las redes sociales hubieron varias denuncias?
Lo que ellos han relatado son actos de discriminación y terruqueo, sobre todo, al momento de la intervención policial en la universidad y en el traslado. Luego, digamos, lo que podemos anotar es que se han quedado con parte de sus documentos de identidad, algunos víveres y el dinero que tenían. A todos no se le ha entregado lo que se les incautó.
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¿La no entrega de los documentos a los manifestantes aún persiste?
Sí, hay personas que han señalado que aún no tienen sus DNI [Documento Nacional de Identidad] porque no se les han entregado.
¿Cómo interpreta esta acción de la Policía?
Es producto del amedrentamiento y, además, buscan mantener la vulnerabilidad de estas personas de tal manera que no vuelvan a las calles a seguir protestando por el temor a que los vuelvan a detener por no contar con el documento nacional de identidad.
Toda esta vulneración de los derechos humanos debería recaer en una responsabilidad política. ¿El ministro del Interior, Vicente Romero, debería ser interpelado en el Congreso?
Bueno, hace mucho que en el Perú no hay responsabilidad política. El Congreso tiene un alianza de hecho con el Ejecutivo. Evidentemente, me imagino que algunos sectores o algún parlamentario podrá pedir que se llame a algún ministro y se le interpele, pero no cuentan con los votos necesarios como para hacer realidad esa responsabilidad política.
Hablando de responsabilidad política. Manuel Merino renunció con las muertes de Inti y Bryan, pero la presidenta Dina Boluarte tiene en su haber más de 60 víctimas y no lo hace. ¿Qué observación tiene de estas dos situaciones estrechadas por la tragedia?
Los sectores conservadores y autoritarios que están detrás de Dina Boluarte, evidentemente, le aconsejan no renunciar. Y ella, de todas maneras, se siente cómoda donde está. Pero, además, me parece que a estas alturas la presidenta Boluarte se ha dado cuenta que si deja el cargo, va ser sometida a la justicia y ese debe ser su gran temor el día de hoy.
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Un grupo de abogados de Arequipa y Puno denunciaron a la presidenta Boluarte ante la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad. ¿Esta acusación es viable?
Me parece inviable porque genocidio no hay. Evidentemente, ella es responsable no solo política, sino se pueden utilizar otras categorías jurídicas para determinar su responsabilidad en las muertes de decenas de peruanos. Tenemos el principio de la administración de la justicia local, ya hay incluso una investigación pero yo -de buenas a primeras- descartó el tema porque no se dan las características que establecen las normas nacionales e internacionales que los actos producidos puedan ser genocidio . Por supuesto, homicidio, lesiones graves y leves, abuso de autoridad, sí, pero es un asunto que debe resolverse primero en sede nacional. No veo posible que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional pueda iniciar seriamente una investigación por los delitos que ha sido denunciada.
Precisamente, algunos expertos han señalado que incluir el término ‘genocidio’ en la investigación de la Fiscalía de la Nación contra la presidenta Boluarte buscaría que una vez que el tema llegue el Congreso, se termine de caer. ¿Usted considera lo mismo?
Este tema se va archivar. De todas maneras. No hay forma y eso lo sabe cualquier persona que conozca algo de derecho. Pero el asunto viene que la denuncia se presentó por genocidio. O sea, el error viene desde el mismo denunciante [la Fiscalía].
¿La Fiscalía está actuando correctamente en esta crisis?
En el caso concreto del fin de semana, evidentemente, la Fiscalía debía estar en el momento de la intervención de la Policía o estar ahí para garantizar que la actuación policial sea conforme a derecho de los manifestantes que allí [San Marcos] se encontraban. Todo el día sábado, la Fiscalía fue rebasada por el número de personas que habían sido detenidas y las diligencias innumerables que tenían que realizar. Hubo un caos en las intervenciones policiales, se tuvo que echar mano de fiscales de otras áreas que no conocían mucho del procedimiento, no tenían laptops ni secretarias para apurar las declaraciones. Todo fue un caos.
Algunos nuevos aliados políticos de este gobierno sugieren que se declare el estado de sitio para enfrentar las manifestaciones. ¿Este pedido es legal?
En términos legales, es inviable y no es posible porque no se presentan las condiciones establecidas en nuestra Constitución para que se declare el estado de sitio. Además, políticamente, me parece un absurdo e inaceptable. Lo que tenemos aquí es el ejercicio legítimo del derecho a la protesta por parte de miles de ciudadanos. Lo que corresponde, en todo caso frente a algunos actos de violencia, es que proceda la Policía Nacional con inteligencia para prevenir la comisión de estos actos en el marco de los que ejercen su derecho a la protesta.
Pero usted sabe que el gobierno no tiene estrategia y podría acoger esta propuesta de los sectores políticos que le dan su apoyo.
Sí, claro, ya tiene el apoyo y la meta es conservarlo. Tal como veo las cosas, es posible que en algún momento, si las manifestaciones persisten, que el gobierno piense en la posibilidad de decretar el estado de sitio. Sin embargo, eso sería salirse del margen constitucional porque no existen las condiciones previstas en la Constitución para que se tome esta decisión.
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