No dejarlo gobernar fue el plan de una oposición desde el día en que Pedro Castillo llegó a la Presidencia de Perú.
Pedro Castillo jamás pudo conciliarse con la casta, ni con los militares. Sus gabinetes, en permanente sacudida, resultaron en cinco Consejos de Ministros y continuos cambios en las carteras de Gobierno en una crisis permanente.
LEA TAMBIÉN:
Lo sucedido solo resume el accionar de la oposición peruana, mayoritaria en el Congreso, que no permitió gobernar al presidente elegido por el pueblo hace 16 meses, hasta provocar la estocada final.
Han aumentado en distintos puntos de Perú las protestas en contra de la destitución del expresidente Pedro Castillo y para exigir su liberación.
Aun en estas circunstancias, en los recientes meses sostenía un apoyo del 25 por ciento, para exigir la disolución de un Congreso, con solo un 8 por ciento de aprobación. Existe un gran grupo poblacional exigiendo “que se vayan todos”, declaró el economista y analista político David Rivera del Águila.
“El Congreso se va a resistir de modo que la única manera que pase, es con marchas en la calle o que Dina Boluarte asuma esto, como una política de Estado prioritaria”, precisa el analista sobre las elecciones, otro pedido de la población
Ahora culpan a Castillo de un problema que ya es estructural y entronizado. Cuando toda evidencia de lo apreciado, son herramientas “democráticas” para disimular el caos en Perú. Tanto como la figura de la incapacidad moral permanente, mecanismo de “control ético político”, usado a conveniencia de la élite, no del pueblo, para evaluar la “idoneidad” de la conducta del presidente de la República.
La constante
No han dudado en utilizar el procedimiento que les da la posibilidad de acabar con el mandatario. Pedro Castillo solo fue el último en caer de seis presidentes en cuatro años. Convertida en una espada de Damocles que pende permanentemente sobre la cabeza del presidente, la amenaza de la vacancia cayó sobre él en cuanto el Congreso dispuso de los 87 votos requeridos.
Castillo previamente anunció sorpresivamente la disolución del Parlamento y la creación de un Gobierno de excepción. Como paso calculado por quienes le imposibilitaron gobernar, inmediatamente fue respondido con acusaciones de "golpe de Estado".
Pocas horas después, los congresistas decretaron la vacancia del presidente, que quedó acusado de presunta rebelión en manos de la Policía y la Fiscalía.
El Congreso unicameral es una verdadera piedra en el zapato con 130 miembros, que representan a más de 33 millones de peruanos, con diversas fuerzas políticas.
"Perú es el único país en el mundo que tiene la institución de la vacancia por incapacidad moral. Pero la incapacidad moral, que está en las constituciones peruanas desde 1839, aludía en el siglo XIX a la incapacidad mental del presidente (...) Ahora cada vez que los congresistas consideran que el presidente es un inmoral, lo pueden destituir discrecionalmente con solo la fuerza de los votos, y ese término de inmoral es algo muy gaseoso hoy día", calificó Omar Cairo, profesor de Derecho Constitucional en la Pontificia Universidad Católica del Perú.
"Perú no es un régimen parlamentario como el británico o el español, en el que al primer ministro o al presidente del Gobierno lo eligen los diputados en el Parlamento, sino que al presidente lo eligen directamente los votos del pueblo en las elecciones, pero la existencia de la vacancia ha permitido un mecanismo discrecional para deponer al presidente que no existe en otros países de nuestra región", enfatiza el profesor.
Es que ya llevaban tres pedidos de vacancia para Castillo, aun sin demostrarse, por eso fue consecutivo el paso de inducirlo a renunciar. El Congreso es el lugar donde se hace la ley y la trampa, muy lejos de su verdadera misión de legislar para el pueblo peruano. Allí donde la justicia es un espejismo para que un corrupto señale a otro sin pudor.
En estos momentos, cientos de personas continúan protestando en contra de la destitución del expresidente Castillo y en demanda de un adelanto de las elecciones en Perú. Al tiempo que exigen la disolución del Congreso.
Dina Boluarte, recién asumida presidenta, pareció abrirse aún más a la posibilidad de adelantar las elecciones generales. “La Constitución dice hasta 2026", sin embargo, "si la sociedad, y si es que la situación lo amerita, adelantamos elecciones en conversación con las fuerzas políticas y democráticas del Congreso; nos sentaremos a conversar”.
Tan solo un día antes, ella reconoció que “algunas voces indican ‘adelanto de elecciones’ y eso democráticamente es respetable”, pero “más adelante, en coordinación con todas las organizaciones, estaremos viendo alternativas de reorientar los destinos del país”. Ahí, tristemente no se vislumbra la luz al final del camino.
Boluarte fue compañera de fórmula electoral de Castillo por el partido Perú Libre. Fue ministra de Desarrollo e Inclusión Social hasta el 25 de noviembre.
Cuando Castillo anunció su decisión de disolver el Congreso, ella se distanció públicamente de él, señalando que se trataba de un quiebre del orden constitucional. Dina Boluarte tiene 60 años y se convirtió así en la primera mujer que asume la Presidencia de Perú.
Centenares de personas se manifiestan en el centro de Lima, que se suman a los bloqueos en las carreteras y a otras protestas en varias regiones del país, incluidas las ciudades de Arequipa, Ica y Cusco, para exigir la renuncia de Boluarte y el cierre del Congreso.
Algunas agencias de transporte restringieron sus servicios, mientras la policía reprimió con gases lacrimógenos a los manifestantes que insisten también en la liberación del expresidente electo por ellos: Pedro Castillo.
Desde el primer día
A Castillo le impidieron gobernar, tal como fue la orden desde el día uno del mandato.
Recordemos que la primera vuelta electoral fue una victoria sorpresiva para quienes no tienen en cuenta a las comunidades indígenas, que reúnen al 25,6 por ciento de la población peruana. Aparte de los más de 6 millones de indígenas quechua y aymara de la sierra andina, viven en la Amazonía peruana unos 55 pueblos indígenas, poseedores de una lengua propia.
Resulta que en el corrompido mundo del Gobierno en Perú, el maestro fue la opción creíble para una mayoría pobre. De 51 años, casado y padre de tres niños, el día de las elecciones anduvo sobre su caballo color café y una consigna muy diferente a las que marcaron hasta hoy al país suramericano: “Con el pueblo y con el lápiz, al poder”.
Fue cabalgando, mientras se quitaba el sombrero de paja y ala ancha, en señal de reverencia a quienes lo vitorean. Sombrero blanco como su camisa con un emblema sobre el lado izquierdo del pecho: el logotipo de su entonces partido Perú Libre, que tiene como símbolo un gran lápiz amarillo, sobre un fondo rojo.
Quienes lo defienden hoy fueron las personas sencillas que lo custodiaban en su andar. Aquel día, llevaban camisetas con las que reafirmaba con orgullo, “Pedro Castillo, Presidente”, mientras sonaban cornetas ensordecedoras. Mujeres campesinas con sus trajes típicos, jóvenes, gente de pueblo.
El comienzo fue tras un agónico recuento de los votos de la segunda vuelta electoral celebrada el 6 de junio, bajo continuas semanas de impugnaciones y de batalla legal contra el candidato Castillo.
Castillo logró imponerse a la derechista Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, que aspiraba por tercera vez a la Presidencia del país y cuyos reclamos dilataron el nombramiento de un vencedor.
El anuncio llegó a pocos días de su toma de posesión, pero la suerte de este mandato previsto legalmente para el período 2021-2026, estaba echada. Desde entonces vivió varias crisis de gobierno que le obligaron a reemplazar contantemente su cartera de ministros.
Pero antes, debió presentarse a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, para decidir, nada menos que entre él y la candidata Keiko Fujimori. A ella se le conoce bastante bien, ya ha sido primera dama de la república, por su padre Alberto Fujimori. Y porque en medio de la sui generis campaña electoral, no pudo desprenderse de las acusaciones de corrupción. Gravitaba sobre ella una petición fiscal de 30 años de prisión -y otras 40 personas de su ámbito- por el escándalo de Odebrecht.
Con libertad vigilada, Keiko Fujimori estaba pendiente de una investigación fiscal por lavado de activos, obstrucción a la justicia y organización criminal. No obstante, la representante de 45 años, por Fuerza Popular, obtuvo un 13, 40 por ciento de votos en la primera vuelta, frente a un 18,92 por ciento del maestro.
En ese contexto electoral, miles de manifestantes pacíficos abordaron varias ciudades peruanas con el clamor: “Por Perú, Keiko no va”. La denuncia fue encabezada por los familiares de las víctimas de violaciones a los derechos humanos, perpetradas en el Gobierno de su padre, quien representa a una clase política corrupta, especialmente, para los indignados nacidos y crecidos en los últimos 30 años.
A ello se añade el repudio causado por las expresiones de la candidata a la Presidencia, al negar la esterilización masiva de mujeres pobres e indígenas, durante el mandato de su padre (1990-2000). Testimonios recogidos por Cladem y medios de comunicación, denuncian los métodos de hostigamiento, amenaza y chantaje, empleados por personal de salud, para practicar ligaduras de trompas en mujeres peruanas, promovidas por el Gobierno de Alberto Fujimori, como una “guerra quirúrgica contra las mujeres pobres”. Un mecanismo de control fascista sobre la población peruana.
Keiko Fujimori fustigó a Pedro Castillo durante su breve mandato: “Tenemos al mentiroso más grande en Palacio de Gobierno”. Hace par de meses dijo "no tiene la capacidad para gobernar por lo que su salida del poder es la única solución". En ese sentido, consideró necesario que el presidente presentara su renuncia al cargo o que el Congreso de la República lograra la vacancia presidencial. Todo clarísimamente previsto contra el maestro indígena.
Aunque ha negado públicamente una próxima candidatura a la Presidencia, también aseguró que para el 2021 no habría ningún candidato que llevase su apellido, sin embargo se postuló a los comicios de ese año. Responsabilizó al presidente por la crisis que vive el Perú, con la afirmación de que a más de un año de gestión, no había cumplido con las promesas.
A la deriva
En año y medio de gestión, en su intento de estabilizar el Gobierno, había nombrado cinco gabinetes y unos 80 ministros. Al cumplirse el año de gestión, del 28 de julio de 2021 – 7 de diciembre de 2022, el país ha enfrentado diversas crisis.
Como consecuencia directa del coronavirus, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) estimó que en Perú, con la más alta letalidad por Covid-19 en el mundo, 1.2 millones de menores de edad caerían en pobreza en 2020.
Por su parte, el Fondo Monetario Internacional (FMI) consideró que la pandemia del coronavirus condicionó el paso de más de 1,8 millones de personas hacia la condición de nuevos pobres en Perú. Allí donde el índice de indigencia llegó a alcanzar al 27,5 por ciento de la población, repuntando casi seis puntos porcentuales en relación al 2019.
Así recibió Pedro Castillo la gobernación de Perú, pandemia mediante, por lo que al cumplir un año de su mandato constantemente impugnado, pidió un minuto de silencio por las víctimas de la Covid-19.
El actual expresidente dijo que en su primer año de Gobierno había recibido una bofetada en la mejilla, de parte de los que no aceptaron su triunfo en las elecciones, refiriéndose a una oposición más decidida en la ingobernabilidad que en el presente o el futuro del país. Asimismo, insistió en que este año no daría la otra mejilla, sino que extendería las manos para trabajar en conjunto.
Intentó ejecutar un programa de mayor atención a la población, pero los constantes descalabros por una oposición implacable, el enfrentamiento de investigaciones preliminares por presuntos actos de corrupción, la recesión económica mundial, el debilitamiento de instituciones estatales, la permanencia de problemas sociales acumulados hicieron el resto.
En ocasión de la Fiesta Nacional y el aniversario de la toma de posesión, Castillo advirtió "desde los poderes fácticos y la oligarquía existe la intención de minar al Gobierno del pueblo", al tiempo que afirmó, no retrocedería, mientras era interrumpido constantemente por legisladores de la oposición.
Igualmente, denunció que los medios de comunicación en su mayoría se habían encargado de “mantenernos desinformados”, porque no se comunicaban los logros económicos del Gobierno reconocidos por organismos internacionales.
Pese a la crisis internacional, afirmó "se evidencia que la economía peruana ha mostrado alcances significativos. Hemos mantenido fortaleza macroeconómica", al tiempo que reafirmó su compromiso con la realización de una segunda Reforma Agraria y abrir el camino hacia una Asamblea Constituyente.
Fueron 12 meses tormentosos donde una oligarquía representada por el fujimorismo y otros sectores de la derecha se han alternado el poder durante décadas. Al año de su asunción, Castillo pidió al Congreso la aprobación de los proyectos de leyes que había enviado al Legislativo. La elección de la Mesa Directiva de oposición representó la primera dificultad que tuvo Castillo para lograr consensos con el Legislativo.
No dejarlo gobernar fue el plan de una oposición desde el día en que Pedro Castillo, un maestro de campo, llegó a la Presidencia de Perú.
Desde el comienzo, la oposición peruana ganó la Presidencia del nuevo Congreso, o sea, la Mesa Directiva, conformada por el presidente y los tres vicepresidentes del Parlamento. Los legisladores Lady Camones de Alianza para el Progreso (derecha), Enrique Wong de Podemos Perú (centroderecha), y Patricia Chirinos de Avanza País.
La congresista María del Carmen Alva Prieto, del partido Acción Popular (centroderecha) una agrupación opositora al partido Perú Libre (izquierda), juró como presidenta del Congreso para el periodo anual de sesiones 2021-2022. Así comenzó el mandato de Castillo, con demasiado en contra.
La Mesa Directiva obtuvo 69 votos a favor, cantidad suficiente pues para elegir a este organismo se necesita de mayoría simple en el Parlamento unicameral, compuesto por 130 miembros. Está facultada para presidir y dirigir los debates del pleno, así como supervisar la política administrativa y financiera del Congreso.
“Alea iacta est”. Han sido meses en los que se ha impuesto un ambiente de cuestionamiento y acusaciones contra el mandatario, llevado en tres ocasiones a un proceso de destitución por supuesta “incapacidad moral”.
“La nueva generación peruana siente y sabe que el proyecto del Perú será ficticio, o por lo menos no será peruano, mientras no constituya la obra y no signifique el bienestar de la masa peruana que en sus cuatro quintas partes es indígena y campesina”. José Carlos Mariátegui.
No hay comentarios:
Publicar un comentario