Apartar a Castillo de la presidencia
Buscando su impunidad, está destruyendo la democracia.
La degradación acelerada del Perú por la ineptitud del presidente Pedro Castillo, además de su vocación de pirañita, erosiona fuertemente la situación económica familiar, y destruye la democracia, por lo que es urgente su salida, dentro del marco constitucional.
Está cada vez más aislado de los pobres, la inversión, los trabajadores, los gobiernos regionales, la burocracia capaz del sector público, la academia, los sindicatos, la fuerza armada, la policía, sus aliados –hasta que expulsaron de la administración a sus partidarios–, y de otros sectores que al inicio le dedicaron una defensa ardorosa seguramente bien intencionada pero candorosa, pues la evidencia de la torpeza y podredumbre ya eran obvias desde antes de que Castillo jurara, hace once meses, una presidencia cuyo desempeño desprestigia y avergüenza a los peruanos.
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Castillo y su banda son una amenaza a la calidad de vida ciudadana, no saben vacunar ni reducir el efecto en los más pobres del alza de los precios, a la vez de impedir el progreso, pues ahuyenta a la inversión, destruye empleos y promueve la corrupción, razón por la cual la Fiscalía lo investiga debido a la sospecha de que él es cabecilla de una banda del crimen (des)organizado.
En su afán por impedir las investigaciones por corrupción que lo involucran, basadas en la acumulación sólida de evidencias de la podredumbre que domina a este gobierno, Castillo y su equipo de secuaces, entre los que destaca el tinterillo que funge de premier, están demoliendo la institucionalidad democrática, desde la captura de la Procuraduría General del Estado hasta el incendio de lugares donde se guarda documentación del delito, pasando por el afán subalterno por criminalizar las publicaciones periodísticas sobre investigaciones judiciales, como las suyas, amenazando directamente la libertad de expresión y socavando los cimientos del estado democrático.
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Por ello, como planteó ayer el consejo directivo del Instituto Prensa Y Sociedad (IPYS) –que tengo el honor de presidir–, ante la evidencia de que investigados como Castillo usen su poder para destruir libertades constitucionales con el fin de asegurar su impunidad, es urgente que el presidente de la República sea apartado de sus funciones, según lo prescrito por la Constitución.
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