Chile pone a prueba su institucionalidad con la postergación de sus elecciones por la covid-19
El Gobierno de Piñera busca aplazar hasta mayo los comicios municipales, de gobernadores y de los 155 constituyentes del 10 y 11 de abril
A dos semanas de las mega elecciones en Chile para elegir a las autoridades municipales, gobernadores y los 155 constituyentes que redactarán la nueva Constitución, el Gobierno de Sebastián Piñera ha anunciado esta noche la postergación de los comicios debido a la ola de contagios de la covid-19. Programados para el fin de semana del 10 y 11 de abril, el Ejecutivo presentará una reforma constitucional que debe ser aprobada este lunes por dos tercios del Parlamento para que se lleven a cabo el 15 y 16 de mayo, según ha dicho el presidente. “Si bien, como tantas otras, esta ha sido una decisión muy difícil, debemos tomarla y tenemos la plena convicción que es lo mejor para Chile y los chilenos”, ha explicado Piñera, luego de una reunión extraordinaria en La Moneda con su comité político. Lo ha hecho empujado por las graves cifras de infectados y con apenas 165 camas de Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) disponibles a escala nacional, según el último informe del Ministerio de Salud.
Es una decisión compleja que pondrá a prueba la institucionalidad chilena. Si el Congreso respalda este lunes la reforma del Gobierno, como parece altamente previsible, el Estado deberá enfrentar consecuencias en diferentes direcciones para seguir funcionando y no enturbiar un proceso electoral donde Chile tiene mucho en juego. De partida, esta es la segunda vez que se aplazan las elecciones de las autoridades municipales –alcaldes y concejales–, de las que dependen tanto la salud como la educación pública. Deberían haberse celebrado el 25 de octubre de 2020, pero fueron pospuestas por la pandemia. Actualmente, los municipios están descabezados, porque tanto los alcaldes como los concejales han renunciado para sus respectivas campañas, por lo que seguirán en manos de autoridades interinas, de aprobarse el aplazamiento de las elecciones.
“Es respetable la opinión de los médicos, pero respecto de la democracia, no puede tomarse una decisión solo por razones sanitarias. Se requiere evaluar las consecuencias políticas, fiscales, jurídicas. Con amplio consenso”, analizaba antes del anuncio de Piñera la socióloga Marcela Ríos, coordinadora del área de gobernabilidad en la oficina de Chile del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). En las horas previas a la decisión de La Moneda, fue una de las voces que alertó sobre las consecuencias de un aplazamiento, que, según su posición, debía ser el último recurso. “¿Cómo se va a parar la democracia?”, se preguntaba Ríos.
Uno de los principales problemas que se advierten desde el mundo político apunta a los riesgos para la legitimidad del proceso constituyente. El cambio de la Constitución de 1980 redactada en la dictadura de Augusto Pinochet fue la salida que encontró la clase política para encauzar institucionalmente las revueltas sociales de 2019. El plebiscito de entrada fue pospuesto ya una vez por la crisis de la covid-19, de abril a octubre de 2020, donde finalmente ganó ampliamente la opción de cambiar la Constitución (por 78,2% contra 21,7%). Se alcanzó un 50,9% de participación pese a la crisis sanitaria, levemente mejor que en las elecciones realizadas desde 2012 a la fecha, cuando comenzó a regir el voto voluntario. No se detectó un aumento de los contagios y, por el contrario, las elecciones fueron catalogadas de impecables, porque se desplegaron protocolos estrictos que funcionaron. Pero el camino constituyente ha sido complejo, con campañas enrarecidas por la pandemia y dificultades para los candidatos independientes que postulan por fuera de los partidos. Aunque existen altas expectativas ciudadanas, se trata todavía de una apuesta, porque todavía sobrevuela en Chile el fantasma del descontento.
Si se aprueba el aplazamiento de las elecciones, entre otros asuntos que Chile deberá resolver será el financiamiento de las campañas políticas, garantizado por el Estado. El país deberá desembolsar recursos públicos para asegurar que las campañas tengan gasolina para llegar a su nuevo final, sobre todo la de los candidatos que no tienen las espaldas de un partido. Lo mismo que la franja electoral televisada, que arrancó el 12 de marzo pasado.
El movimiento del calendario involucrará alterar parte del tren de elecciones de 2021. La segunda vuelta de las elecciones de gobernadores –la primera elección democrática de estas autoridades, que son designadas por el Ejecutivo–, debía realizarse el domingo 9 de mayo. Piñera ha anunciado que se celebrarían el 4 de julio, junto con las primarias presidenciales. Las elecciones parlamentarias y presidenciales se mantendrán para el 21 de noviembre.
El Gobierno había tomado medidas con miras a estas elecciones de abril, como su realización durante dos jornadas, algo inédito en América Latina, según explica Daniel Zovatto, director regional de IDEA Internacional, una organización intergubernamental que ha analizado la realización de las elecciones en contexto de pandemia. Pero no ha sido suficiente, dado el nuevo contexto sanitario. Aunque Chile, con menos de 20 millones de habitantes, ya ha vacunado a casi 6,4 millones de personas (3.2 con dos dosis), enfrenta uno de los peores momentos de la pandemia. De acuerdo a lo informado por el ministerio de Salud este domingo, nuevamente se han sobrepasado los siete mil casos diarios de infectados, como no sucedió en la primera ola (7.326 nuevos enfermos, con récord de exámenes PCR, que rozan los 80.000 en las últimas 24 horas). De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, OMS, la crisis en Chile muestra que la vacunación no sustituye la prevención.
Para Zovatto, “en estas condiciones la medida más acertada es posponer las elecciones”. “Lo conveniente sería que la decisión cuente con un amplio consenso de parte de todos los actores relevantes y que venga acompañada de todas las medidas que -además de abordar las cuestiones atinentes a cada una de las cuatro elecciones- garanticen el principio de equidad en la competencia electoral, incluida la posibilidad de establecer un congelamiento total de las campañas, para asegurar que ningún partido o candidatura obtenga una ventaja indebida de esta decisión”, explica el politólogo.
Aunque buena parte del mundo político estaba por mantener la fecha de las elecciones –como se explicaba en privado tanto en el oficialismo como en la oposición–, la baja legitimidad ciudadana de los partidos, el Congreso y el Gobierno hizo inviable no ceder a las razones sanitarias. Tampoco el Ejecutivo de Piñera tuvo otra alternativa que buscar el aplazamiento de los comicios, una medida que empuja el Colegio Médico, que goza de una popularidad que no tiene hoy en día ningún dirigente.
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