Indígenas masacrados en Bolivia, el inicio de una tiranía de corte militar y religiosa
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Ante el golpe de Estado en Bolivia era previsible que la gente que lo votó y que era la mayoría electoral iba a protestar en masa. Las movilizaciones populares no se hicieron esperar sobre todo en las regiones que son bastiones del Movimiento al Socialismo (MAS), como la región de Cochabamba (incluido el Chapare cocalero), Oruro, La Paz y El Alto, esa ciudad indígena y rebelde a las afueras de La Paz.
El Alto, la segunda ciudad más poblada de Bolivia, se convirtió desde hace mucho en asentamiento de miles de fábricas y de plantas de procesamiento de hidrocarburos, lo que le dio una identidad de clase obrera y trabajadora de gente joven, que mezclada con sus raíces indígenas de todas las partes de Bolivia, han dado como resultado una población muy dinámica y altamente politizada, punta de lanza en muchos de los movimientos de protesta. Como lo fue durante la "Guerra del Gas" de 2003.
En días pasados la autoproclamada presidenta de Bolivia, Jeanine Áñez, empezó una cacería de brujas contra miembros del MAS y una represión brutal contra los ciudadanos bolivianos, especialmente contra los indígenas. Y El Alto, con una mayoría de población indígena, con decenas de organizaciones obreras, juveniles y de mujeres de lucha, fue uno de los principales blancos de la represión de este nuevo gobierno.
Javier Buenrostro, historiador por la Universidad Nacional Autónoma de México y McGill University.
Esto no es democracia, es el inicio de una tiranía de corte militar y religiosa que ve en la población indígena a sus enemigos. Son las élites económicas de Bolivia que están enardecidas porque vieron en los últimos años el empoderamiento de gente a la que solían tratar como cosas
En la memoria histórica de los habitantes de la zona están presentes los exitosos bloqueos de 2003 que impidieron la entrada de hidrocarburos a La Paz y eso les dio un mayor margen de negociación. Pero el gobierno golpista también recuerda bien esas tácticas y esta vez las trataría de impedir a cualquier costo, incluido el de sangre y fuego sin reservas. Este 19 de noviembre, la planta de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), ubicada en el distrito 8 de Senkata, en El Alto, fue objeto de una represión sanguinaria con el objeto de liberar un convoy de cisternas (carros tanque) de gasolina, diésel y gas licuado que eran custodiados por militares.
Militares empezaron a disparar a la población gas lacrimógeno, balines y balas desde distintos puntos, incluso desde helicópteros. En cuestión de minutos hubo decenas de heridos y varios muertos. Horas después se convocó a una marcha de protesta que fue de Senkata a La Paz para reprochar por la represión de la que está siendo objeto El Alto. Algunos manifestantes llevaban féretros que simbolizaban a sus compañeros caídos de la jornada anterior. Pero fueron recibidos otra vez con gases y plomo y las nuevas imágenes que ya han dado la vuelta al mundo fueron nuevos cuerpos tendidos junto a los ataúdes de utilería que se habían llevado para la protesta. Desoladoras imágenes de un pueblo que es atacado por un gobierno golpista que pretende sofocar las protestas sociales en su contra.
Esto no es democracia, es el inicio de una tiranía de corte militar y religiosa que ve en la población indígena a sus enemigos. Son las élites económicas de Bolivia que están enardecidas porque vieron en los últimos años el empoderamiento de gente a la que solían tratar como cosas. Que vieron como sus "sirvientes" (choferes, trabajadoras del hogar, ayudantes) se convirtieron en ciudadanos conscientes de sus derechos políticos y civiles. Y les duele y les molesta. Y para eso hicieron un golpe de Estado que pavimente el camino de la contrarrevolución. Quieren al indio fuera del espacio público y sobre todo fuera de los lugares de toma de decisión.
Es urgente que el gobierno de facto no tome decisiones de política interior o internacional como ya lo ha empezado a hacer. El más grave es el decreto que permite a los militares reprimir a los manifestantes sin repercusiones, algo que debería escandalizar a cualquier organismo de derechos humanos, como ya pasó con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). En el contexto internacional ya se habla de modificar contratos de gas o de la protesta contra las condiciones de asilo de Evo Morales en México.
La única tarea que deben tener por el momento los órganos de gobierno, ya sean legales y legítimos (como la Asamblea Legislativa) o parte del gobierno golpista (como el Ejecutivo), debe de ser el llamado a nuevas elecciones a la mayor brevedad posible para tratar de pacificar al país y que no haya más manifestantes asesinados por este nuevo gobierno de facto. En el Senado ya se presentó un proyecto de ley que fue enviado a varias comisiones, mientras que la autoproclamada presidenta interina, Jeanine Áñez, entregó otra propuesta de ley que también busca convocar a nuevas elecciones, empezando por la designación de jueces del Tribunal Supremo Electoral.
Javier Buenrostro, historiador por la Universidad Nacional Autónoma de México y McGill University.
Lo que no se debería permitir bajo ningún motivo es la participación de la OEA en estas nuevas elecciones ya que ha mostrado ser una entidad que defiende los intereses de los Estados Unidos y de los golpistas en detrimento de la ciudadanía boliviana
Los parlamentarios de MAS están proponiendo la anulación de las elecciones del 20 de octubre y como fecha tentativa para los nuevos comicios los primeros días de enero, mientras que el gobierno de facto y los golpistas pretenden que se postergue más tiempo, con la finalidad seguramente de poder controlar primero el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y con ellos tener unas elecciones a su modo. Lo que no se debería permitir bajo ningún motivo es la participación de la OEA en estas nuevas elecciones ya que ha mostrado ser una entidad que defiende los intereses de los Estados Unidos y de los golpistas en detrimento de la ciudadanía boliviana.
Es claro que la voz cantante en esta nueva etapa la debe tener la Asamblea Legislativa de Bolivia, que es el único órgano legal y legítimo en estos momentos. Que Jeanine Áñez amenace organizar elecciones por decreto no haría sino complicar las cosas en Bolivia y que la pacificación se aleje. Por su parte, Evo Morales ha declarado en un acto profundamente responsable, que estaría dispuesto a dar un paso al costado en estas nuevas elecciones si esto contribuye a frenar la violencia del nuevo gobierno contra la gente. Tal vez sea el momento de nuevos liderazgos en el MAS y mostrar que este es un proyecto político nacional e intergeneracional. Destacan los nombres de Andrónico Rodríguez Ledezma, vicepresidente de las Seis Federaciones Cocaleras del Trópico de Cochabamba, y Adriana Salvatierra, actual presidenta del Senado.
Por último debemos destacar la importancia que tienen los medios internacionales ante el cerco mediático del nuevo gobierno y los medios bolivianos principalmente ante las masacres que se han venido perpetrando contra los manifestantes. En El Alto, una de las consignas más escuchadas es "¿Dónde está la prensa?", en referencia al estruendoso silencio de los medios nacionales que actúan en contubernio con el gobierno de facto para acallar los asesinatos de los bolivianos. ActualidadRT, teleSUR, HispanTV, Página12 o periodistas como Marco Teruggi y Juan Manuel Karg están haciendo una espléndida cobertura que está rompiendo ese cerco mediático para que el mundo pueda enterarse del verdadero rostro de esta tiranía religiosa militar que se quiere imponer en Bolivia.
@BuenrostrJavier
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