“Esa montaña es un monstruo. Se lleva a los niños y trae la muerte”. Tiny Dlamini señala el mayor vertedero minero de Sudáfrica, una elevación de tierra fina que en algunos puntos se vuelve roja, verde y blanca debido a la presencia de plomo, azufre y arsénico. Dlamini fue vecina de Snake Park, el asentamiento de casas y chabolas que se extiende al pie de esta loma tóxica a las afueras de Soweto, al norte de Johannesburgo, y en el que viven alrededor de 2.000 personas. Ráfagas constantes de viento levantan el polvo de las dunas y lo barren hacia las casas, pero Dlamini ni siquiera aparta el rostro: “No puedes huir de la montaña. El polvo está en el agua, en las paredes, en tu plato”.
Científicos, ONG e investigadores como David Van Wyk, de la fundación cristiana Bench Marks, se han aliado para documentar los efectos nocivos de los residuos mineros sobre la población y exigir responsabilidades a las compañías y al Gobierno. Se estima que el 25% de los habitantes de Johannesburgo viven en asentamientos y que una cuarta parte de estos —unas 400.000 personas— residen en el cinturón minero. "Más de la mitad de los residentes de Riverlea, a quince minutos de Johannesburgo, tienen problemas respiratorios. También hay muchísimos casos de eccema y otras enfermedades epidérmicas y oculares”, dice Van Wyk.
Gran parte de los residuos de las 600 minas abandonadas alrededor de Johannesburgo se acumulan junto a comunidades residenciales negras y pobres como Snake Park. Bench Marks está ultimando un estudio en el que alerta del elevado índice de nacimientos de niños con parálisis cerebral. Solo en Snake Park hay 40 casos como el de Nkoketso, una niña de 11 años con el tamaño de una de seis. Mpho Matsemela, su abuela, de 61 años, pasa todo el día masajeando sus articulaciones y dándole a beber soluciones de hierbas que ella misma prepara: “Cuando llueve o sopla el viento, no puede dormir porque le cuesta respirar. A veces yo también tengo tos. Si vas al otro lado de la montaña, verás que allí todos los niños hablan y andan”.
Un técnico de Bench Marks muestra los nieveles de radioactividad en casa de Matsemela.GUILLEM SARTORIO
Como Matsemela, muchos vecinos asocian sus problemas de salud a los metales pesados que el viento del norte trae desde el vertedero y piden al Gobierno ser realojados. En casa de Matsemela, los niveles de radiactividad —registrados por un técnico de Bench Marks— alcanzan los 11.30 mSv: “Eso es casi cinco veces más de lo permitido. Estamos a niveles de Chernóbil”, dice Van Wyk. Sudáfrica es una de las reservas mundiales de platino y cromo, y la fuente de un tercio de todo el oro que se extrae. Fue precisamente la fiebre por este metal precioso lo que en 1886 atrajo a inversores de todo el mundo hasta la cuenca de Witwatersrand y terminó generando la riqueza suficiente para fundar Johannesburgo y convertirla en una de las capitales económicas de África. Pero el famoso oro de la provincia Gauteng ha terminado suponiendo un riesgo para la población: según un estudio de la universidad de North West, hay 600.000 toneladas métricas de uranio enterradas en los 270 vertederos de residuos alrededor de Johannesburgo, la mayoría de ellos al descubierto y sin delimitar.
La radiación en un asentamiento puede llegar a los niveles del actual Chernóbil
“Si apiláramos los informes académicos y gubernamentales que hablan de los peligros de los relaves [desechos mineros] de uranio, el montón mediría más de cinco metros”, dice Mariette Liefferink, investigadora y presidenta de la Federación por un Ambiente Sostenible (FSE). Los altos niveles de radiación están asociados, además de al cáncer, a enfermedades como el párkinson, el alzheimer, los síndromes neurotóxicos y las deficiencias en el crecimiento.
Pese a que comisiones parlamentarias han declarado más de 30 áreas afectadas por el drenaje radiactivo y recomendado el realojamiento de asentamientos como el de Tudor Shaft, no parece ser suficiente: “Para ganar a las compañías mineras en los juzgados es necesario un estudio epidemiológico a gran escala que vincule la extracción de oro a los problemas de salud de forma concluyente, y eso solo puede hacerse con muchos recursos y voluntad política”, dice Liefferink.
Tras 130 años de minería, 6.000 yacimientos han sido abandonados
Bajo las múltiples denuncias de la población se esconde un problema de dimensiones colosales. 130 años de actividad minera han dejado un total de 6.000 minas abandonadas en todo el territorio sudafricano, para cuya rehabilitación o cierre el Departamento de Recursos Minerales admite no tener fondos suficientes. El Gobierno tampoco consigue que las grandes compañías activas se responsabilicen de sus desechos: Mintails, una de las grandes mineras de extracción de oro, operó sin permiso desde 2016 hasta 2018, año en que fue liquidada: “Ha dejado una responsabilidad medioambiental de 460 millones”, dice Liefferink, “esto significa que la comunidad sufrirá la contaminación de las aguas superficiales y subterráneas, del suelo y el polvo radiactivo, y que de la rehabilitación de los pozos abiertos y sus vertederos se encargarán el Estado y las generaciones futuras”.
Fondos sin utilizar
Un portavoz del Consejo Mineral Sudafricano, organismo que representa a las empresas mineras, asegura que estos casos son anomalías. “La distancia de seguridad está regulada. Las incidencias se producen porque la gente invade los vertederos y los vertederos estaban ahí antes que la gente”, declaró a la BBC Nikisi Lesufi, alto ejecutivo de la organización. En Sudáfrica hay más de 1.700 minas operativas, de las que se extraen 53 tipos de minerales.
ampliar fotoEl investigador David Van Wyk en las inmediaciones del vertedero minero.GUILLEM SARTORIO
Tras una investigación en 2017 apoyada por el Centro Pulitzer, una organización internacional de patrocinio periodístico, el reportero Mark Olalde destapó la existencia de una fortuna en fondos de rehabilitación de minas —6.000 millones de rands, unos 380 millones de euros— que el Gobierno sudafricano no está utilizando. Fuentes del Departamento de Recursos Minerales lo confirman: “Ese dinero es una garantía para las empresas que no pueden afrontar los costes de rehabilitación. Las minas abandonadas o sin dueño no pueden ser rehabilitadas con este fondo”.
El problema es que la mayoría de compañías no dan por cerradas las minas que ya no les dan beneficios —eso supondría afrontar el coste medioambiental—, sino que las revenden a empresas más pequeñas que tratan de sacarles partido, y así sucesivamente, hasta que quedan abandonadas. Al final, muchos yacimientos son explotados ilegalmente por mineros en paro, conocidos como zama-zama. Estos hombres descienden a cientos de metros bajo tierra y excavan por su cuenta para subsistir. La mayoría vive con sus familias junto a los vertederos tóxicos.
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