El agujero sin fin de la banca italiana
El toque de atención del BCE al Monte dei Paschi di Siena vuelve a disparar las alarmas sobre la salud del sistema financiero local
Roma
Los bancos italianos han empezado el año con turbulencias. La semana pasada, Monte dei Paschi di Siena (MPS), rescatado por el Estado en 2017, reconoció que había recibido un aviso del Banco Central Europeo (BCE) por deficitaria situación de capital. A esta coyuntura se suman las dificultades de la Banca Carige, intervenida por el propio BCE, y que se ha convertido en la última piedra en el zapato del ya de por sí convulso sistema bancario local, que logra mantenerse en pie con no pocos esfuerzos y que durante los últimos años ha arrastrado problemas endémicos de fragmentación, sobrecapacidad y activos improductivos. En Italia los préstamos morosos se situaron en torno al 10% en el primer semestre de 2018 frente a la media europea del 3,5%, según datos de la Autoridad Bancaria Europea. La situación no llega a ser alarmante por el momento, pero está lejos de ser una balsa de aceite, como señalan todos los analistas consultados.
El supervisor presidido por el italiano Mario Draghi, envió una carta a la entidad de Siena en la que reflejaba sus dudas acerca de la capacidad del banco para mantener los niveles de rentabilidad y capital exigidos. También ponía en cuestión que pudiera cumplir con su plan de reestructuración, dada su incapacidad para vender bonos —no consiguió completar a finales de 2018 una colocación de deuda—, debido al “impacto del incremento de la prima de riesgo italiana, sobre todo, considerando la exposición significativa a la deuda pública del país que tenemos”. El BCE ha instado al banco a elevar significativamente sus provisiones en los próximos siete años para poder hacer frente así a los préstamos improductivos.
Para el banco Monte dei Paschi di Siena, el más antiguo del mundo, fundado en 1472 y rescatado en 2017 por el Estado italiano, llueve sobre mojado, y por eso la misiva del BCE no se ha acogido con particular sorpresa, aunque sí con cierto recelo, sobre todo por la duda de si la advertencia puede extenderse al resto de bancos italianos. Según recogen medios especializados y varios analistas consultados, el supervisor aplicará peticiones similares a cada banco europeo “caso por caso”, con unos requisitos y unos límites temporales diferentes para cada uno, por lo que la situación de la entidad italiana no puede considerarse como excepcional.
Stefano Caselli, experto en finanzas de la Universidad Bocconi, cree que la petición de Fráncfort tiene dos caras: “Por un lado es razonable, ya que es un banco con dificultades, aunque progresivamente se está reestructurando y siguiendo su camino de saneamiento, pero por otro lado siembra dudas, ya que no está claro si se refiere a un caso particular o a todos los bancos”. “Algo más de claridad sería saludable porque el mercado ha interpretado que el aviso vale para todos”, añade. Lo cierto es que la incertidumbre inicial cuando se publicó la carta, el 14 de enero, provocó una tormenta en el mercado que se tradujo es pérdidas iniciales del 10% para MPS y de en torno al 3% para el resto del sector financiero en la Bolsa milanesa, valor que han conseguido recuperar en los últimos días.
El ministro del Interior, Matteo Salvini, ha sido una de las figuras más críticas con la alerta de Fráncfort y llegó a acusar al BCE de tener “un comportamiento prevaricador” que causa “inestabilidad al sistema bancario italiano”. El Estado italiano, que controla el 68% del banco, deberá salir del accionariado antes de 2021, según el plan inicial de rescate acordado con la UE. El problema es que antes de que se cumpla la fecha límite deberá comunicar cómo pretende llevar a cabo la salida y esta primavera tendrá que presentar un plan a Bruselas. Aún está por ver si el aviso del BCE puede afectar a las opciones de integración con otros bancos que maneja el Ejecutivo.
Aguas revueltas
La carta de Fráncfort llegó en un momento de aguas revueltas. Hace unas semanas, otro caso, aunque completamente diferente al de la entidad de Siena, encendió las alarmas. La Banca Carige, antigua caja de ahorros genovesa, considerada el décimo banco del país, empezó el año con una intervención del BCE y el nombramiento de tres administradores temporales después de la dimisión de la cúpula directiva tras el fracaso de una ampliación de capital. Unos días después, el Gobierno aprobó un decreto para un eventual rescate en el caso de que sea necesario, aunque apostó por “una solución privada” para el banco. Es el tercer tropiezo bancario —después del rescate de Monte dei Paschi di Siena y de los bancos vénetos en 2017— en los tres años que lleva en vigor la normativa europea común para la resolución de crisis bancarias. “La intervención del Gobierno en Carige ha confirmado los miedos que tantos clientes tenían”, señala Nicola Borri, analista especializado de la universidad Luiss, que apunta que “los bancos fuertes que han limpiado sus balances son capaces de afrontar esta nueva fase de contracción de la economía, pero los que ya eran débiles, ahora se encuentran en extrema dificultad”.
Una inspección del BCE reveló que Carige registró en el tercer trimestre de 2018 pérdidas por la concesión de préstamos de 250 millones de euros. “Estas pérdidas han emergido ahora, pero esos créditos estaban ahí desde hace mucho tiempo. El hecho de que todavía hoy haya bancos que deban hacer ajustes tan importantes levanta la sospecha de que tal vez no sea solo un problema del Carige”, apunta el banquero Marco Mazzucchelli.
La Comisión Europea dio luz verde la semana pasada para que el Estado italiano conceda una garantía para la emisión de bonos al banco, al considerar que respeta las normas comunitarias de ayudas públicas a la banca. Los planes de Roma para asegurar la liquidez de la entidad intervenida pasan por la concesión de un aval para la emisión de una serie de bonos por un valor nominal total de 3.000 millones de euros, a cambio del pago de una tasa de la banca al Estado.
Los analistas señalan que, además de la recapitalización cautelar, el Gobierno baraja también otros escenarios posibles para el banco, como una compra o fusión o incluso una liquidación ordenada, como ya sucedió en 2017 con los llamados bancos vénetos, Banca Popolare di Vicenza y Veneto Banca, cuyas partes sanas fueron compradas por el gigante Intesa Sanpaolo al precio simbólico de un euro. “El banco Carige está en condiciones de hacer que los administradores temporales [antiguos directivos de la entidad] puedan trabajar para llegar a un acuerdo; no existe un problema de fuga de clientes y la banca está capitalizada; además, cuenta con la garantía del Estado. Las condiciones para que se pueda llegar a un matrimonio están ahí”, señala Caselli.
Las previsiones de futuro dependen, entre otras cosas, del curso de la deuda italiana, como apuntan los analistas. Uno de los principales problemas de los bancos italianos es el eterno dilema del doom loop, el círculo vicioso que genera su elevada exposición a la deuda soberana del país. Los bancos transalpinos son los principales tenedores de bonos del Tesoro italiano, poseen alrededor de un 20% de la ingente deuda pública, que supera los 2,3 billones de euros, el 133% del PIB. Actualmente la prima de riesgo se sitúa en torno a los 260 puntos básicos y ha conseguido mantenerse estable después del acuerdo entre Italia y la Unión Europea por los presupuestos generales de 2019, pero en las semanas de mayor tensión, tras el rechazo de la Comisión a las cuentas italianas, se disparó hasta superar los 300 puntos, algo que no sucedía desde 2013. Si la prima vuelve a dispararse, será una puñalada letal para los bancos italianos.
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