El fujimorismo blinda al juez investigado como líder de una red de corrupción
La comisión permanente del Congreso peruano exonera al magistrado supremo César Hinostroza de la acusación de pertenencia a organización criminal
Lima
De madrugada y en la comisión permanente. La mayoría fujimorista en el Congreso peruano, Fuerza Popular, ha blindado este viernes con 18 votos a favor al magistrado de mayor jerarquía investigado por la red de corrupción que ha carcomido el sistema de justicia del país latinoamericano: el juez supremo César Hinostroza. La oposición al Gobierno de Martín Vizcarra exonera así al juez del cargo de pertenencia a la organización criminal Cuellos blancos del puerto, una potente trama corrupta que ha sacudido los cimientos de las instituciones peruanas en los últimos meses. Tras esta decisión del poder legislativo, la Fiscalía no podrá continuar las pesquisas al juez, señalado como supuesto líder de la banda.
La descomposición del aparato de justicia peruano se expresa en tráfico de intereses, acuerdos acerca de sentencias y negociaciones para el nombramiento o destitución de fiscales y jueces. También en pactos irregulares para lograr otro tipo de beneficios. Uno de los focos de intercambio era el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), órgano en el que los miembros de la trama decidían qué magistrados eran “amigos” -para mantenerlos en sus puestos o para destituirlos- y qué candidatos podían ser maleables -para designarlos en la Fiscalía o el Poder Judicial.
Ante las evidencias, un grupo de congresistas peruanos, de la mano del procurador anticorrupción, presentaron en el Parlamento siete acusaciones constitucionales contra Hinostroza y un informe sobre las infracciones constitucionales y sobre los supuestos delitos cometidos por el juez supremo y por otros cuatro antiguos miembros del CNM.
El informe llegó el jueves por la tarde a la comisión permanente de la Cámara, en una sesión que a su vez era un antejuicio político, con una veintena de hechos probados, audios y documentos que evidenciaban colusión, patrocinio ilegal, tráfico de intereses y cohecho. También la presunta pertenencia –de los cinco acusados– a una organización criminal.
Hinostroza y los exconsejeros presentaron sus descargos por la noche. “A mí me están juzgando porque presuntamente soy juez de Fuerza Popular. El hecho de haber tenido reuniones con miembros de Fuerza Popular vulnera mi independencia. ¿Dónde se ve la parcialización?”, replicó el juez destituido. Hacia la una de la madrugada del viernes, la bancada fujimorista aseguró que las evidencias presentadas por el congresista de Nuevo Perú, Oracio Pacori, no demostraban su pertenencia a la organización criminal, el punto más peliagudo. “No es que yo quiera ser defensor de los acusados, pero en el informe no hay un organigrama, no se ven relacionados”, argumentaron los parlamentarios contrarios a los cargos contra el magistrado. Una hora después, el delito por organización criminal fue rechazado con los 18 votos de Fuerza Popular, mientras que el oficialismo y las otras bancadas reunieron solo siete apoyos.
“La estrategia del fujimorismo ha sido espectacular. Es muy evidente la gravedad de esta votación porque así limitan a la fiscalía en la investigación. El fujimorismo ha negociado con Hinostroza para que no diga nada de la señora K (Keiko Fujimori, según el apelativo que le otorga el juez cesado en uno de los audios)”, dijo a EL PAÍS el parlamentario Richard Arce, de la bancada Nuevo Perú. “No nos vamos a quedar así, tenemos la obligación ética de mandar un mensaje al país cuando esto pase al pleno”.
El pleno del Congreso aún puede corregir el informe, según Juan Sheput, parlamentario del partido de Gobierno, Peruanos por el Kambio. “Se debe nombrar una comisión acusadora”. Por su parte, el congresista no adscrito Gino Costa afirmó que lo ocurrido en la madrugada puede ser el anticipo de las acusaciones constitucionales pendientes de debate: contra el fiscal de la Nación, Pedro Chavarry, y el parlamentario fujimorista Héctor Becerril, también protagonistas de los audios de la corrupción.
Los audios de conversaciones interceptadas por la policía y materia de trabajo de los investigadores fueron proporcionados a petición de una fiscal que investigaba a una banda criminal en el puerto del Callao. Los abogados de los delincuentes conversaban con operadores de justicia, pero en los diálogos también intervienen jueces superiores, fiscales supremos, miembros del CNM, empresarios fujimoristas, un congresista fujimorista, Hinostroza, y el presidente de la Federación Peruana de Fútbol, entre otros.
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