El
caso Odebrecht, un terremoto político y financiero en el Perú
La Justicia
peruana resolverá este jueves la solicitud de prisión preventiva para el
expresidente Alejandro Toledo Manrique
RAÚL
TOLA
Perú
8 FEB 2017 - 19:33 CET
El
expresidente peruano Alejandro Toledo, imputado en el caso Odrebecht. AFP
El pedido de 18 meses de prisión preventiva interpuesto contra
Alejandro Toledo Manrique -presidente del Perú entre 2001 y 2006- es el
último capítulo de una larga historia de intrigas y sobornos que viene
remeciendo los cimientos de la política y las finanzas peruanas. A Toledo se lo
acusa de recibir 20 millones de dólares de la
constructora brasileña Odebrecht, para favorecerla en la licitación de
la Carretera Interoceánica Sur, que enlaza el Perú con Brasil.
La solicitud
fue presentada por el fiscal anticorrupción Hamilton Castro -jefe del equipo
que investiga el capítulo peruano del caso Lava Jato- y será resuelta este
jueves por el Poder Judicial. De ser aprobada, se presume que vendría
acompañada por una orden de captura internacional. Hasta este domingo, Toledo
se encontraba de viaje en París.
El detonante
fueron las confesiones de Jorge Barata, exrepresentante de Odebrecht en Perú, devenido en
colaborador eficaz de la justicia peruana. Luego de cotejar su testimonio con
registros bancarios de Panamá, Costa Rica y Estados Unidos, la fiscalía procedió
a allanar la vivienda de Toledo. Ahí se incautó numerosos videocasetes, un
teléfono satelital, gran cantidad de documentos, una caja fuerte y hasta una
corona inca de oro. También se encontró 33 mil dólares en efectivo.
El lunes por
la tarde, el Ministerio Público formalizó la investigación contra Toledo, por
tráfico de influencias y lavado de activos. También serán investigados el empresario Joseff Maiman -amigo íntimo del
expresidente, que habría facilitado sus cuentas en Londres para el depósito de
las coimas- y el propio Jorge Barata. El primero como autor y el segundo como
cómplice primario.
La
pista de Odebrecht
Con negocios
que se remontan a 1979, Odebrecht ha participado en incontables proyectos de
infraestructura, que incluyen carreteras, centrales hidroeléctricas, proyectos
de irrigación, vías de metro y transporte de hidrocarburos. Sus operaciones en Perú estuvieron bajo sospecha durante
años, pero no fue hasta 2016 que comenzó a conocerse la verdad.
Dentro de su
acuerdo con la justicia estadounidense, Marcelo Odebrecht reconoció en
diciembre el pago de 29 millones de dólares en sobornos a funcionarios del
gobierno, entre 2005 y 2014. Esta confesión involucraba los períodos
presidenciales de Toledo, Alan García (2006-2011) y
Ollanta Humala (2011-2016). Como respuesta, el gobierno de Pedro Pablo
Kuczynski presentó una modificación de la Ley de
Contrataciones, para impedir que el Estado contrate con compañías corruptas.
El acuerdo
reseñaba dos casos: la Interoceánica Sur -bajo sospecha desde su adjudicación, al haberse presupuestado en 800 millones de dólares pero
costar cerca de 2,000 millones-, y el tramo 1 del Metro de Lima, que se
licitó por 410 millones de dólares, pero terminó costando 519. En estos años,
Odebrecht participó en cerca de veinte obras por un valor de más de 12 mil
millones de dólares, lo que hace creer que quedaría mucha tela por cortar.
Las primeras
capturas relacionadas con la empresa recayeron en tres
funcionarios del gobierno de Alan García, por sobornos en la licitación de
la Línea 1 del Metro de Lima. Se trata de mandos medios y es poco probable que
actuaran solos, por lo que las miradas apuntan al
exministro de Transportes y Comunicaciones, Enrique Cornejo, para quien
trabajaron. Solo el tiempo dirá si las pesquisas alcanzarán al expresidente
García, maestro en el arte de evadir esta clase de predicamentos.
Tampoco Ollanta Humala se libra de las sospechas. Según el
diario «Folha de Sao Paulo», recibió 3 millones de dólares de la constructora
para financiar su campaña electoral. Esta
semana, la fiscalía abrió una investigación contra su esposa, Nadine Heredia, acusándola de favorecer a la constructora en
la licitación del Gasoducto del Sur. Con un costo de 7 mil millones de
dólares, se trata de la obra de infraestructura más grande en la historia del
país, pero quedó paralizada al cumplirse el plazo de su cierre financiero, sin
que Odebrecht consiguiera crédito para llevarlo adelante o un comprador para
sus acciones. Como consecuencia, el gobierno ejecutó la carta fianza más
cuantiosa de la historia del Perú, y la constructora debió pagarle una
penalidad de US$ 262 millones en dos cheques de gerencia.
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