No
compren activos de la empresa Odebrecht en Perú pues serán estafados . Odebrecht
ya ha admitido ante la justicia de los Estados Unidos que sobornó entre los años
2005 y 2014 a funcionarios públicos del Perú y al único que se ha dado los
contratos en 2014 es el gasoducto concesionado a Odebrecht , luego hay una
clausula que dice que si se comprueba sobornos , se acaba el contrato y se
ejecuta la carta de garantía de US$ 350 millones y no los supuestos ridículos 9
millones que dicen pagaron en sobornos , asi que ningún banco les dará el financiamiento
para concluir la obra US$ 4,300 millones que requiere el proyecto.
Además
la mayor cantidad de los ingresos ilícitos percibidos vienen de
los contratos no de la coimita y los contratos dicen que se demandara y transportara
540 millones de pies cúbicos al día . En Lima la capital de Perú después de
12 años consume esa cantidad y la suma del consumo de gas de los estados de Arequipa y Tacna son 8 veces más
chicos, lo cual es imposible que sea consumido en tan poco tiempo. La
mayor cantidad de los ingresos ilícitos de la empresa Brasileña Odebrecht está
en los contratos por cientos de millones de dólares para lo que estaría garantizada por el estado esa demanda , sea o no sea cierto todo lo indicado y no por la supuesta
coimita de 9 millones de dólares
“Cada
vez que prendemos la luz, pagamos excesos de Odebrecht”
09/01/2017
http://blogs.gestion.pe/atalayaeconomica/2017/01/cada-vez-que-prendemos-la-luz-pagamos-excesos-de-odebrecht.html
Entrevista
en Expreso 09.01.17
“Cada vez
que prendemos la luz, pagamos excesos de Odebrecht”
Lunes 9 de
enero del 2017 | 5:40 am
Experto
considera que Gobierno no debe “darle más aire” al contrato por el Gasoducto
del Sur, pues todo apunta a que fue logrado con corrupción.
Las concesiones
ganadas por Odebrecht en el Perú continúan en entredicho, y no es para menos.
Al escándalo por las coimas pagadas por esta empresa a autoridades peruanas
para hacerse de importantes obras de infraestructura, se suman las críticas a
los contratos suscritos por la constructora brasileña y el Estado peruano, que
ya empiezan a oprimir al ciudadano.
Basta con
ver el terrible caos que se generó en las protestas contra el alza de los
peajes y la colocación de nuevas garitas en la Panamericana Norte, concesionada
a Rutas de Lima. El otro contrato cuestionado es el del Gasoducto Sur Peruano
(GSP), debido a la garantía estatal que costeamos todos los usuarios eléctricos
a través de nuestros recibos de luz.
Sobre este
proyecto conversamos con el economista Manuel Romero Caro, quien ha dedicado
varias columnas de opinión al tema del GSP y la suerte de ‘novela’ que se ha
generado por las repercusiones del caso Lava Jato en el Perú, historia que aún
tiene muchos capítulos por escribirse en los próximos días.
SIN
FINANCIAMIENTO
¿Qué ha
pasado? Lo último que supimos fue que Odebrecht, el accionista mayoritario del
proyecto, estaba buscando vender su participación. Pero, como dice Romero Caro,
¿quién va a querer comprarla, sabiendo que aún no han
logrado el cierre financiero, es decir, que no tienen asegurado el
financiamiento de US$ 4,300 millones que requiere el proyecto?
Como se
sabe, este 23 de enero vence el plazo para que
Odebrecht y las otras empresas que participarán en la obra confirmen que
tienen el financiamiento, tras lo cual se firmará una adenda de bancabilidad.
Aquí, según el expresidente de la Corporación
Financiera de Desarrollo (Cofide) se abren dos posibilidades.
La
primera es que llegue el
23 de enero y los participantes del proyecto no
hayan conseguido el financiamiento. Este sería el fin del contrato y no habría
más que hacer, por lo que cesaría también el pago de la garantía estatal a
través de los recibos. “Esa es una causal, ahí no necesitan ley ni nada [para
suspender el cobro]”, señala.
Lo
segundo que podría pasar
es que sí logren el financiamiento, pero el Ejecutivo
se niegue a firmar alguna adenda. En el caso del gasoducto sería la
primera, llamada “adenda de bancabilidad”, mediante la cual estarían mejorando
las posibilidades que tienen los bancos para cobrarles y recuperar sus
préstamos. “Pero el Gobierno puede no firmarla, y si no se da la adenda de
bancabilidad, se acaba también el proyecto”, sostiene.
“ANTICORRUPCIÓN”
Son dos
posibilidades que dependen del plazo del 23 de enero. Pero existe un camino más
que no depende de plazos ni de financiamientos, y que está dado también por el
contrato firmado entre la constructora brasileña: la llamada “cláusula anticorrupción”, que el Gobierno ha dicho que no
retirará de ningún modo.
“Esta
cláusula dice bien claro que si algún funcionario del consorcio o de cualquiera
de los del consorcio –funcionario, asesor, etcétera– hubiera dado un soborno, o
hubiera un intento de sobornar, el contrato se acaba. Entonces, esto es importante, sobre
todo lo último. ¿Por qué? Si hubiera dicho que con soborno se acaba, hubieras
tenido que probarlo judicialmente: que se abonaron tantos millones de dólares a
la cuenta ‘x’, a favor de tal funcionario público. Pero como dice ‘intento de soborno’, suficiente con lo que ya han
dicho”, sentencia Romero Caro.
Como
recuerda el economista, la empresa Odebrecht ya ha
admitido ante la justicia de los Estados Unidos que sobornó entre los años 2005
y 2014 a funcionarios públicos del Perú para hacerse de una serie de
proyectos. Pero sucede que el único proyecto que se otorgó y en el que se firmó
un contrato en 2014 fue el gasoducto.
“Resumiendo,
lo que tiene que hacer el Gobierno es, uno, de ninguna manera tiene que ampliar
el plazo (del 23 de enero), porque si ya tú ves que hay corrupción, y ves
también que no están avanzando con el financiamiento, ¿para qué le vas a dar
más aire? Simplemente no le das la ampliación de plazo para la adenda de
bancabilidad; y segundo tampoco la firmas, entonces con esas dos cosas el
contrato muere solo”, opina.
Es más,
Romero Caro sostiene que no solo es perfectamente legal que el contrato se
termine de esta manera, sino que también esto dejaría al Estado peruano en condiciones de ejecutar la carta fianza de
350 millones de dólares que el concesionario entregó al Estado peruano
para garantizar el cumplimiento de sus obligaciones.
“Entonces el
contrato se acaba, tú ejecutas la carta fianza de 350
millones de dólares –que es plata grande y no los 30 milloncitos [de
soles] que han conseguido acá–, y la pones en una cuenta contra las
reparaciones por todas las ganancias ilícitas que ha tenido Odebrecht”, agrega
el exministro de Industria.
MÁS
AUMENTOS
Ante todo
este panorama, ¿se puede decir que es un hecho que el contrato quedará sin
efecto tarde o temprano y que habrá por lo tanto una nueva licitación? Romero
Caro prefiere no aventurarse a señalarlo (“lo único seguro es la muerte”,
dice), pero afirma que no tiene ningún
sentido que el Gobierno le siga la corriente a la cuestionada constructora
brasileña.
“Todo
el Perú sabe que ha habido soborno, todo el mundo sabe que este contrato es un
abuso, que cada vez que prendemos la luz estamos contribuyendo a pagar los
excesos producto de las coimas de Odebrecht. Entonces la pregunta es: ¿qué sentido tiene que el Gobierno santifique este contrato y durante
30 años nos ‘enyuque’ a todos los consumidores con estos aumentos de luz? Imagínate
que todos los años tengan que subirte las tarifas de luz hasta alcanzar generar
460 millones de dólares, año a año. No es factible pues”, remata.
Gobierno
“voluble” con el GSP
El
economista Manuel Romero Caro cuestiona en este contexto la actitud del
Gobierno, por haber tenido opiniones tan cambiantes en este tema.
Primero, en
noviembre, mientras Odebrecht negociaba con Sempra
y otras empresas, afirma que se pusieron “eufóricos”, pues incluso anunciaron
que en el verano ya se iban a reanudar las operaciones del gasoducto.
“Pasaron por
su cuarto de hora de euforia. Después, al terminar el APEC, cambiaron de
opinión 180 grados y empezaron a quemar el contrato de Odebrecht, entonces
salió PPK, dijo que ese contrato era una desgracia, que estaban subiendo a
niveles altísimos de más del 20 % las tarifas eléctricas y que no era
conveniente”, señala.
“[El
ministro Alfredo] Thorne dijo que era la oportunidad para hacer una nueva
licitación, Meche Aráoz dijo que iban a hacer un ‘fast track’ y que enero –mira
la barbaridad, ya estamos en enero– iban a convocar a una licitación. Se nota
que Meche en su vida ha organizado una licitación. En fin”, agrega el
exministro de Industria.
¿Cuánto
se deberá subsidiar?
“El proyecto Gasoducto
Sur Peruano no tiene asegurado el abastecimiento de gas; tiene severos
problemas en obtener el financiamiento, y ni tiene demanda suficiente, por lo
que nadie sabe con cuántos miles de millones de dólares tendrán que subsidiar
los consumidores eléctricos al GSP, lo cual representa una pesada herencia”, escribió Manuel Romero Caro el
pasado 3 de febrero de 2016.
“Los
mayores ingresos ilícitos de Odebrecht vienen de los contratos”
En el caso
del Gasoducto del Sur, el negocio está en la cifra
sobreestimada que se estableció como meta de transporte diario, sostiene
el experto.
-Usted ha
cuestionado que la Fiscalía haya llegado a un acuerdo preliminar de
colaboración con Odebrecht, así como los 30 millones de soles que dará como
adelanto de una eventual reparación civil. ¿Por qué?
La Fiscalía
dijo que había empezado a investigar a Odebrecht a partir del mes de noviembre.
En el caso brasileño, los fiscales federales brasileños
se sentaron a negociar con Odebrecht luego de haber investigado el proyecto más
de dos años, y acá con unas cuantas
semanas, con la investigación todavía en pañales, sin
conocer el caso bien todavía, se está empezando a negociar, lo cual no
me parecería una buena idea porque, para empezar, los
mayores ingresos ilícitos no son los sobornos. Entonces cómo la Fiscalía
puede haber calculado los ingresos ilícitos percibidos y llegado a ese monto de
30 millones, que ni siquiera son dólares sino soles.
-¿A
qué se refiere?
La mayor cantidad de los ingresos ilícitos percibidos vienen de
los contratos. Cada proyecto tiene contratos, por ejemplo en el
Gasoducto del Sur hay un contrato de concesión que es el más importante, hay un
contrato de abastecimiento de materia prima entre los productores de gas y los
usuarios de gas, hay contrato para los incentivos tributarios, entre otros.
-En el caso
del contrato del gasoducto, ¿cómo calcula la ganancia ilícita?
En ese
contrato, para empezar, no se efectuó un estudio de mercado, y este estudio era
indispensable porque era el que nos hubiera dicho cómo venía la demanda de gas
en la región sur en el tiempo. Es como el caso de la Interoceánica: no se
hicieron los estudios de factibilidad y por eso terminaron con 22 adendas,
subiendo el costo porque no habían hecho los estudios de factibilidad,
ingeniería básica, ingeniería detalle, entonces había mucho margen de
discrecionalidad para actos ilícitos. Entonces acá no se hizo el estudio de
mercado, no había gasoducto, que era el principal demandante y se fijó una meta de 500 millones de pies cúbicos día.
El gasoducto tenía que transportar esta cantidad sí o sí, hubiera o no hubiera
reservas para transportar, hubiera o no hubiera gas, hubiera o no hubiera
demanda. Esto se llama ingreso garantizado.
-¿El
gasoducto no llegaría a esa meta de transporte diario?
Para que se
dé una idea, el PBI de Lima es más de ocho veces
y media el PBI sumado de Arequipa, Moquegua y Tacna,
y sin embargo Lima debe estar en 530 o 540 millones de
pies cúbicos día, y Lima se ha demorado 12 años en llegar a esa meta. El
2004 terminó Camisea, acaba de terminar el 2016, es decir, 12 años se demoró
Lima en llegar a ese nivel, y pretenden que la región sur pueda tener ese mismo
nivel con respecto al Gasoducto del Sur. Es una meta groseramente
sobreestimada.
-¿Por qué poner una suma tan sobreestimada?
Para ganar
más pues. Los ingresos garantizados ascienden –según
Osinergmin– a 912 millones de dólares cada año durante 30 años, y de ese monto hay que deducir los ingresos
que pudiera tener el gasoducto. Supongamos, generosamente, que de los 500 haya
demanda por 250, entonces ya no tendrías que pagar 912 millones de dólares al
año sino tendrías que pagar la mitad, que sería entre 455 y 460 millones de
dólares. Entonces, como puedes ver por las cifras involucradas, ahí es donde
está la carne pues. Qué le importa una comisión, un
soborno del 5 %, no. La mayor cantidad de los
ingresos ilícitos está dada en los contratos. Lo que tiene que hacer la
Fiscalía es analizar proyecto por proyecto los contratos de cada proyecto, para
ver cuál es el origen de los ingresos ilícitos.
REYNA
CÁRDENAS ANDAZABAL
mariareyna.cardenas@gmail.com
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