Editorial del diario El Comercio de Perú promueve un estado laico en contra de la oscurantista iglesia católica que recibe un estipendio de US$ 9000 por persona al mes y recomienda votar por tal o cual candidato , (es como si un general de un cuartel ordenara a sus tropas a votar por tal o cual candidato, eso esta prohibido pues sus sueldos los pagamos todos los peruanos)

Editorial del diario El Comercio de Perú promueve un estado laico en contra de la oscurantista iglesia católica que recibe un estipendio de US$ 9000 por persona al mes y recomienda votar por tal o cual candidato  , (es como si un general de un cuartel ordenara a sus tropas a votar por tal o cual candidato, eso esta prohibido pues sus sueldos los pagamos todos los peruanos)

Editorial: Por una Iglesia libre en un Estado libre

http://elcomercio.pe/opinion/editorial/editorial-iglesia-libre-estado-libre-noticia-1890843?ref=portada_home

Las opiniones políticas de los obispos están constreñidas por el financiamiento estatal.

VIERNES 01 DE ABRIL DEL 2016 | 22:03

Las declaraciones del arzobispo de Arequipa, monseñor Javier del Río, han causado revuelo político y hasta eclesiástico.

En pleno proceso electoral y desde el púlpito de una parroquia, el arzobispo instó a sus feligreses a no votar por dos candidatos, Alfredo Barnechea y Verónika Mendoza: “Hay candidatos a la presidencia de la República –señaló– que dijeron abiertamente, como Alfredo Barnechea y Verónika Mendoza, que están a favor del aborto y del matrimonio gay. Un católico no puede votar por esos candidatos. Es pecado”.

Las reacciones no se hicieron esperar. Los candidatos aludidos, comprensiblemente, no estaban conformes, y tampoco lo estuvieron al interior de la propia Iglesia Católica. El miércoles, el obispo emérito, Luis Bambarén, catalogó la conminación de Del Río como un exceso. Sin embargo, en el mismo acto frente a la prensa calificó al propio Barnechea –quien se encontraba a su lado– como “un buen candidato” y afirmó que “por quien sí no votaría nunca es por Keiko [Fujimori]”.

Más tarde, el mismo día, la propia Conferencia Episcopal Peruana afirmó en un comunicado que la Iglesia “respeta y promueve la libertad de cada persona en el ejercicio de este deber cívico”, en alusión al voto.

Este reciente –mas no primer– episodio de activismo político por parte de algunos representantes de la Iglesia Católica es propicio para recordar que cualquier ciudadano, incluyendo los miembros de alguna iglesia en particular, tiene todo el derecho de expresar públicamente sus puntos de vista y de difundirlos como mejor convenga. Si es que estos guardan coherencia interna –por ejemplo, hay candidatos de derecha que están a favor de la unión civil, pero eso no parece molestar a del Río– o con la propia doctrina de la iglesia en cuestión, ya es un problema exclusivo de esta. En paralelo a la libertad de expresión de las iglesias, por supuesto, está la libertad que tenemos los electores, feligreses o no, de considerar o rechazar sus opiniones.

Lo que nos diferencia a la mayoría de ciudadanos en nuestra plena libertad política frente a los representantes de la Iglesia Católica, sin embargo, es que esta última recibe exoneraciones tributarias y una subvención por parte del Estado.

Esa contribución proviene del erario nacional, es decir, de los impuestos que tenemos que pagar todos los peruanos, los que son parte de la Iglesia Católica pero también los que no. Ciertamente, la tienen que pagar aquellos candidatos cuyas propuestas no son del agrado de uno o más representantes del clérigo, y también sus seguidores.

Mendoza, Barnechea y cualquier otro candidato que se encuentre en la misma situación tienen, entonces, un válido reclamo cuando alguna autoridad de una organización que recibe financiamiento estatal respalda o critica sus posiciones políticas.

Bajo un fundamento similar es que se exige a los funcionarios públicos que no interfieran en las campañas electorales con declaraciones políticas.

Comoquiera que no es lógico pedir a una iglesia que deje de oponerse públicamente a las creencias o valores a los que se opone, lo que más bien sí resulta sensato es sostener que la eliminación de las subvenciones estatales debe darse también por el bien de la propia Iglesia. Tanto los católicos como los ciudadanos en general tendríamos que estar de acuerdo con que la situación deseable es la de aquella máxima que promovía el conde de Cavour: “la Iglesia Libre en el Estado Libre”.

Para lograr ello no se necesita reclamar una abstención (de opiniones) eclesiástica, basta con reclamar una abstención (de subvenciones) estatal.

Lo razonable en un Estado verdaderamente laico sería que cada institución religiosa recabe la contribución voluntaria de sus propios feligreses, y que pague todos los impuestos que se deriven de las actividades gravables que realicen, con todos los beneficios tributarios propios de las actividades que, tanto para las organizaciones laicas como para las religiosas, están exentas de impuestos por ser obras de ayuda social.