Insisten
en vender el complejo metalúrgico de la Oroya en Perú y contaminar mortalmente
a nuevos poblados por 14 años más (La Oroya
es una de las 10 ciudades más contaminadas del mundo)
14
años más de contaminación ambiental le esperan a La Oroya
http://larepublica.pe/impresa/politica/704757-14-anos-mas-de-contaminacion-ambiental-le-esperan-la-oroya
20 setiembre del 2015
Polémica.
Nuevo instrumento de adecuación ambiental aprobado por el Minem permitirá que
recién en el 2030 pobladores gocen de aire
limpio. Informe del Ministerio del Ambiente recomendó reducir el plazo
propuesto por la propia Doe Run.
Congelada.
La Oroya tiene parcialmente paralizado su complejo metalúrgico, que estuvo en
manos de Doe Run, a la que se le redujo multa de
US$ 3 millones 500 mil a 1 millón 700 mil
Esas
partículas de polvo son tan pequeñas y resistentes al agua que cuando respiras
atraviesan las mucosas, pasan fácilmente por el torrente sanguíneo, las membranas biológicas y pueden llegar hasta tu ADN:
la molécula madre que lleva tu información genética por una célula. Cada
partícula fina es cien veces más delgada que un cabello
humano y la literatura científica la cataloga como PM2.5, partícula que se genera en
cantidades industriales durante la fundición de metales que en el caso del
principal complejo metalúrgico del Perú, ubicado en la ciudad centroandina de
La Oroya, se han acumulado en el aire durante décadas.
El toxicólogo Raúl Loayza de la Universidad Cayetano Heredia
es quien explica el potencial daño de estas partículas finas en el sistema
nervioso y respiratorio del ser humano y advierte que es necesario determinar
el perjuicio específico que pueden causar en los pobladores que rodean la
fundición. Precisamente, el plan decisivo para proteger la salud de los habitantes de La Oroya de elementos
nocivos liberados por la fundición de cobre, zinc y
plomo es el Instrumento de Gestión Ambiental
Correctivo (IGAC) de la planta, que fue aprobado en julio último por el
Ministerio de Energía y Minas. Este documento es clave porque contiene los
nuevos estándares ambientales que deberá cumplir el futuro inversionista del
complejo, que elegirá una nueva administradora luego de que la estadounidense
Doe Run entrara en liquidación por declararse en quiebra sin cumplir sus
obligaciones ambientales.
Convoca revisó con la ayuda de ingenieros
ambientales este documento de más de cinco mil páginas y otros anexos de los
nueve CD del expediente y encontró varios puntos críticos, en medio del inagotable
conflicto entre los pobladores que defienden parámetros
exigentes para proteger su salud y trabajadores
que protestan porque la fundición vuelva a operar al cien por ciento y
se defina de una vez al nuevo dueño.
En cualquier
caso es inocultable el inventario de evidencias del daño al ambiente y la salud
pública. El Ministerio de Salud en convenio con la propia Doe Run concluyó en
tres censos hemáticos, entre 2004 y 2006, que más del 90% de cientos de niños
examinados de las localidades aledañas a la planta han sobrevivido con concentraciones de plomo en la sangre que llegan a triplicar
los diez microgramos por decilitro que exige el Organismo Mundial de la
Salud.
El
plomo, que modifica el funcionamiento de las neuronas y produce males
respiratorios, ha marcado la vida de cientos de niños,
incluso antes de nacer: más de la mitad de las mujeres gestantes evaluadas en
estos censos concentraban en su organismo más plomo de lo tolerable.
El
Instituto Blacksmith de Nueva York consideró a La Oroya como una de las
diez ciudades más contaminadas en el mundo, junto a Chernobyl, que fue
arrasada por un desastre nuclear, y el Tribunal Constitucional del Perú ordenó
en el 2006 al gobierno peruano tomar medidas para proteger la salud de los
pobladores, pero estas solo se han cumplido parcialmente.
El caso de
La Oroya parece no tener fin. Y aquí revelamos por qué.
Puntos
críticos
El
Instrumento de Gestión Ambiental Correctivo fue presentado por Doe Run en mayo
último porque el Decreto Supremo 040-2014 del sector Energía y Minas (Minem)
exigía que aquellas unidades mineras que tenían instrumentos ambientales
caducos debían adecuarse a nuevos estándares fijados por el Ministerio del
Ambiente (Minam). Cuando Doe Run compró la fundición en
los 90 se comprometió a cumplir con un Programa de Adecuación y Manejo
Ambiental (PAMA) en un plazo de diez años, que luego fue ampliado en el
2006 por dos años y siete meses con una norma a su medida a pesar de sus
reiterados incumplimientos.
Esta vez, el
gobierno de Ollanta Humala formó un equipo especial "ad hoc", dijo el
Minem a Convoca, para aprobar en cuatro meses el IGAC
ante las protestas de los trabajadores que exigen la venta inmediata de la
planta. Pero en este proceso de evaluación acelerada hay varios puntos propuestos por la propia Doe Run que
nuevamente postergan la protección de la salud de los pobladores. El primero y
más cuestionados de todos: la nueva operadora de la
planta tendrá 14 años más para adecuarse a las exigencias ambientales,
por lo que en ese período no se le podrá sancionar por excederse de los
parámetros vigentes de dióxido de azufre generados por la fundición de metales.
Recién a partir del 2030, los habitantes de La Oroya podrán respirar otros
aires a diferencia del resto de enclaves mineros del Perú.
Los 14 años
se aprobaron a pesar de que parte de los principales procesos que debe
modernizar el nuevo operador, como el circuito de cobre, el principal mineral
procesado en la fundición, ya tienen un avance de más del 50% y algunos equipos
que deben implementarse ya están dentro de la planta, según informó Doe Run en
un Power Point enviado al Minem en mayo último. Esto se puede comprobar en
fotos tomadas hace apenas una semana, a las que accedió Convoca.
¿Coordinaron
plazo?
El
viceministro de Gestión Ambiental del Minam, Mariano
Castro, dijo a Convoca que ahora las obligaciones "son mayores que
con el anterior operador (Doe Run)" (un nuevo horno
Isasmelt para el circuito de
plomo, una planta de lavado de gases y nuevas tuberías para conducir estos
gases tóxicos a una chimenea en el cerro Sumi). Mientras que el Minem
respondió, vía correo electrónico, que el plazo de adecuación fue coordinado
con el Ministerio del Ambiente y que los proyectos se han "ordenado
secuencialmente" de acuerdo con criterios técnicos. Lo real es que esa fue
la propuesta de Doe Run, pero no la recomendación técnica inicial del sector
Ambiente.
El informe
técnico Nº 426-2015-MINAM/VMGA/DGCA de la Dirección de Calidad Ambiental del
Minam, firmado el 23 de junio por el especialista Wilder Rojas Ortiz, recomendó
que los proyectos de adecuación se realicen "de manera previa y/o
paralela, y que además se considere aligerar los tiempos previstos en los
trámites de licencia para la construcción de cada proyecto, con el objetivo de
reducir el período de 14 a 10 años".
Esta
sugerencia va en la misma línea de la que realizaron en el 2006 expertos recomendados
por el Banco Mundial al Minem sobre las
actividades simultáneas que debía realizar Doe Run para cumplir con el PAMA
cuando se amplió el plazo por dos años y siete meses.
Convoca pudo
conocer que, en realidad, el plazo de los 14 años se aprobó en función de
"la rentabilidad financiera" de Doe Run, que en su propuesta calculó
unos 800 millones de dólares de inversión para
los proyectos del plan de adecuación ambiental, curiosamente con un margen de error de 40%, que haría poco atractivo el
complejo a cualquier otro inversionista.
Los
intereses de Doe Run han estado en la atmósfera de estas decisiones. El
ingeniero metalurgista Prudencio Rivera Chávez fue uno de los técnicos que
abrobó el IGAC presentado por Doe Run, donde trabajó años atrás.
Partículas
peligrosas
El nuevo
estándar de calidad ambiental de aire para el dióxido
de azufre recién se podrá cumplir en La Oroya a partir del 2030, con un
valor de 80
microgramos por metro cúbico (ug/m3) diarios y no de 20 microgramos
como se le exige al resto del país desde enero del 2014, debido a que en el
2013 se exceptuó de esta obligación a las operaciones productivas que se
realicen en Arequipa, Ilo y La Oroya.
El
viceministro de Gestión Ambiental, Mariano Castro, explicó a Convoca que existe
este régimen especial para las cuencas atmosféricas de estas zonas porque
"tienen una condición acumulada" de dióxido de azufre que proviene
del "transporte, la calidad del combustible, los efluentes
industriales", que son fuentes de contaminación adicionales al complejo
metalúrgico de La Oroya.
Por lo
tanto, en los próximos 14 años solo se podrá exigir a la fundición que no
supere el parámetro de aire de 80 microgramos de dióxido de azufre al año y los
365 microgramos cada 24 horas.
El aire que
respiran los pobladores de La Oroya es de tan baja calidad que incluso hoy que
la fundición solo opera el circuito de zinc los nubarrones que salen de la
chimenea permiten registrar en la estación Sindicato, ubicada a unos 800 metros
de la planta, que en los últimos dos meses se excedió en cinco oportunidades el
estándar de calidad de 80 microgramos de dióxido de azufre por metro cúbico al
día, según un análisis realizado por Convoca con las cifras de monitoreo de Doe
Run, entre julio y la primera semana de setiembre (ver infografía).
El
IGAC fue aprobado sin que se exija a la empresa que cumpla con el
estándar de calidad de aire para las partículas
finas PM 2.5 a pesar de su efecto nocivo en las vías respiratorias, el
cual se encuentra vigente desde enero del 2014, un año y medio antes de la
aprobación de este documento. El Minem respondió que solo se consideró el
monitoreo de estas partículas porque el plan de adecuación se ha centrado en el
dióxido de azufre.
Pero el
instrumento de gestión ambiental tampoco fue aprobado con informes de salud
actualizados y un estudio de factibilidad con información detallada para el
"modelamiento de dispersión atmosférica", que permite evaluar la
magnitud del impacto de las emisiones en el aire. En el levantamiento de
observaciones del IGAC, el Minem señala que la empresa presentó un
"estudio de prefactibilidad" que "no describe escenarios reales
de la propuesta de adecuación a los ECA de aire" y absuelve esta
observación con la promesa de que la compañía cumplirá esta exigencia en el
futuro.
Con estos
antecedentes y los puntos críticos de este nuevo instrumento ambiental sobre la
mesa, la junta de acreedores del complejo metalúrgico de La Oroya, que desde el
viernes 18 preside la abogada Rosario Patiño, asesora del Minem, deberá
encontrar una salida para hacer viable la venta de la
principal fundición de metales del país sin postergar la protección de
la salud de los pobladores de esta golpeada ciudad.
Nueva
chimenea y potencial impacto
Si bien en
el expediente aparece un estudio de factibilidad técnico del IGAC, los
ingenieros ambientales consultados por Convoca resaltaron por lo menos una docena de observaciones en este documento, entre las
que figuran la falta de estudios de costo sustentados por cada proyecto, la ausencia de la firma del especialista responsable de la
consultora CGT Company que elaboró el estudio y la omisión de
evaluaciones topográficas y de riesgos para la construcción de la nueva
chimenea que liberará los gases de la fundición en el cerro
Sumi.
Cerca de
este cerro se ubican el centro poblado Norman King, La
Oroya Antigua, las comunidades ganaderas Huari y Huaynacancha, así como
el centro poblado Marcavalle, que serían
afectados por la nueva chimenea. Ex autoridades de Huari confirmaron este
potencial daño. Además, la descarga de emisiones de dióxido de azufre en este
cerro fue calificada como la opción menos efectiva por la importante consultora
canadiense RWDI en los 90, cuando el Minem debía
aprobar el programa de adecuación ambiental a Doe Run debido a que mantenía
altas concentraciones de dióxido de azufre en un radio
de "9 kilómetros a la redonda".
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