Las falacias del neoextractivismo
http://servindi.org/actualidad/69320?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+Servindi+%28Servicio+de+Informaci%C3%B3n+Indigena%29
Imagen:
Ecoportal.net
Por Martha Moncada
Falacias
son argumentos falsos pero muy sutiles
2 de agosto, 2012.- El potencial minero del Ecuador
otorga al país la posibilidad de convertirse en un importante abastecedor de
varios de los minerales que requiere el desarrollo industrial de las más ricas
economías del planeta y cubrir algunos de los rubros de la demanda interna de
minerales. La posibilidad de aprovechar este potencial ha dado paso al
surgimiento de posiciones antagónicas dentro del país. Por un lado, el
gobierno, sectores empresariales y población urbana y rural diversa, respaldan
la tesis de explotar la riqueza minera del país como un medio para disponer de
los ingresos que permitan superar la pobreza, expandir la cobertura de atención
de servicios y corregir las asimetrías sociales y económicas existentes. Por
otro lado, los pueblos y nacionalidades indígenas, sus organizaciones, sectores
ambientalistas, así como población asentada en ciudades y en el campo, han
manifestado su rechazo a la minería a gran escala por sus impactos sobre la
naturaleza y por los efectos adversos sobre la continuidad histórica de pueblos
indígenas que viven en territorios que podrían verse abruptamente modificados
por la minería. Quienes se oponen a la explotación minera a gran escala
cuestionan, adicionalmente, que la consecución del desarrollo suponga atravesar
una única vía; por el contrario, afirman la existencia de concepciones
culturalmente diversas que no necesariamente implican iguales condiciones de
vida que aquellas que rigen en el occidente.
Estos
últimos argumentos, lejos de ser incorporados como parte de una reflexión seria
o de propiciar un debate democrático y transparente, han sido motivo de
menosprecio y descalificación por parte de las autoridades gubernamentales
quienes finalmente, y aún violentando
disposiciones constitucionales expresas como la consulta previa informada,
transparente y “de buena fe”, han impuesto el inicio de actividades extractivas
de gran escala bajo la premisa de alcanzar el “bienestar colectivo”. Frente
a esta imposición, merece la pena develar algunas de las afirmaciones en las
que el gobierno ha sustentado su decisión.
Primera falacia: “Los ingresos económicos producto de la minería permitirán superar la
pobreza y actuarán como un motor para el crecimiento económico”.
Esta
afirmación es uno de los argumentos al que con mayor frecuencia recurren los
promotores del neoextractivismo en el ánimo de legitimar el impulso de la
minería y contener la conflictividad y la oposición de sectores sociales que
advierten los impactos negativos de las actividades extractivas. El papel más
activo del Estado que caracteriza al actual extractivismo posiblemente
permitirá la obtención de mayores ingresos y la puesta en marcha de políticas
redistributivas orientadas a cerrar las brechas de pobreza y las injusticias
sociales que enfrentan los países poseedores de reservas minerales. No
obstante, es una verdad a medias.
En los
mayores ingresos que supuestamente podrían percibir nuestras economías no se contabiliza la pérdida de
biodiversidad, el deterioro de ecosistemas y de los servicios y funciones
ambientales que prestan, la eventual desestructuración de culturas ancestrales,
ni los recursos económicos que será necesario destinar para descontaminar el
agua y la tierra. En la medida en que no se ha realizado un balance
objetivo que de cuenta de los activos y pasivos que provocarán las nuevas
explotaciones extractivas, la afirmación sobre mayores ingresos debe al menos
relativizarse.
La
obtención de mayores ingresos como sinónimo de riqueza otorga a esta última una
noción una acepción únicamente crematística, sin considerar que riqueza es
también el patrimonio natural y cultural que poseemos, la mayoría sin valor
económico en el mercado, a la vez que “naturaliza” el proceso de desarrollo
seguido por las economías industriales y desconoce que existen otras vías y
formas de vida para relacionarnos con el entorno. Por otro lado, desconoce o
minimiza el hecho de que los sectores extractivos intensifican las presiones
ambientales y profundizan las inequidades, pues, las perspectivas de
crecimiento económico son limitadas por la capacidad de carga del ecosistema.
Esta mirada parcial –más ingresos como condición para superar las dificultades
actuales- eclipsa, finalmente, un análisis más riguroso sobre el estilo de
desarrollo y el alcance y contenido del “buen vivir”.
Segunda falacia: “La incursión en actividades extractivas generará nuevos y numerosos
empleos”.
Es probable
que en las primeras fases de explotación de un nuevo proyecto extractivo sea
necesaria la contratación de un número significativo de trabajadores, sobre
todo para las labores de remoción de la cubierta vegetal, apertura de vías,
construcción de facilidades, instalación de maquinaria, etc. El empleo temporal
requerido para estas actividades disminuirá significativamente una vez que el
proyecto extractivo entre en operación. En esta fase, el funcionamiento de
maquinaria y equipo, supervisado por técnicos especializados generalmente
provenientes de los países de origen de la empresa extractiva, sustituye la mano
de obra local.
De acuerdo
a estimaciones, una mina genera 0,9
empleos por hectárea, mientras que una arrocera produce 6 empleos por hectárea.
A la luz de esta realidad, la promesa de generación de empleo resulta por tanto
también una verdad a medias y tergiversa lo que ha sido la contribución de los
proyectos extractivos en materia de generación de empleo.
Tercera falacia: “Los impactos ambientales que generarán las actividades mineras pueden
ser revertidos”.
Este
argumento magnifica las bondades de la tecnología para reparar los daños
ocasionados a la naturaleza y desconoce que, aún existiendo los recursos
económicos suficientes, existen daños que son irreversibles. Frente a la
complejidad de la naturaleza, más aún en zonas de megadiversidad como las que
serán afectadas por las actividades extractivas, una postura ajena al
antropocentrismo y al optimismo en el progreso tecnológico debería apelar, al
menos, al principio de precaución debido a la incertidumbre respecto a la
magnitud e intensidad de los impactos que se ocasionarán sobre un bosque
tropical y sus cuencas hidrográficas. No existen suficientes experiencias en el
mundo como para valorar las implicaciones de ejecutar minería en medio de un área de concentración de valiosa
biodiversidad como lo pretende hacer Ecuador al
inaugurar la minería a cielo abierto.
La minería
a cielo abierto supone la remoción de inmensas cantidades de tierra por cada
gramo de mineral lo que es posible gracias a procesos químicos altamente
demandantes de agua y la utilización de elementos de alta nocividad como el
cianuro y el mercurio. Se calcula que, en el caso de la
minería de metales, por cada tonelada de mineral crudo extraído se requieren
entre 636 y 7.123
litros de agua y que para los minerales no
metálicos, este requerimiento fluctúa entre 136 y 4.532 litros de agua
por cada tonelada extraída (Delgado 2011).
La ilusión
respecto a la reversión de los impactos ambientales generados por la minería
regulaciones débiles y un control ambiental insuficiente
Cuarta falacia: “El horizonte de largo plazo es el post-extractivismo”.
Las economías atadas a la
exportación de materias primas han demostrado una escasa posibilidad de
diversificar su matriz productiva y reactivar la producción para el mercado
interno. Más aún en
un escenario como el actual, caracterizado por una demanda creciente de
materias primas para mantener en funcionamiento a las economías
industrializadas, es probable que el aumento de los precios y el mejoramiento
relativo de los términos de intercambio, experimentado en las últimas décadas,
se traduzca en una progresiva reprimarización de la economía.
En estas condiciones resulta
ilusorio pensar que países como Ecuador abandonarán el neoextractivismo que
actualmente impulsan. Lo más probable es que esta nueva estrategia resulte tan
adictiva como lo ha sido el petróleo desde hace 40 años atrás. La “trampa de la
especialización”
como lo denomina la economía ecológica o la “maldición de la abundancia” en
palabras de Alberto Acosta, poco han abonado en la diversificación de la matriz
productiva o en un mayor dinamismo para fortalecer la producción orientada al
mercado interno.
La historia
de nuestros países ha demostrado que la dependencia de bienes primarios, una
vez agotado el mercado del producto “estrella” –por la competencia del mismo
producto proveniente de otros países, por la saturación de la demanda, por
medidas proteccionistas o por la disminución de la productividad y de los
volúmenes producción a raíz del deterioro de las condiciones de producción (como sucedió en Ecuador con
el cacao o más recientemente con el camarón afectado por la denominada “mancha
blanca”)-, en lugar de promover la diversificación económica, lo que
hace es presionar por la explotación de un nuevo producto apetecido por los
mercados internacionales y mantener la inserción
subordinada de nuestros países a la economía mundial.
Quinta falacia. “Quienes se oponen a la minería no presentan opciones”.
El actual
énfasis concedido a la minería y que, según sus promotores, luego permitiría
transitar a una economía post-extractiva, desconoce o minimiza, finalmente, que
las potencialidades del país no se circunscriben al sector extractivo; que
existen alternativas que pueden desarrollarse hoy como la agricultura y dentro
de este sector, ciertos nichos especializados como la agricultura orgánica que
experimenta una demanda creciente; el turismo responsablemente gestionado; la
propia industria, con énfasis en la incorporación de valor agregado a la
producción primaria generada en el país y aún la realización de actividades
mineras en un esfuerzo político consistente orientado a no atentar contra las
bases de lo que podría ser una nueva economía, un modelo post-extractivo
profundamente respetuoso de los derechos de la Naturaleza y el buen
vivir de la población.
Este
planteamiento contrariamente a bloquear el debate o negar toda forma de extractivismo, se sustenta en la necesidad de
estimular una discusión amplia, transparente y democrática respecto a las áreas
que podría destinar un país para la realización de actividades mineras (dónde
hacerlo), el tipo de asociaciones que deberíamos buscar (con quién hacerlo),
los parámetros técnicos, ambientales y laborales que deberían caracterizar la
ejecución de actividades extractivas (cómo hacerlo) y sobre todo, el destino de
los procesos extractivos (para qué hacerlo), en la perspectiva de acordar no
solo la distribución y el destino de la renta minera, sino también el sentido
mismo de la explotación de minerales.
No deberían
tener igual ponderación las actividades orientadas a la extracción de minerales
que pueden redundar en el bienestar de los seres humanos, que aquellas cuya finalidad es alimentar a la
industria armamentista o las que persiguen satisfacer los apetitos insaciables
de la acumulación. El primer caso puede de justificar el daño a la
naturaleza bajo determinadas condiciones; la extracción minera para propósitos
armamentistas o para acumulación no pueden de ninguna manera socavar las bases
para iniciar una transición hacia un “extractivismo indispensable” como lo
proponen varios pensadores de la región (Gudynas 2009 y 2011, Escobar 2012).
Bibliografía
consultada
Acosta,
Alberto. La maldición de la abundancia. Swiss Aid, Comité Ecuménico de
Proyectos. Abya Ayala. Quito, 2009.
Delgado R.,
Gian Carlo. Bienes comunes, metabolismo social y el futuro común de la
humanidad: un análisis Norte-Sur. Fundación Rosa Luxemburgo. Documento temático
de la conferencia sobre los bienes comunes en Roma. Roma, 2011.
Escobar,
Arturo. ¿Transformaciones y/o transiciones? Post-extractivismo y pluriverso.
En: América Latina en Movimiento. No. 473. Agencia Latinoamericana de
Información –ALAI-. 2012. Pp.14-17
Gudynas,
Eduardo. Diez tesis urgentes sobre el nuevo extractivismo. Contextos y demandas
bajo el progresismo sudamericano actual. En: Extractivismo, Política y
Sociedad. Varios autores. Centro Andino de Acción Popular (CAAP) y Centro
Latinoamericano de Ecología Social (CLAES). Quito, 2009.
Gudynas,
Eduardo. Más allá del nuevo extractivismo: transiciones sostenibles y alternativas
al desarrollo. En: El desarrollo en cuestión. Reflexiones desde América Latina.
F. Wanderley, ed. Oxfam y CIDES UMSA. La
Paz , 2011. pp.379- 410.
—-
Fuente: Ecuachaski: http://ecuachaski.blogspot.com/
